Las últimas cifras reportadas en materia de empleo confirman que el país vive una verdadera emergencia en materia laboral, donde probablemente el dato que mejor lo ilustra es que en un año móvil apenas se crearon 141 puestos de trabajo, el peor resultado desde el trimestre febrero-abril de 2021. La tasa de desocupación para el trimestre abril-junio se ubicó en 8,9% -la cual no fue mayor producto de que cayó levemente la tasa de participación laboral-, implicando que más de 900 mil personas están en busca de empleo y no lo han podido encontrar. La falta de oportunidades laborales está afectando sobre todo a las mujeres, cuya tasa de desocupación ya se ubica en 9,9%.

Desde el año 2023 que el desempleo se ha ubicado sobre el 8% -en el caso de las mujeres, desde comienzos del año pasado la tasa se ha empinado ininterrumpidamente por sobre el 9%-, de modo que registros de esta magnitud -que son más propios de una crisis económica o de eventos extraordinarios, como ocurrió con la pandemia o el terremoto de 2010- no pueden considerase meramente coyunturales, sino que sugieren aspectos de orden más estructural. Al comparar con estándares internacionales, queda claro que Chile definitivamente no lo está haciendo bien en materia de empleo. A nivel global, nuestra economía figura en el puesto 24 entre los países con mayor desempleo, mientras que al interior de la OCDE Chile aparece como el tercer país con mayor tasa de desempleo -superado por Finlandia y España-, una realidad muy diferente de lo que ocurría hace una década, cuando la economía chilena estaba entre las diez con menor tasa de desempleo.

Es sorprendente que cuando la economía prácticamente no está creando empleos y los niveles de desocupación se han instalado persistentemente por sobre el 8%, no esté en marcha un plan a gran escala para recuperar el empleo en forma urgente, considerando los graves efectos sociales que una situación como esta conlleva; por el contrario, las autoridades una y otra vez han buscado bajarle el perfil a esta crisis -incluso el ministro del Trabajo señaló que su cartera “no es solamente el ministerio del empleo”-, defendiendo supuestos logros que la realidad se ha encargado de desmentir. Baste considerar que cuando esta administración asumió, los niveles de desempleo se ubicaban en torno al 7%.

Es inevitable preguntarse por las razones que han llevado a este acentuado deterioro de nuestro mercado laboral, particularmente porque si no se toman medidas correctivas a tiempo existe un alto riesgo de que el desempleo se profundice y la tasa de equilibrio se ancle en un 8%, lo que claramente sería muy dañino para el país.

La falta de crecimiento económico sin duda ha sido una variable crítica para explicar la menor creación de empleo. Es difícil imaginar que este cuadro pueda ser revertido con tasas de crecimiento tan exiguas y cuando aún siguen presentes tantas trabas para la inversión, que es la fuente más relevante para efectos de generar puestos de trabajo de calidad. Aunque la variable del crecimiento fue minimizada por sectores de esta administración, ahora es posible apreciar el costo que tiene para la sociedad dejar de crecer y descansar en que la falta de ingresos sea suplida por ayudas del Estado. Una vez más se comprueba que la mejor política pública que puede tener un país es justamente activar el crecimiento económico.

Otra dimensión está relacionada con el fuerte aumento de los costos laborales, algo que debe examinarse con especial atención, porque claramente ello constituye un desincentivo para la contratación. El gobierno se ha encargado de resaltar como grandes conquistas sociales la agenda laboral que ha impulsado en estos años; allí se cuenta la disminución de la jornada laboral a 40 horas -medida que se ha comenzado a implementar de manera gradual-, o el aumento del salario mínimo a $529 mil. También ha anunciado que pretende impulsar un proyecto de negociación ramal.

En estas iniciativas -y en otras que se discuten en el Congreso- solo se han tenido en cuenta sus bondades, pretendiendo que sus impactos son inocuos para el mercado laboral. La realidad parece estar poco a poco demostrando lo contrario, y cuando menos se esperaría que la emergencia que estamos viviendo en materia de empleo llevara a tomar mayor conciencia sobre la necesidad de ser mucho más responsables en la forma de legislar, lo que exige alejarse de los simplismos o de las fórmulas populistas.

Por lo demás, el aumento de los costos laborales había sido relevado por el propio Banco Central; ya en el IPoM de diciembre de 2024 el instituto emisor puso énfasis en el aumento del salario mínimo y en el impacto de los costos laborales en la inflación.

Es un hecho que la recuperación de nuestro mercado laboral debería ser una tarea prioritaria en el quehacer del gobierno, y aunque esta administración ya parece haber renunciado a ello, al menos es alentador comprobar que las principales candidaturas presidenciales comparten el diagnóstico de que es imprescindible revertir el estancamiento en que ha caído la economía y promover una activa recuperación del empleo, tal como se pudo apreciar en el debate que esta semana organizó La Tercera y la Sofofa (“Volver a crecer: shock de inversión, shock de optimismo”), donde los candidatos formularon una serie de propuestas en estos ámbitos.

Los costos de seguir retrasando una acción urgente en materia de empleo son muy duros para la sociedad, especialmente para los segmentos de trabajadores jóvenes y menos capacitados -cuya posibilidad de conseguir un trabajo se retrasa cada vez más-, como también para las mujeres, lo que recuerda la importancia de acelerar el proyecto de sala cuna universal, que lleva años tramitándose. Ciertamente llama la atención que este no sea un tema que la propia ciudadanía esté levantando con especial fuerza -como por ejemplo ocurre con la delincuencia, o la salud, considerando que la falta de empleo golpea directamente a los hogares-, o que la propia política no lo haya levantado antes como una de sus principales banderas. La campaña presidencial que se avecina debería ser la oportunidad para relevarlo, donde el gobierno, pero en particular la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, deberán hacerse cargo del legado que han dejado en materia laboral. Después de todo, Jara fue ministra del Trabajo, siendo un hecho que bajo su gestión se deterioró el empleo femenino y que a ella le correspondió liderar iniciativas que encarecieron la contratación.