El tono del discurso de un gobierno nunca es inocuo. Define no sólo su relación con los distintos actores políticos sino también repercute en el conjunto de la sociedad. El éxito de la gestión política no sólo la define la capacidad para impulsar la propia agenda a través de una habilidad negociadora, sino que, en forma importante, por la narrativa que guía el actuar de la autoridad. El actual gobierno se ha visto enfrentado desde su llegada a La Moneda a ese dilema, cómo encontrar el tono adecuado para justificar sus acciones y contener a su vez las expectativas en un escenario desafiante, tanto a nivel local, como a escala global. La polémica desatada por el concepto de “estado en quiebra” es el último y más evidente ejemplo de los riesgos de cruzar esa frágil línea, pero está lejos de ser el único que ha marcado estas primeras semanas de gobierno.

Las expectativas de un cambio de gobierno habían despertado desde mediados del año pasado un clima favorable. Sondeos como el del Centro de Estudios Públicos daba cuenta en octubre pasado que quienes confiaban que la situación económica mejoraría prácticamente se había duplicado desde abril de 2025, pasando de 16% a 29%, mientras que quienes consideraban que empeoraría cayó a 15%. Esa tendencia no sólo se mantuvo, sino que se intensificó tras los comicios de diciembre pasado, según constataron otros sondeos de opinión. Un estudio de la Universidad Diego Portales, por ejemplo, realizado en enero pasado, mostró que el sentimiento que predominaba entre los consultados ante el gobierno de José Antonio Kast era “esperanza” y un 60% estimaba que el país mejoraría frente a un 21% que consideraba lo contrario.

El alza del precio del cobre, la baja de la inflación y las mejores proyecciones de crecimiento contribuyeron, a principios de año, a generar ese mejor ánimo de cara al cambio de gobierno. Es cierto que desde entonces el escenario mundial experimentó un rápido deterioro a causa del inicio del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, ello no quita que el desafío de gobernar conlleva saber responder adecuadamente ante acontecimientos imprevistos, como el que estamos enfrentando. Un proceso donde no sólo es clave tomar medidas, cosa que las nuevas autoridades han hecho, sino también tener una narrativa que le permita manejar las consecuencias políticas que esas acciones tendrán. El tono de ese discurso repercute no sólo en el ánimo de la población y en la valoración que haga del gobierno, sino también en la de los distintos actores económicos.

La estrechez fiscal heredada de las anteriores autoridades es una realidad, advertida en forma reiterada por organismos independientes como el Consejo Fiscal Autónomo. La economía chilena ya no cuenta con reservas suficientes ni margen para hacer frente a imprevistos, como sí ocurrió durante la crisis financiera de fines de la primera década del siglo, o incluso en el periodo del estallido social y la pandemia. El déficit estructural llega a un 3,6% del PIB, el nivel más alto para un periodo sin crisis. Paralelamente el nivel de deuda pública supera el 40% y el país ha asumido compromisos de gastos que generan una fuerte presión fiscal. Pero ante esa realidad, el desafío del gobierno no es sólo demostrar capacidad de gestión y responsabilidad, sino acompañar todo ello con una narrativa que ofrezca un horizonte de esperanza y no conspire contra el objetivo buscado.

Insistir en la fragilidad fiscal del país influye inevitablemente en las percepciones de los actores económicos y puede tener consecuencias inesperadas. Una narrativa centrada sólo en contener los costos políticos internos, como la de responsabilizar a las pasadas autoridades de la estrechez fiscal en que se encuentra el país para justificar las medidas adoptadas frente al actual escenario, puede ser efectiva para atenuar la caída de la popularidad del gobierno, pero entrega una preocupante señal hacia el exterior sobre la solidez fiscal del país. Es lo que sucedió con el término “Estado en quiebra”, rápidamente corregido por el titular de Hacienda que dejó claro que él prefería hablar de una “situación fiscal deteriorada”. En el ámbito económico el concepto “quiebra” implica consecuencias muy concretas y Chile está lejos de esa situación.

Pero al margen de esa polémica, el relato impulsado por el gobierno en sus primeras semanas de gestión en lugar de alimentar la esperanza ha acrecentado la sensación de pesimismo y diluido en parte las expectativas favorables que primaban hasta hace algunas semanas. El objetivo no es negar la realidad, pero sí crear una narrativa que no sólo ofrezca un horizonte de esperanza a la población, sino que favorezca un clima de confianza para atraer capital. El gobierno está tomando medidas positivas en ese ámbito, como corregir la excesiva permisología, ayudando así a agilizar los proyectos de inversión, como también avanzar en una reforma tributaria que mejorará nuestra competitividad en ese ámbito, pero su discurso político puede acabar conspirando contra sus efectos. Por eso es importante que el mensaje encuentre un adecuado equilibrio entre la gestión política para limitar los costos de las medidas adoptadas y una necesaria cuota de optimismo.