Tras el máximo alcanzado de inversión en venture capital (inversión de riesgo) en 2021 —cuando las startups locales levantaron más de US$1.000 millones—, el flujo de inversión se desaceleró en línea con el ciclo global. Aun así, Chile sigue figurando entre los ecosistemas más activos de la región, con montos anuales cercanos a los US$800 millones anuales. El problema no es la ausencia de capital, sino dónde se corta la cadena de financiamiento: cuando las startups dejan la etapa temprana y necesitan escalar, los recursos locales comienzan a escasear.

Ese diagnóstico es ampliamente compartido dentro del ecosistema. “La industria del venture capital ha crecido con fuerza en Chile en los últimos años, sin embargo, aún existen brechas relevantes en el acceso a financiamiento, especialmente en las etapas de expansión y escalamiento”, reconoce Javiera Petersen, subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Según explica, mientras el apoyo público ha sido clave para reducir barreras iniciales, “cuando las startups comienzan a escalar, los montos disponibles en el mercado local resultan insuficientes, lo que ha llevado a que muchas scaleups deban levantar capital en el extranjero”.

Es justamente en ese punto donde se inserta el proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE). La iniciativa, actualmente en tramitación en el Congreso, busca dotar al Estado de una nueva institucionalidad capaz de movilizar capital público y privado hacia inversión productiva, innovación y emprendimiento, con una lógica distinta a los instrumentos tradicionales de fomento. No se trata solo de entregar créditos o subsidios, sino de habilitar vehículos de inversión que permitan apalancar recursos de largo plazo. El proyecto está en su segundo trámite constitucional, a la espera de ser votado en general por la Sala del Senado, lo que podría ocurrir a inicios de enero de 2026 y así dejar más certezas de cara al nuevo gobierno que asume en marzo.

Desde el Ejecutivo indican que el proyecto se justifica como parte de una estrategia mayor. “Hoy, el desafío económico más grande que tenemos como país es recuperar el crecimiento de la productividad”, afirma Petersen. A su juicio, ese objetivo solo es posible si se impulsa de manera transversal el uso de nuevas tecnologías y la innovación, algo que —sostiene— “han hecho todos los países hoy desarrollados”. Bajo ese diagnóstico, la discusión legislativa se ha enfocado en fortalecer el diseño institucional del proyecto, más que en cuestionar su necesidad.

Rol operativo

La discusión también es seguida de cerca por la industria de venture capital. Para Cristián Velasco, CEO de WeBoost VC, el foco no está solo en la creación de una nueva agencia, sino en cómo se define su rol operativo. “El debate se ha centrado en el rol exacto de AFIDE, sus límites de riesgo fiscal, el gobierno corporativo y su eventual capacidad para invertir a través de fondos de fondos, evitando competir con privados”, señala.

Velasco plantea que, bien diseñada, AFIDE podría convertirse en un hito relevante para el ecosistema, aunque de una naturaleza distinta a experiencias anteriores como por ejemplo, Start-Up Chile, que –según indica el CEO de WeBoost VC– fue un hito de atracción de talento innovador global al país. “AFIDE podría transformarse en un hito estructural para la atracción de inversión global a Chile, como puerta de entrada a América Latina”, afirma. Para ello, agrega, el desafío es evolucionar “desde una lógica de banco de desarrollo centrado en deuda hacia una corporación de inversión, con foco en capital y movilización de financiamiento de largo plazo para innovación, emprendimiento y escalamiento”.

La pregunta clave es si ese diseño puede traducirse en más recursos efectivos para startups y scaleups chilenas. “Potencialmente sí”, responde Velasco, aunque introduce una advertencia. “El impacto dependerá menos de la ley en sí y más de su ejecución, de que tenga un mandato claro y una gestión de riesgos profesional”. A su juicio, sin esos elementos, el riesgo es crear una institucionalidad nueva con escasa capacidad real de mover el mercado.

Desde el Gobierno, la apuesta es que AFIDE opere precisamente como catalizador. Petersen menciona estimaciones que circulan en el debate legislativo, según las cuales un fondo de fondos del orden de US$150 a US$200 millones podría tener un efecto multiplicador significativo, movilizando capital privado y generando un impacto económico agregado superior a los US$2.000 millones. “AFIDE apunta precisamente a cerrar estas brechas, fortaleciendo el financiamiento en etapas de mayor escala y contribuyendo a un ecosistema más robusto, con mayor capacidad de generar empleo, innovación y crecimiento en el país”, sostiene.

¿Riesgo fiscal?

Sin embargo, no todos comparten ese optimismo. Desde una posición más crítica, el académico de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo, ha cuestionado la creación de AFIDE, advirtiendo sobre el riesgo de sumar una nueva empresa estatal con capacidad de inversión y endeudamiento. Acevedo plantea en una columna en PULSO, que el problema de fondo no sería la falta de nuevas agencias, sino la efectividad de las existentes, y alerta que AFIDE podría “aumentar el riesgo fiscal y aportar poco” si no se corrigen previamente las fallas de diseño y gobernanza del sistema actual.

Para Acevedo, el peligro está en confundir instrumentos con soluciones. Su crítica apunta a que ampliar la capacidad de inversión del Estado sin mecanismos claros de evaluación y control podría incrementar la exposición financiera, sin una relación directa con mejores resultados en innovación, productividad o crecimiento. “Como Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, si bien no nos pronunciamos sobre un proyecto de ley en particular, fuimos claros en señalar que, antes de seguir creando nuevas instituciones que generen más presión de gasto, en el contexto fiscal actual, se debe primero buscar mejorar lo que existe objetivando indicadores que orienten o inhiban la creación de nuevas instituciones”, dice el académico.

Velasco, desde el mundo del venture capital, coincide en que ese es el punto de fondo del debate. “Chile necesita separar la administración profesional del capital de Corfo de la ejecución de programas de fomento, distinguiendo claramente la gestión de capital de la implementación de políticas públicas”, afirma. A su juicio, esa separación es clave para evitar conflictos de rol y asegurar que los recursos se administren con criterios de inversión, más que de política contingente.

Con apoyos, matices y críticas, el proyecto AFIDE se ha instalado como una de las discusiones más relevantes para el futuro del financiamiento de startups en Chile. Si logra consolidarse, podría marcar una nueva etapa en la relación entre el Estado y la innovación en Chile.