El paso que acaba de dar el Congreso al despachar a ley un conjunto de reformas al sistema político -referidas a elevar los requisitos para constituir partidos políticos; reforzar el rol de los comités parlamentarios, para desincentivar el discolaje, y condicionar la entrega de recursos a que el partido tenga representación parlamentaria, entre otras disposiciones- podría ser criticado debido a lo acotado de su alcance y por dejar fuera una serie de materias. Con todo, cabe valorarlo porque al menos constituye un avance concreto en lo que respecta a contener la proliferación de partidos, y porque era también importante que las actuales fuerzas políticas dieran una señal de estar dispuestas a empezar a abordar los problemas que arrastra nuestro sistema político, lo que afecta directamente la calidad de nuestra democracia.

Diversas voces han alertado acerca de la excesiva fragmentación partidaria, la gobernabilidad y también acerca del problema que reviste la escasa representatividad con que son electos muchos parlamentarios, en algunos casos con votaciones inferiores al 5%. Para abordar estos problemas en el Congreso se han presentado diversas mociones, como también un proyecto de ley que ingresó el gobierno anterior en 2025 (“Ley Elizalde”), que es sobre el cual se acaba de alcanzar un consenso, restando el examen que obligatoriamente debe llevar a cabo el Tribunal Constitucional.

Los cambios introducidos establecen que para efectos de constituir partidos políticos se elimina el requisito de poder constituirse en tres regiones contiguas, estableciendo que deberán hacerlo a lo menos en ocho; asimismo, se aumenta el número de militantes requeridos, pues del 0,25% de quienes votaron en la última elección de diputados, se eleva al 0,3% del padrón total en dichas regiones, lo que claramente es una condición mucho más exigente dada la condición obligatoria del voto. La ley establece un plazo de 18 meses para cumplir con este requisito, y su sentido es que los partidos representen a grandes corrientes de opinión y no sean meras fachadas bajo las cuales se escondan “pymes electorales”.

Actualmente el Servel registra 15 partidos constituidos, que en conjunto agrupan a más de 455 mil militantes. Pese a que producto del voto obligatorio varias colectividades quedaron bajo los umbrales requeridos para seguir existiendo como partidos, su actual número sigue siendo elevado, lo que justifica abordar otras reformas, como el proyecto presentado por un grupo de senadores, que entre otros aspectos establece un umbral de 4% para acceder a representación parlamentaria.

Es también valioso que la reforma haya establecido que en su declaración de principios los partidos deberán expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario, al uso de la violencia, propugnarla o incitarla como método de acción política. Resulta ilustrativo que algunas fuerzas buscaron oponerse a ello, como es el caso del Partido Comunista, lo que revela que sigue habiendo agrupaciones que ven en la violencia política un vehículo válido para lograr sus objetivos.

Pese a lo importante de este primer paso, el riesgo es que los actuales partidos decidan conformarse con esta reforma y no seguir avanzando en otros cambios de fondo, como los umbrales o desincentivar la elección de parlamentarios con escasa votación.