Los recientes dichos del jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina en el marco de una entrevista, donde sostuvo que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y que su país debía mantener presencia en el área porque constituye una “llave bioceánica Atlántico-Pacífico”, motivaron una oportuna nota de protesta de la Cancillería chilena, en la cual se recordó que la soberanía chilena se extiende sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes, conforme lo establecido en los tratados suscritos por ambos países. La cancillería argentina emitió una declaración en la cual señaló que la posición oficial del país es la establecida por los tratados de 1881 y 1984. Posteriormente, el ministro de Defensa trasandino se comunicó con su par chileno, señalando que los dichos del militar se debieron a una “confusión y desprolijidad”, y que no está en discusión que el estrecho es chileno.

Parece evidente que hay una voluntad de ambos gobiernos por no escalar este incidente, lo que si bien resulta razonable, ello no debe hacer perder de vista que hay sectores dentro de Argentina que han sostenido visiones que relativizan o desconocen la soberanía chilena sobre dichos territorios, lo que por cierto es un motivo de constante preocupación para nuestra política exterior. Así, hace solo unos meses un contraalmirante y jefe de Hidrología Naval planteó que la “boca de Magallanes es argentina”, lo que también motivó una protesta del gobierno chileno. Pero sin duda el hecho más grave tuvo lugar bajo la administración de Alberto Fernández, quien en 2021 aprobó una nueva directiva de la política de defensa nacional, en la cual expresamente se indica que resulta fundamental continuar fortaleciendo la “exploración, estudio y control conjunto sobre el estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces”. El gobierno chileno también expresó su rechazo a dichos contenidos, los que evidentemente no podrían ser atribuidos simplemente a un mero desliz, sino a una visión desde el Estado.

Es un hecho que las declaraciones que han generado tensiones entre ambos países por la zona del extremo sur han provenido de funcionarios argentinos, y no parece observarse demasiada celeridad para cerrar definitivamente este capítulo. Así, ninguno ha sido sancionado hasta aquí por sus exabruptos, y si bien el gobierno del Presidente Javier Milei reconoció que las formulaciones contenidas en la política de defensa constituyen un error, asumiendo el compromiso de que ello será corregido en la elaboración de un proyecto de directiva de política de defensa nacional, ello todavía no sucede. Es claro que mientras este aspecto no se corrija, seguirá siendo fuente de desconfianza.

Chile ha hecho bien en denunciar a tiempo cada una de estas actuaciones que han puesto en entredicho sus derechos soberanos, porque de ninguna manera se podrían consentir precedentes que relativicen los tratados suscritos y que validen nociones como la “soberanía compartida”.

Argentina debe dar pasos más concretos para alejar cualquier atisbo de desconfianza y así neutralizar a núcleos nacionalistas que insisten en visiones que complican la relación bilateral. Hay una enorme agenda de integración entre ambos países -por de pronto en el plano de la infraestructura y también en la integración energética, además de potenciar las oportunidades comerciales-, que no debería ser distraída por este tipo de incidentes.