Había expectación por lo que iba a ocurrir con el desalojo de la toma “Los Calicheros”, asentamiento informal ubicado en la comuna de Quilpué y que se encuentra instalado desde 2021 en terrenos pertenecientes a la familia del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en una operación de sicariato, precisamente instruida por un individuo que fue denunciado por ocupar ilegalmente dichos terrenos. En esta toma existían más de 140 viviendas informales, de modo que el alto número de personas que allí residían abría la posibilidad de que fuese un proceso complejo de llevar a cabo, sobre todo por la resistencia de los pobladores a dejar sus viviendas.

Finalmente el procedimiento -ordenado por los tribunales de justicia- comenzó a llevarse a cabo a partir de ayer, el cual hasta aquí en general se ha podido realizar de manera pacífica. A ello contribuyó el hecho de que un importante número de pobladores optó por dejar voluntariamente las viviendas en la antesala del desalojo, y solo algunos insistían en permanecer allí. El plan de la autoridad no es solo desocupar estos terrenos, sino además demoler todas las instalaciones.

Se trata sin duda de un paso importante, tomando en cuenta las enormes dificultades que hubo para concretar este desalojo. Desde luego para ello tuvieron que transcurrir cinco años, donde la propia Corte de Apelaciones de Valparaíso había instruido recientemente a la Seremi de Vivienda que cumpliera con la resolución exenta que el propio organismo había dictado en junio de 2021, en que ordenaba paralizar las construcciones en dichos terrenos y proceder a su demolición. Los públicos reparos que expresó la familia Correa, denunciando la inacción del Estado, también fueron determinantes para visibilizar el abuso que se estaba cometiendo y de este modo agilizar el proceso de desalojo.

La restitución de estos terrenos no solo permite a la familia empezar a cerrar un proceso muy traumático, sino que desde el punto de vista institucional permite también comenzar a restablecer el estado de derecho, el cual se ve gravemente vulnerado cuando se desconocen los derechos de propiedad y la acción reparatoria del Estado tarda años. Ahora que fue posible constatar que sí fue posible llevar a cabo un desalojo masivo, la interrogante que surge es si la autoridad tendrá la misma disposición respecto de los más de mil terrenos que siguen tomados en distintas partes del país, dentro de los cuales hay más de 50 que tienen pendiente una orden judicial de desalojo.

Ciertamente una importantísima prueba de fuego será lo que ocurra con la megatoma de la comuna de San Antonio, donde más de 10 mil personas ocupan ilegalmente un predio, y cuyo desalojo hasta la fecha ha sido dilatado, pese a que desde marzo de 2024 existe una orden a firme de los tribunales para proceder a su ejecución. Los propietarios y las autoridades buscaron durante los últimos meses una fórmula que permitiera a los pobladores adquirir los terrenos, pero al no tener éxito los dueños reactivaron la orden judicial para desalojar, y por lo tanto la pregunta es cuándo se va a ejecutar.

La autoridad sigue resistiéndose a esta idea, pero es claro que si continúan las dilaciones la señal que se dará al país será muy negativa, porque precisamente pone en entredicho la capacidad del propio Estado para hacer cumplir la ley, enviando además una señal muy equívoca a los usurpadores.