El Senado de la Universidad de Chile, en una sesión que estuvo marcada por fuertes tensiones internas, aprobó una de las fórmulas propuestas para materializar la triestamentalidad en los Consejos de Facultad. En estos -cuya misión es definir las políticas de desarrollo académico e institucional, y aprobar planes estratégicos- ya participan funcionarios no académicos y alumnos, pero con derecho a voz, y ahora tendrán además derecho a voto. Conforme la fórmula aprobada, estos dos grupos tendrán cada uno un peso de 12,5%; el 50% queda en académicos que integran los consejos por derecho propio, mientras que el otro 25% corresponderá a académicos electos.

Se trata de una reforma que comenzó a debatirse desde 2014, y fue introducida en los estatutos de la universidad en la propuesta que el plantel formuló en 2023 al Presidente de la República, pero restaba por establecer los porcentajes. El proceso, lejos de haber zanjado esta materia, ha abierto en cambio importantes fisuras dentro de la propia universidad. Desde luego, hay voces que han señalado el importante avance que este paso implica en materia de democratización en las instancias de la universidad y de enriquecer la toma de decisiones.

Pero a la par también han surgido voces especialmente críticas, por de pronto que han hecho ver que esta triestamentalidad pudo ser aprobada por la vía de resquicios, como lo planteó el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, quien en entrevista con este medio señaló que “no ha respetado las normas jurídicas de la universidad, y tiene una connotación, en muchas de las propuestas y medidas que se han tomado, de resquicio legal, de un cierto oportunismo para torcer la ley para que, sin condiciones de transparencia, de deliberación, de igualdad en el debate, se llegue a un resultado que se busca a todo evento”. Denuncia que se quiere imponer un sistema centralizado y hay una negativa de aceptar la autonomía de las facultades.

Como parte de los resquicios, el decano cuestiona que el gobierno haya consentido en decidir el gobierno de las universidades, de los Consejos de Facultad, teniendo como base la ley de reajuste al sector público de 2023, en uno de cuyos artículos se facultó al Presidente de la República para realizar los ajustes necesarios en virtud de las propuestas de cambios estatutarios remitidas por las universidades del Estado.

Ciertamente resulta cuestionable la práctica de que a través de leyes misceláneas se terminen considerando materias de alta sensibilidad y que nada tienen que ver con sus ideas matrices, pero atendiendo al fondo de este polémica es evidente que el paso que ha dado la Universidad de Chile resulta además altamente controversial, pues al darle a los alumnos poder para incidir directamente en las decisiones al interior de las facultades, se están entregando responsabilidades similares a las de académicos y otras autoridades, colocando en un mismo plano a quienes no tienen ni la trayectoria ni la experiencia suficiente.

La misión esencial de una institución de educación superior es asegurar ante todo estándares académicos de excelencia, lo que requiere de altas competencias y cuya conducción debe estar en manos de los académicos. Hay riesgos de que con esta decisión se estén dando los primeros pasos para avanzar en el futuro hacia modelos de cogobierno, y ello debe ser una señal de alerta, porque siendo la Universidad de Chile la principal institución pública, es previsible que otros planteles del Estado busquen seguir por caminos similares.