A comienzos de febrero se cumplirán dos años desde que tuvieron lugar los devastadores incendios que afectaron sobre todo a localidades de la comuna de Viña del Mar -también Quilpué y Villa Alemana-, dejando un saldo de 137 fallecidos y 4.300 viviendas destruidas. A pesar del tiempo transcurrido, la reconstrucción ha avanzado muy lentamente, siendo un blanco de críticas permanentes, no solo de los propios vecinos, sino también desde el propio mundo político.

Fue desde luego un tema que se tomó la reciente campaña electoral, donde incluso la candidata oficialista criticó duramente la gestión del Ministerio de la Vivienda. El propio Presidente de la República, en una visita que realizó a la zona afectada hace unos días, pese a que destacó una serie de avances en materia de entrega de subsidios y construcción de viviendas, tuvo que admitir que “sin lugar a dudas nos hubiese gustado que esto fuera más rápido”.

La lentitud en la reconstrucción fue un problema diagnosticado hace tiempo. En enero del año pasado el propio ministro de la Vivienda señalaba que el proceso de reconstrucción ha sido “objetivamente” lento, en tanto que por las mismas fechas la entonces ministra del Interior planteó que “como gobierno no estamos conformes con lo alcanzado hasta ahora”.

Lo desconcertante es que, no obstante este diagnóstico ampliamente compartido, el gobierno fue incapaz de articular soluciones que permitieran revertirlo a tiempo. A pesar de que tempranamente se nombró un comité de ministros y ministras para la reconstrucción, que la vocera de gobierno fue designada como “enlace” -como una forma de agilizar soluciones- y que se designó a un gerente a cargo del proceso, nada de eso hizo la diferencia. La vocera dejó ese rol al cabo de un par de meses, en tanto que el gerente técnico renunció en diciembre pasado para asumir otras funciones dentro del Estado.

De acuerdo con lo que ha indicado el propio gobierno, a la fecha el avance total de la reconstrucción ronda el 45%, cifra que claramente no puede considerarse satisfactoria. Es un hecho que parte de las zonas donde tiene que reconstruirse presenta características geográficas complejas, y que ha habido dificultades para regularizar títulos de dominio. Pero tratándose de una tragedia sin precedentes, que conmocionó al país y que entonces motivó una serie de compromisos para asegurar que las familias afectadas tendrían lo más pronto posible una solución habitacional, resulta injustificable que tal promesa no se haya cumplido, lo que no solo denota graves problemas de gestión, sino también una indolencia del Estado frente a la tragedia que afecta a estas familias.

El Estado ya tuvo que hacerse cargo de un gigantesco proceso de reconstrucción tras el terremoto de 2010, lo que se logró de manera exitosa bajo el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, cuando en su período se entregaron del orden de 200 mil soluciones habitacionales. Es inexplicable que esas capacidades no se hayan aprovechado en esta catástrofe, incluso desestimando alternativas de viviendas que empresas constructoras ofrecieron en su momento a la autoridad. Pese a este lamentable balance, ninguna autoridad ha asumido su responsabilidad por esta promesa incumplida, la cual inevitablemente quedará como uno de los legados más negativos de esta administración.