Con la condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado y liderar una organización armada entre otros cargos, se pone fin al llamado “proceso del siglo” en Brasil, iniciado en noviembre de 2024. Si bien el exmandatario presentará un recurso de reconsideración ante el pleno del Supremo Tribunal Federal de Brasil luego de que la sentencia sea publicada, ello solo podría cambiar -de ser exitoso para la defensa- la extensión de la pena, pero no su condición de culpable de los delitos por los que fue condenado. Por ello, en el ámbito judicial el caso Bolsonaro está virtualmente cerrado, no así en el campo político, donde la sentencia tiene y seguirá teniendo una serie de repercusiones, considerando además que se trata del líder de un importante sector del país.

La justicia brasileña dio un paso importante al investigar y condenar con severidad, a la luz de las evidencias entregadas, al exmandatario y a otras siete personas. El intento de subversión del orden constitucional y la tentativa de derrocar a un gobierno elegido por la ciudadanía son acciones inaceptables para cualquier sistema democrático y la institucionalidad brasileña respondió con claridad, tomando en cuenta que se trata del primer expresidente condenado por un intento de golpe. Y si bien entre los cinco jueces que vieron la causa hubo un voto disidente, que puso en cuestión la competencia de ese máximo tribunal, por tratarse de hechos producidos después de que Bolsonaro dejara la Presidencia -lo que, según él, debería ser visto por la justicia de primera instancia antes de llegar al máximo tribunal-, el hecho es que la sentencia contó con una clara mayoría.

Pese a lo anterior, la condena al ex jefe de Estado se encuentra lejos de sellar el tema a nivel político y, probablemente, solo aumentará el clima de polarización que vive ese país, a un año de las próximas elecciones presidenciales. Bolsonaro es el principal líder de un amplio grupo de la sociedad brasileña; en las elecciones de 2022 más de 58 millones de brasileños apoyaron al entonces mandatario -solo dos millones menos que los que respaldaron al actual Presidente Lula da Silva- y antes de la sentencia los sondeos para los comicios del próximo año adelantaban un escenario similar. Una encuesta de agosto pasado, por ejemplo, daba un 45% de respaldo a Bolsonaro y un 44% a Lula. Además, otro estudio mostraba que un 48% esperaba que el expresidente fuera condenado y un 46% decía que era víctima de una persecución política.

Por ello, si bien Bolsonaro no podrá ser candidato -algo que abrirá la disputa por el liderazgo de su sector, con el actual gobernador de Sao Paulo en la delantera-, su situación estará en el centro del debate. Esto no solo porque en el plano internacional este juicio llevó a que el Presidente de Estados Unidos aplicara un arancel de 50% a Brasil -por considerar que la acusación contra Bolsonaro era parte de una “caza de brujas”-, sino también porque una eventual amnistía o indulto será uno de los temas centrales de la próxima disputa electoral. Además, sus partidarios ya han salido a cuestionar el fallo, alimentando la desconfianza en todo el aparato institucional.

Por ahora la justicia supo responder con claridad al desafío impuesto; queda por ver si el resto de la institucionalidad será capaz de manejar adecuadamente la creciente polarización que afecta al país.