La sala de la Cámara de Diputados aprobó en general este miércoles la reforma al sistema político, por 99 votos a favor, 22 en contra y ocho abstenciones. De esta manera, la iniciativa volverá al Senado a tercer trámite.

Hasta el cierre de esta edición, estaba pendiente la votación en la Cámara Alta y el gobierno, incluso, estaba evaluando solicitar una sesión extraordinaria en los próximos días en caso de que no pudiera discutirse este miércoles.

Sin embargo, al menos en la Cámara varias indicaciones fueron sometidas a votación particular, algunas de ellas a petición del diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, hoy en disolución. Éstas fueron consideradas por el parlamentario como “peligrosas” y finalmente prosperaron.

“Lo más malo es que va en la dirección contraria de lo que se supone que es nuestro gobierno, que debiera poner el acento en la participación de la ciudadanía, en la apertura de la democracia, en ampliar los espacios. Tal como fue un proyecto de ley que presentamos en conjunto con el entonces diputado Gabriel Boric en el año 2021, está firmado por Camila Vallejo, que hablaba de ampliar, que permitía que pudieran participar aquí las diversidades, los pueblos originarios, los adultos mayores, las mujeres”, criticó Hirsch.

La iniciativa establece que en lugar el 0,25% del total de votos emitidos, los partidos deben reunir 0,3% del padrón en al menos 8 regiones para constituirse.

También había una enmienda que permitía la fusión de colectividades que no alcanzaron el umbral en la última elección, un punto que fue duramente criticado por parlamentarios oficialistas como el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien consideró que esta indicación es “un traje a la medida” para partidos como Evópoli y Demócratas.

Esta disposición, no obstante, fue rechazada cuando se sometió a votación particular, 46 votos a favor, 60 en contra y 22 abstenciones.

En ese resultado incidió el voto en contra no solo de socialistas, también de la UDI, RN, la DC y el Frente Amplio, que inesperadamente le quitaron el piso a la norma, postura que molestó a los promotores de esta indicación como la diputada Joanna Pérez (Demócratas).

El Ejecutivo, que propuso una indicación similar, buscaba también hacerse cargo de esa inquietud de los partidos en disolución, con la propuesta “excepcionalísima” de que estos pueden fusionarse con otros que hayan obtenido el 5% de la votación a nivel nacional siempre y cuando tengan un parlamentario electo en los últimos comicios. La única diferencia de la propuesta gubernamental, que no prosperó, era habilitar la fusión de partidos en disolución con las tiendas que hubieran elegido cuatro parlamentarios en los últimos comicios, no solo “que tuvieran” cuatro legisladores (ello implicaba contabilizar a senadores electos en 2022).

El proyecto también aborda el financiamiento público para los partidos.

Lobos explicó que ello se traduce en que “no podrán acceder a financiamiento público aquellos partidos que no tienen representación parlamentaria, asimismo cuando un parlamentario se va a no ser todo un partido no puede llevarse el financiamiento, digamos, al partido que lo recibe, sino que se mantiene íntegramente en el de origen".

“También se complementó eso con el tema de las asignaciones parlamentarias en las modificaciones a la ley orgánica, efectivamente, si un parlamentario o parlamentaria se cambia de comité, el financiamiento correspondiente a ese comité se mantiene en el comité de origen”, añadió la ministra.

Por otra parte, establece que en los estatutos de la colectividad se debe condenar “a los sistemas totalitarios, al uso de la violencia, el propugnarla o incitar a ella como método de acción política”, así como “los actos de corrupción y reafirmar su compromiso con la probidad y la transparencia en la actividad política”.

Adicionalmente, la iniciativa eleva a rango legal los comités parlamentarios, lo que les otorga un mayor sustento a los jefes de bancada para tener el control de sus diputados.

Finalmente eleva las restricciones para la presentación de candidaturas independientes.