Se acumulan en el Congreso -particularmente en la Cámara de Diputados- un conjunto de proyectos cuya motivación en la mayoría de los casos no solo parece responder a un evidente ánimo electoralista o a una distorsionada manera de buscar congraciarse con la ciudadanía, sino que además en algunos casos se pasa a llevar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República contemplada por la Constitución en determinadas materias.

Hay desde luego una pulsión por establecer nuevos permisos laborales, ya sea por el cumpleaños del trabajador, la muerte de una mascota o animal de compañía, el fallecimiento de los suegros, menstruación dolorosa o acompañamiento a hijos deportistas, entre otros casos. Por estos días una diputada independiente-PPD ha presentado un proyecto de ley con el fin de declarar feriado el 17 de septiembre de este año, y así establecer un feriado de Fiestas Patrias que se extendería por cinco días. La patrocinante asegura que con ello se lograrían importantes efectos para el turismo y la generación de empleos temporales.

Un reciente dictamen de la Contraloría, conforme al cual el pase escolar no puede utilizarse para fines personales o recreacionales, rápidamente motivó la presentación de dos mociones para permitir el uso “incondicional”, “permanente” e “ilimitado” de esta credencial de transporte público. También se presentó una iniciativa para darle nuevas atribuciones a la Cámara, tal que pueda obligar al mandatario a renegociar los contratos eléctricos, para así disminuir las cuentas de la luz. A todo este conjunto de iniciativas se suman otras mucho más complejas, como el proyecto que busca restringir el uso de la Unidad de Fomento, o establecer los autopréstamos previsionales, que previsiblemente serán reactivados aprovechando el clima electoral, sin descartar que también pueda ocurrir lo mismo con los retiros.

Desde luego algunas de estas iniciativas podrían recibir algún tipo de atención, pero resulta evidente que los parlamentarios no están haciendo ningún examen de pertinencia o factibilidad, sino que simplemente muchas veces se dejan llevar por la búsqueda del oportunismo. No hay por de pronto ningún análisis de lo que implicaría para el mercado laboral si todos o la mayoría de los días libres propuestos terminaran siendo aprobados, como tampoco los efectos para la economía de seguir expandiendo irresponsablemente los feriados. Mucho menos parece importar si hay iniciativas que implican gasto público o si invaden atribuciones del Ejecutivo.

Este tipo de prácticas populistas ciertamente dañan la imagen del Congreso y generan negativos efectos para el país, siendo inexplicable que los propios parlamentarios degraden su rol y no asuman ninguna responsabilidad por ello.

El oportunismo electoral que esto conlleva tampoco puede ser pasado por alto, pues quienes aprovechan la época de campaña para lanzar o reactivar iniciativas “populares” en el fondo están haciendo una campaña encubierta para su propio provecho, valiéndose para ello del aparato público, lo cual desde luego resulta muy desigual para quienes buscan desafiarlos electoralmente. Los partidos y los propios parlamentarios deben examinar la forma de poner límites a estas prácticas, donde por ejemplo cabría examinar si en años electorales los parlamentarios que van a la reelección deberían abstenerse de presentar proyectos, a menos que se trate de materias esenciales para el buen funcionamiento del país.