El comercio formal chileno enfrenta una creciente asimetría competitiva frente a la expansión de los denominados “malls chinos”, un fenómeno que combina prácticas formales e informales dentro de un mismo espacio y que ha adquirido presencia en prácticamente todas las regiones del país. Según un reciente informe de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), estos recintos operan bajo un modelo de “formalidad parcial” que pone en tensión la viabilidad del comercio establecido y la efectividad del marco regulatorio.

El estudio -basado en observación directa de 62 recintos comerciales- reflejó que solo el 38,7% de los locales presenta patente visible, mientras que uno de cada dos no la exhibe, y en un 11% de los casos no fue posible verificar su existencia. Asimismo, aunque un 76% muestra el RUT, este no siempre coincide con la razón social o con la patente municipal correspondiente, lo que dificulta la trazabilidad tributaria.

La investigación también identificó una alta presencia de productos falsificados o de procedencia incierta en el 45% de los locales, particularmente en categorías como perfumería, alimentos, artículos de limpieza y cosméticos. En estos rubros se detectaron deficiencias en certificaciones sanitarias y rotulación en español. Por ejemplo, solo el 35,8% de los artículos electrónicos observados contaba con exigencias mínimas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles -en materia de seguridad y trazabilidad- y apenas el 52% de los alimentos presentaba resolución sanitaria.

Por su parte, a nivel de cumplimiento tributario, el 85,5% de las compras efectuadas con efectivo derivó en boleta, pero en muchos casos manual y sin validación electrónica.

La expansión del comercio informal es un llamado de alerta a los hacedores de políticas públicas. Su existencia no solo reduce la competitividad del comercio formal, sino que también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. En un país donde el cumplimiento normativo ha sido históricamente un pilar del desarrollo, el surgimiento de espacios que operan al margen de las reglas vigentes exige respuestas institucionales firmes y coordinadas.

El desafío no radica únicamente en la persecución o clausura de los recintos informales, sino en la construcción de un entorno regulatorio coherente, donde las normas sean aplicables de manera uniforme y la fiscalización sea acuciosa para todos. Es importante avanzar en fortalecer la coordinación entre municipios, el SII, Sernac, Aduanas y las autoridades sanitarias, junto con promover campañas de educación al consumidor sobre los riesgos asociados a productos sin certificación.

Es una lástima, que mientras autoridades ponen todos sus esfuerzos en hacer cumplir la normativa al comercio formal, se multiplican los establecimientos que incumplen en parte o la totalidad de las exigencias legales, sin ser sujetos de la debida fiscalización o sanción. La persecución activa del comercio informal es una condición básica para garantizar tanto la seguridad del consumidor como la integridad del sistema económico.