El secretario de Estado entregará su testimonio en calidad de testigo, mientras que la congresista, como imputada. En medio de las diligencias que encabezarán los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar, también se incluye tomar declaración a la tía de Miguel Crispi, Verónica Serrano, por su rol como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios.
Desde la cárcel de Antofagasta, donde ya cumple dos meses en prisión preventiva, el exseremi de Vivienda en Antofagasta y protagonista en el lío de platas, se refirió al caso y los distintos actores, en entrevista con La Tercera.
La otrora autoridad de Vivienda en Antofagasta abordó las distintas aristas del caso que lo tiene en prisión preventiva desde hace dos meses.
En la colectividad encabezada por Diego Vela insisten en que no hay antecedentes nuevos respecto de la exsubsecretaria, quien esta semana ha vuelto a posicionarse en el foco de las críticas a raíz de los cuestionados convenios entre el Minvu y la fundación Democracia Viva.
De acuerdo con antecedentes, la concejala de Antofagasta ejercía como mano derecha del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras y habría tenido directa relación en la selección de las fundaciones que se vieron beneficiadas con contratos con el servicio.
La parlamentaria estuvo presente durante las principales exposiciones sobre el libelo acusatorio contra el titular de Vivienda. Sin embargo, se ausentó en el momento en que los diputados debieron emitir su juicio.
Además de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez (suspendida), hay otro grupo de adherentes de RD que figuran como personas de interés –algunos como imputados y otros como testigos- en la causa en que se indagan los negocios y redes de Democracia Viva. Tatiana Rojas, Miguel Crispi, Paz Fuica y Rodrigo Hernández, entre otros, componen un listado donde también podrían haber sanciones administrativas dentro del partido. Así fue como la tienda del exministrio Giorgio Jackson -una de las colectividades ancla del Frente Amplio- cierra su 2023 inmerso en una crisis política y judicial que aún está lejos de resolverse.
En un año marcado por la revelación de millonarios y poco controlados convenios entre algunas fundaciones y diversas instituciones del Estado, un estudio de Cadem da cuenta de que la polémica salpicó a buena parte de las organizaciones sin fines de lucro, las que, aun sin estar involucradas, vieron entorpecido su trabajo. Las mismas ONG así lo refrendan y detallan cómo les ha afectado esta situación.
"La honorable diputada (...) Catalina Pérez conocía de todos los ilícitos descritos tanto en la querella y presente ampliación de querella, por lo cual, esta parte además evalúa solicitar el desafuero de dicha honorable diputada, para efectos de perseguirla penalmente”, se lee en el documento.
Cecilia Millán La Rivera declaró ante la PDI sobre los motivos de este contrato ficticio, como también su militancia en el Frente Amplio. Desde el 2016 que está inscrita en Revolución Democrática, pero explicó que en 2020 renunció para unirse a "Convergencia Social para apoyar a Gabriel Boric durante su inscripción de candidatura. Una vez electo, volví a militar en RD". Expuso ante los detectives que fue contactada por Daniel Andrade solo para recibir la correspondencia de la ONG y recordó una visita que le hizo el ingeniero en septiembre del 2022, en compañía de su entonces pareja, la diputada Catalina Pérez. "Lo hice de buena fe como ayudas social y política", dijo.
El Ministerio Público indaga a la parlamentaria en calidad de imputada en el lío de platas y, por lo mismo, rastrea sus cuentas corrientes, teléfonos celulares y contactos. En los interrogatorios a testigos hay dos asesores del diputado RD Jaime Sáez que aseguran que la parlamentaria se enteró en noviembre de 2022 de los convenios de Democracia Viva con el Minvu. La PDI también puso en su radar a su jefa de gabinete, Romina Neumann. Revolución Democrática ya le soltó la mano.
El tribunal supremo de Revolución Democrática la suspendió hasta el 4 de julio del 2024, en una secreta audiencia que contó con denunciantes, testigos y defensas. La propia diputada estuvo esa noche del 18 de junio, donde escuchó una sentencia demoledora: "No adoptó oportunamente las medidas y acciones que permitieran mitigar el impacto de esta situación como lo requeriría el estándar ético esperable en atención a su cargo, experiencia y trayectoria en el Partido”.
A través de WhatsApp, el entonces presidente de Democracia Viva le ofreció a la concejala de Antofagasta la iniciativa que desencadenaría en el convenio entre la Seremi de Vivienda y la ONG. Además de eso, la también exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez compartió a Andrade una serie de contactos de militantes de Revolución Democrática para que trabajaran en los convenios. En los mensajes incluso se lee la celebración de Fuica por la posibilidad de acceder a trabajar en el Minvu. "Eh, eh, eh eh", festeja.
Desde que se inició el caso, a mediados de junio, desde el círculo de la diputada insistían en que no era sospechosa de ilegalidades y que su figura estaba sólo radicada en calidad de testigo. Sin embargo, a casi cinco meses del escándalo, a través de una petición al tribunal para acceder a sus teléfonos, los persecutores definieron su rótulo. Ahora, van por sus comunicaciones y contactos telefónicos.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
