La convocatoria a elecciones anticipadas, anunciada la semana pasada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es su última apuesta para intentar mantenerse en el cargo, que detenta desde 2018. El mandatario justificó la decisión en el rechazo por parte de las Cortes de dos decretos con los que respondió al descontento ciudadano por el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había sido desalojada del departamento que ocupó durante décadas, debido a la imposibilidad de cubrir el alza del arriendo fijado por los nuevos propietarios del inmueble. El hecho motivó intensas movilizaciones y protestas ante las cuales Sánchez propuso suspender los desalojos de personas vulnerables hasta 2030, prorrogar los arriendos por dos años y restringir la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión.

Las normas de carácter claramente populistas y que no abordaban el fondo del problema fueron rechazadas en el Congreso con los votos del PP, Vox y Junts, e incluso en el caso de uno de los dos decretos por el PNV y la Coalición Canaria, partidos que han sustentado el apoyo parlamentario del gobierno. El hecho gatilló nuevas protestas y le dio a Sánchez la ocasión ideal para convocar a elecciones y alzarse como el defensor de los derechos de arrendatarios como Maricarmen, cuya muerte la semana pasada podría acabar reforzando en forma trágica su apuesta política. Acosado por casos judiciales contra miembros de su círculo más estrecho, y cuestionado por su manejo en el caso de Ceuta, Sánchez vio en la crisis de la vivienda su mejor oportunidad para lograr un buen resultado electoral.

El escenario para obtener la reelección, sin embargo, no parece fácil. Si bien es cierto, como dijo Sánchez en el anuncio de la convocatoria a elecciones, que la economía española viene creciendo sobre la media europea, a su vez enfrenta un alto desempleo y su apoyo ciudadano ha caído fuertemente por los casos de corrupción y por un estilo de gobierno personalista que ha debilitado institucionalmente al país. Su ex ministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado en junio pasado a 24 años de cárcel por cohecho y malversación de fondos públicos, en tanto que su esposa Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y apropiación indebida. Ello sin contar el caso de su hermano David Sánchez, quien fue condenado en julio por prevaricación administrativa.

A lo anterior se suma la severa crisis de la vivienda, de la cual, si bien el presidente del gobierno busca desligarse, es también uno de sus principales responsables, considerando que lleva casi una década en el poder. La situación en el sector se ha agravado por el déficit de oferta, la lentitud de los permisos y la fuerte alza de los alquileres. Hasta ahora los sondeos adelantan un triunfo del PP, con más del 30%, seguido del PSOE -que perdería casi 20 escaños- y Vox, que duplicaría su votación, cifras que forzarían al PP a pactar con la derecha dura para formar gobierno. Sin embargo, a un mes y medio de los comicios es difícil adelantar un resultado. Si bien todo apunta a un giro en el poder, Sánchez ha mostrado una extraordinaria capacidad de sobrevivencia política que sus adversarios no pueden subestimar.