Las esquirlas del “Estudio de Mercado de la Educación Superior”, elaborado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), cuyo informe final se entregó a fines de enero de este año, aún no terminan de esparcirse entre universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica e instituciones reguladoras y fiscalizadoras del sistema terciario de educación del país. Este mercado mueve del orden de los 6.800 millones de dólares al año, con casi 1,3 millones de matriculados -55% en universidades- en más de cinco mil programas de pregrado.

En el escrito de 363 páginas, la FNE descubrió importantes “limitantes a la libre competencia”, las que -se asegura- provocan que la elección que realizan las personas al ingresar a la educación superior no siempre aumenta sus posibilidades de encontrar empleo, ni se traduce en una remuneración que sea superior a la que hubieran alcanzado en caso de no haber cursado una carrera.

De hecho, la FNE constató que el 35% de los cinco mil programas de pregrado que hoy se ofrecen tiene un retorno económico negativo, y que el porcentaje de personas que ingresa a este segmento de carreras alcanza al 40% de los estudiantes. Incluso, se advierte que dos de cada cinco personas declaran que su trabajo se relaciona parcialmente o poco o nada con sus estudios.

Para hacer frente a este problema, la FNE recomendó que las instituciones de educación superior den un vuelco en la transparencia de la información útil para que los estudiantes puedan tomar decisiones basadas en evidencia concreta respecto a la empleabilidad futura de la carrera a la que ingresarán; además de un seguimiento de las trayectorias laborales de los egresados, midiendo el grado de satisfacción de los egresados y su desenvolvimiento en el mercado laboral, poniendo esa información a disposición de todo público.

Así, el organismo que vela por la libre competencia, pretende empoderar a los alumnos y sus familias y sugiere introducir estos cambios de manera explícita en los criterios y estándares de acreditación de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

En el caso universitario, se señala que “no existen criterios (de acreditación) expresamente vinculados a la empleabilidad o la deserción”; y sobre el subsistema técnico-profesional, concluye que, si bien existen criterios expresos de empleabilidad, advierte deficiencias, como un seguimiento basado en indicadores.

Y el motivo por el cual estos cambios deberían realizarse mediante la modificación de los criterios y estándares de acreditación -sentencia la FNE- se deben a que “las instituciones de educación superior no cuentan con incentivos suficientes para competir en las dimensiones económicas que son relevantes para las personas, sobre todo en aquellas que son determinantes para su inserción en el mercado laboral”.

Los cambios que avizora la CNA

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA), institución encargada de la acreditación universitaria y técnico-profesional, ya comenzó un proceso de análisis del problema de la empleabilidad de la oferta formativa de la educación superior.

Recogiendo las recomendaciones de los pares evaluadores internacionales de la Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), la principal red internacional de agencias de aseguramiento de la calidad de la educación superior, la CNA conformó a fines del año pasado el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC-CNA) con una notable mayoría de representantes del mundo productivo, como la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), y a la espera de incorporar a las industrias minera y construcción.

Al respecto, Renato Bartet, secretario ejecutivo de la CNA, dice a LT Educa que “la conformación del COSOC-CNA responde a la creciente relevancia que ha cobrado el aseguramiento de la pertinencia de la formación que entregan las instituciones de educación superior”, agregando que la nueva instancia “acordó la elaboración de insumos que se encuentran en desarrollo para la creación de un plan de trabajo orientado a fortalecer el diálogo entre la educación superior y el mundo productivo, sobre aspectos específicos relacionados con la pertinencia de la formación, la empleabilidad, la vinculación entre las instituciones de educación superior y las empresas y la innovación, en concordancia con el carácter consultivo del Consejo, y que aporte la visión de diversos sectores de producción y empleo”.

Respecto de hacer foco en la empleabilidad de los egresados, Bartet afirma que “es esperable que exista cierto grado de desajuste derivado de los tiempos que transcurren entre el diseño de los planes de estudio y la entrada al mercado laboral de los graduados que los cursan”.

Por lo mismo, la autoridad ve con buenos ojos que existan prontas modificaciones a los criterios y estándares de acreditación para incorporar la empleabilidad de manera más expresa en la oferta educativa superior. “La ley faculta la actualización de los criterios y estándares cada cinco años, y el próximo ajuste entrará en vigencia en 2028. Eso abre la posibilidad de considerar en la actualización los distintos temas que han emergido en los últimos años como desafíos para la educación superior, tales como la inteligencia artificial, la empleabilidad y el subempleo. Es probable que los nuevos criterios incorporen, más que la empleabilidad -que hoy ya es considerada-, la forma en que las instituciones de educación superior comunican a sus postulantes las condiciones de empleabilidad de su oferta educativa, en línea con las recomendaciones que la Fiscalía Nacional Económica”, concluye Bartet.