En la Cámara de Diputadas y Diputados avanzan dos proyectos de ley cuyas repercusiones para la economía en general y para el mercado laboral en particular ya se adelantan especialmente complejas. Por una parte, la Comisión de Economía debate una iniciativa proveniente de mociones refundidas que busca restringir la aplicación de la Unidad de Fomento (UF) en una serie de contratos de servicios, particularmente en lo relativo a arriendos, salud, educación y dividendos. Por su parte, la Comisión de Trabajo aprobó en general un proyecto que busca terminar con el tope de 11 años en materia de indemnización por años de servicio.

Resulta ciertamente sorprendente que iniciativas de esta naturaleza se estén abriendo paso, a pesar de que el Ejecutivo no las ha patrocinado y las voces técnicas que han formulado múltiples y fundados reparos a estos proyectos se multiplican. Fue por de pronto el propio ministro de Hacienda quien, exponiendo ante la Comisión de Economía, señaló que terminar con la UF como unidad de valor reajustable sería “un terremoto para el crédito hipotecario”.

Los promotores de este proyecto buscan supuestamente aliviar a los consumidores, argumentando entre otras razones que los sueldos se pagan en pesos, y que la presión inflacionaria ha repercutido en los contratos en UF, pues su reajuste diario encarece el costo de la vida. El Ministerio de Hacienda entregó razones de peso para salir al paso, recordando, por ejemplo, que las entidades financieras, al dejar de contar con la UF, tendrían mayores dificultades para gestionar el riesgo financiero, afectando las condiciones de financiamiento ofrecidas a los consumidores, produciendo tasas de interés más altas, condiciones de financiamiento más estrictas o un aumento de la oferta de créditos con tasa variable, además de un previsible desincentivo para la inversión inmobiliaria. Todo ello sin perjuicio de que se podría generar un traslado de riesgos inflacionarios de oferentes a consumidores mediante otros mecanismos de reajustabilidad, pudiendo incrementar las asimetrías de información. Otros organismos, como el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero, también han formulado advertencias en un sentido similar.

En el caso de terminar con el tope de años para la indemnización, su efecto previsible es que elevaría sustantivamente los costos del despido en determinados segmentos, considerando que Chile ya exhibe la indemnización por años de servicio más alta de la OCDE. Se trata de un paso que va en la dirección opuesta de lo que ha recomendado la propia OCDE, todo lo cual no hace sino desincentivar la contratación formal, y desde luego perjudicaría sobre todo a los trabajadores que llevan menos tiempo en sus empleos. Aumentar los costos laborales justo cuando tenemos una tasa de desocupación que bordea el 9% en el país equivale a un disparo en los pies.

Resulta muy preocupante que proyectos de corte populista y que dañan a la economía y a los propios trabajadores estén siendo presentados como importantes conquistas sociales. Se esperaría que el propio Presidente de la República saliera al paso de estas iniciativas -considerando que sus patrocinantes son parlamentarios oficialistas-, porque van en contra de los objetivos que ha declarado el propio gobierno en cuanto a promover el crecimiento y el empleo, creando un ambiente de incertidumbre muy dañino.