Desde que este medio dio a conocer el antecedente de que la madre de la ministra de Salud fue priorizada para una cirugía de cadera en el Hospital El Salvador -existiendo indicios de que ello podría haber respondido a una decisión administrativa, y no clínica-, la secretaria de Estado tardó una semana en dar su versión de los hechos. Ello a pesar del revuelo político que se había generado en torno al caso, no solo por la posibilidad de que fruto de influencias indebidas se hubiese producido una desigualdad de trato -tomando en cuenta que había otras personas esperando una atención por el mismo tipo de lesiones-, sino porque según se conoció posteriormente, un paciente en condición grave que estaba a la espera de pabellón tuvo que ser reprogramado, falleciendo días después.

Los cuestionamientos llegaron a tal punto que la Contraloría envió un requerimiento al Hospital El Salvador, en tanto que algunos parlamentarios de oposición anunciaron una posible acusación constitucional, mientras que otros solicitaron al Ministerio Público la apertura de una indagación por presunto tráfico de influencias; en el oficialismo también se hizo evidente la incomodidad con la situación de la ministra, donde distintas voces reprocharon su silencio y cuestionaron la posible desigualdad de trato.

La dirección del Hospital El Salvador negó cualquier irregularidad en el procedimiento, indicando que únicamente se tuvieron a la vista criterios técnicos atendida la edad y condición de salud de la mujer -negando además que la muerte de un paciente se debiera a la postergación del pabellón-, versión que el viernes fue refrendada por la ministra de Salud, negando de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia que recibió su madre, desestimando además la posibilidad de presentar su renuncia.

Sin perjuicio de que el propio hospital anunció una auditoría clínica a fin de brindar el máximo de transparencia respecto de las causas que llevaron al fallecimiento de uno de los pacientes, resulta inevitable no reparar en la liviandad con que La Moneda y la propia ministra de Salud han manejado este caso, permitiendo que se amplificara hasta niveles inauditos. Desde luego, no se entiende el prolongado silencio de la secretaria de Estado, quien a pesar de estar gozando de unos días libres debió comprender la importancia de que ella misma -dada la gravedad de las acusaciones formuladas- aclarara prontamente los hechos, más aún si según su versión no había nada irregular. A su vez, insólitamente La Moneda consintió este silencio de la ministra, desligando en los hechos la vocería en el hospital, todo ello a pesar de que el núcleo de los cuestionamientos apunta a posibles privilegios indebidos, un aspecto que se supone para esta administración resulta especialmente sensible, pero que al no actuar proactivamente dejó a la vista una total incoherencia.

Sorprende que a estas alturas La Moneda siga mostrando tal nivel de impericia para manejar comunicacionalmente aquellos casos en que aparecen involucrados funcionarios de gobierno -el errático manejo de la denuncia por violación que recayó sobre el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve y el irreparable daño político que conllevó debió haber sido suficientemente aleccionador-, creyendo erróneamente que por dejar de referirse a un caso este va a desaparecer de la escena pública, subestimando a la ciudadanía.