A mediados de octubre participé en una visita a Alemania que incluyó recorridos por empresas como BMW, Bosch, KUKA y Porsche. La experiencia confirmó algo que pocas veces nos contamos: las compañías chilenas no tienen nada que envidiarles a estos gigantes internacionales en su gestión de innovación corporativa. Nuestros modelos de innovación, las estructuras de gestión y las lógicas de exploración y desarrollo están plenamente vigentes y alineadas con los estándares observados en países desarrollados.

Pero hay una diferencia estructural que vale la pena mirar con atención. En Alemania, el ecosistema funciona como tal, las universidades mantienen una interacción cotidiana con el sector productivo, comparten infraestructura, impulsan desarrollos tecnológicos conjuntos y operan con una visión integrada de país. En Chile, en cambio, esa relación sigue siendo excepcional. Y ahí aparece un desafío evidente. Si queremos avanzar hacia un desarrollo real, necesitamos a la academia mucho más conectada con el sector productivo.

Hoy, la forma en que operan las universidades, los incentivos que priorizan y parte de la regulación vigente actúan como anclas. La Ley de Transferencia Tecnológica impulsada por el Gobierno es un avance, pero insuficiente. Se requiere una transformación más profunda si aspiramos a competir con los países que ya entendieron que la innovación no es un lujo, sino un motor de crecimiento.

Otro punto clave es la inversión estatal sostenida. En Alemania, este esfuerzo se traduce en distritos tecnológicos consolidados, centros de escalamiento y una infraestructura universitaria de primer nivel. En Chile, la inversión en I+D llegó apenas a 0,41% del PIB en 2023, lejos del promedio OCDE (2,75%) e incluso por debajo de la meta planteada por la propia administración, 1% del PIB. Sin crecimiento económico sostenido y sin un compromiso público real, será difícil alcanzar estándares comparables.

En el momento que vive el país,, se vuelve indispensable contar con un plan robusto de ciencia, tecnología e innovación. El debate público aún no logra dimensionar el impacto económico que tendría una estrategia nacional de I+D, ni las oportunidades que podría abrir para fortalecer la economía local y generar empleo de calidad.

A esto se suma otra tarea pendiente, modernizar la regulación. Organismos como el SAG, ISP, DGA o la DGAC podrían actualizar criterios y normativas que hoy ralentizan procesos clave para innovar. La reciente Ley Marco de Permisos Sectoriales demuestra que, cuando existe voluntad política, los avances son posibles.

No es momento de quedarse atrás. Chile necesita un impulso decidido que permita que la innovación y el desarrollo tecnológico se conviertan, de una vez por todas, en motores del crecimiento, la competitividad y el bienestar del país.

Alan García, director ejecutivo de SOFOFA Hub