Enorme impacto ha generado el informe que acaba de dar a conocer la Contraloría General de la República, en cuyo Consolidado de Información Circularizada reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios del sector público viajaron fuera del país mientras gozaban de licencia médica. Los hallazgos son muy decidores. Así, por ejemplo, los titulares de estas licencias entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades durante su período de reposo; los viajes se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre, en tanto que 125 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas o salidas. Incluso se detectó el caso de un funcionario de salud que se otorgó a sí mismo una licencia.

Son numerosas las instituciones públicas que registran casos de este tipo, pero las que lideran son la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280 licencias), Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719). La Contraloría ha instruido la apertura de sumarios -también el propio gobierno- y ha enviado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, mientras que parlamentarios de oposición anunciaron acciones judiciales.

Aun cuando algunos casos pueden corresponder a situaciones particulares, como por ejemplo tratamientos médicos en el exterior, dado el volumen de casos, el período en que estos se concentran y que el 25% de los permisos se concentre en 13 servicios, sugiere que se ha descubierto una suerte de modus operandi muy enquistado, destinado a defraudar con recursos públicos mediante el uso de licencias médicas. Los antecedentes deben entonces analizarse bajo el prisma de previsibles casos de corrupción, y en tal sentido es encomiable que la Contraloría haya llevado a cabo esta investigación.

Los hechos están revelando no solo preocupantes prácticas de mal uso de recursos públicos, sino que además dejan al descubierto laxos o inexistentes mecanismos de control. En particular, de las más de 35 mil licencias emitidas, el 69% corresponde a Fonasa, y el porcentaje restante a Isapres, lo que lleva a preguntarse cómo ha sido posible que, partiendo por el propio prestador público, no se haya podido detectar semejante defraudación. De igual modo, es evidente que a nivel municipal también hay serios problemas de control.

La modernización del Estado es un objetivo en el que todos los sectores han coincidido. El informe de la Contraloría ha puesto de relieve lo lejos que estamos de contar con sistemas eficientes que eviten defraudaciones de esta envergadura en este y otros planos, y dan cuenta de cómo los casos de irregularidades en el Estado se multiplican cada vez más, donde la institucionalidad parece verse sobrepasada, pero a la vez reabren el debate sobre la necesidad de revisar en profundidad las normas sobre otorgamiento de licencias médicas, cuyo volumen viene creciendo año a año sin que ello aparezca justificado. En el caso del sector público, un análisis llevado a cabo por la Dirección de Presupuestos (diciembre 2024) sobre el ausentismo laboral en el ámbito estatal reveló que en este -incluyendo municipalidades- se tramitan alrededor de 3,1 licencias por cotizante, mientras que en el privado alcanza a 1,3, lo que se traduce en que el ausentismo alcanzara a 31,8 días en 2023, a todas luces un exceso.

Frente a los antecedentes conocidos, se hace indispensable investigaciones perentorias, transparentes y exhaustivas, donde sería inconcebible que las responsabilidades por estos casos se diluyan como ha ocurrido en tantas otras oportunidades.