El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió por mayoría de votos que el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue está inhabilitado para ser candidato a diputado por el distrito 9, tal como lo pretendía él y el Partido Comunista, en tanto que igual determinación adoptó respecto de la senadora por el Partido Demócratas Ximena Rincón, al resolver que ya había desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos, no pudiendo postular en esta oportunidad a un tercer mandato.

El caso de Jadue es el que ha traído mayor atención, por las implicancias políticas que representa el revés que ha experimentado. La propia figura del exalcalde se jugaba mucho en esta candidatura, porque era una forma de buscar una reivindicación ante lo que él alega como una persecución por parte de la Fiscalía, considerando que en el marco del llamado Caso Farmacias Jadue ha sido imputado de graves delitos, por los cuales ha sido objeto de medidas cautelares especialmente intensas, como la prisión preventiva y luego el arresto domiciliario total, hasta la fecha.

Su caso también ha abierto un flanco jurídico sobre los razonamientos que tuvo a la vista el Tricel para inhabilitar su candidatura, en particular la forma como debe interpretarse el art 16 no. 2 de la Constitución, según el cual el derecho a sufragio se suspende por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. A juicio de la mayoría del Tricel el tenor de las normas son claras, en cuanto a que basta con la acusación formulada por la Fiscalía para dar por acreditado los supuestos fijados por la Constitución, y de hecho tal acusación ya tuvo lugar en agosto pasado.

Los votos de minoría del fallo del Tricel han hecho ver que en atención a la protección que debe gozar el derecho fundamental al sufragio no basta con la sola presentación de una acusación por parte de un órgano administrativo como la Fiscalía, sino que requiere de un examen judicial más amplio que no se ha verificado.

Ciertamente el alcance de la figura de la “acusación” ha sido por estos días objeto de debate entre juristas, y de cara a posibles casos en el futuro es válido analizar si estas normas requerirían de mayores precisiones, como por ejemplo si basta o no la sola acusación de la Fiscalía, o deberían también incluirse otras consideraciones, por ejemplo si se han dictado medidas cautelares y su intensidad, algo que en el caso de Jadue sí ha ocurrido y que le da solvencia a la acusación.

Pero más allá de estas consideraciones es inevitable preguntarse por qué razón la candidatura de Jadue terminó ventilándose en el Tricel, ante lo cual resulta evidente que si el exalcalde estuviera con su situación judicial resuelta este debate seguramente no tendría lugar. Lo cierto es que esto debe servir para relevar los desajustes que se producen por los extensos tiempos que puede llegar a tomar la Fiscalía para concretar sus investigaciones. El llamado Caso Farmacias está bajo investigación desde hace más de cuatro años, por lo que su lentitud ha terminado por hacer coincidir la situación judicial de Jadue con un nuevo ciclo electoral. Hay otros casos emblemáticos que siguen inexplicablemente pendientes desde hace largo tiempo y que también tocan a figuras políticas. Además de que juicios que se eternizan atentan contra un elemental sentido de justicia, es evidente que a la vez encierra el riesgo de producir trastornos en la institucionalidad.