El Programa de Educación Superior Regional (ESR), fue concebido como una política pública destinada a fortalecer las funciones misionales de vinculación con el medio y extensión universitaria en territorios donde históricamente han existido brechas de desarrollo y de acceso equitativo a las oportunidades de formación y cultura. Su creación, inicialmente dirigida a las universidades que integran la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), y posteriormente ampliada a los Centros de Formación Técnica Estatales, respondió a la necesidad de compensar asimetrías estructurales que enfrentan las instituciones cuya rectoría se encuentra fuera de la Región Metropolitana.

El Fondo ESR ha permitido, mediante la asignación de $12.440 millones en el año 2025, impulsar una diversidad de proyectos con alto valor público y territorial, en ámbitos tan diversos como la educación, la salud comunitaria, la economía campesina, el desarrollo juvenil, las artes y la cultura. Estas iniciativas han contribuido a la formación integral del estudiantado y también a consolidar el rol de las universidades como agentes de desarrollo sostenible, cohesión social y fortalecimiento de la identidad regional. En definitiva, el programa se ha constituido en una herramienta efectiva de democratización del conocimiento y de consolidación de la Educación Superior como bien público.

En este contexto, la reciente publicación del “Informe de Evaluación de 20 Programas Públicos” elaborado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), ha generado legítima preocupación. El documento califica al Programa ESR como de “mal desempeño”, lo que ha derivado en la exclusión de su financiamiento en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2026. Esta decisión resulta particularmente inquietante, toda vez que el informe concentra su análisis en los CFT Estatales, dejando en segundo plano la experiencia y los resultados alcanzados por las universidades regionales, que constituyen el eje central de la iniciativa.

De acuerdo con la propia evaluación de DIPRES, las debilidades del programa se relacionan principalmente con aspectos administrativos y de gestión dependientes de la Subsecretaría de Educación Superior, tales como: la ausencia de una definición precisa del problema público, la falta de indicadores y mecanismos de evaluación sistemáticos, o la insuficiente aplicación de acciones correctivas. En consecuencia, los cuestionamientos apuntan a deficiencias de diseño y gobernanza institucional del programa, y no al desempeño de las universidades, las cuales han administrado los recursos con probidad, pertinencia territorial y compromiso social.

Desde la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) —que reúne a 22 instituciones públicas y privadas con vocación regional— sostenemos que la respuesta adecuada no puede ser la eliminación del Fondo ESR, sino su perfeccionamiento y fortalecimiento. Resulta imperativo corregir las falencias identificadas en los mecanismos de evaluación y administración, pero preservando la continuidad de una política que ha demostrado eficacia en su propósito de acercar la Educación Superior a las comunidades y territorios.

Suprimir este programa significaría debilitar la capacidad de acción territorial de las universidades regionales y, además, privar a las comunidades locales de iniciativas culturales, sociales y productivas que han contribuido a mejorar su calidad de vida y su acceso a oportunidades de desarrollo. Ello constituye una incoherencia con los principios de descentralización, equidad territorial y fortalecimiento de la educación pública que el propio Estado ha declarado como ejes estratégicos.

La paradoja es evidente: mientras las comunidades otorgan altos niveles de confianza y valoración a sus universidades regionales —como lo evidencian diversos estudios de opinión—, el Estado decide prescindir de un instrumento que precisamente ha consolidado ese vínculo de legitimidad social.

Por todo ello, mantener y fortalecer el Programa de Educación Superior Regional no debe ser una cuestión presupuestaria, sino una decisión de política pública con implicancias estructurales para la cohesión nacional. Apostar por el conocimiento con arraigo territorial, por la formación con sentido público y por la equidad interregional es apostar por un Chile más equilibrado, más justo y más consciente de su diversidad.

Luperfina Rojas Escobar, rectora de la Universidad de La Serena y Vicepresidenta de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR)