"El Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente", señaló el organismo en un comunicado.
1 oct 2021 05:38 PM
"El Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente", señaló el organismo en un comunicado.
Luego de que Contraloría rechazara el decreto ingresado por el gobierno para facultar a las Fuerzas Armadas a colaborar en las operaciones de la Macrozona Sur, La Moneda prepara el camino para impugnar esta decisión. Se evalúa acudir al Tribunal Constitucional o reformular el documento.
Ejecutivo había enviado hoy mismo, jueves 30 de septiembre, el decreto con el que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco tras el fin del estado de excepción constitucional.
El ente contralor busca determinar, además, por qué se siguió adelante con la adjudicación de las obras de construcción de la etapa uno del Polideportivo San Gregorio, en La Granja, cuando se debió anular el contrato que beneficiaba a la empresa constructora Lima y a Matías Guevara.
A partir de este hito las empresas autorizadas podrán comenzar a desplegar la nueva red 5G y, de esta manera, ofrecer planes comerciales para los usuarios que cuenten con un equipo móvil apto para esta nueva tecnología
Incumplimiento de las condiciones del contrato y diferencias en la recaudación por las entradas al recinto son solo algunos de los hechos que el órgano contralor constató que sucedieron durante la administración de Virginia Reginato. El organismo instó a que el municipio ejerza acciones civiles contra la empresa controladora del recinto de juegos de azar.
Mercadería para menos de 15 días hábiles, incumplimiento de aporte nutricional y la falta de un mecanismo que identificara a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar fueron los principales hallazgos de la auditoría que se realizó entre marzo y septiembre pasados. El objetivo de las instrucción es encontrar las posibles responsabilidades de funcionarios.
El requerimiento de información está dirigido a la Secretaría General de la Armada de Chile, donde se piden explicaciones por algunos textos difundidos en una cuenta de Twitter de la "Revista de Marina". También, el ente contralor identificó un retuit a una cuenta que pide difundir la candidatura del candidato presidencial José Antonio Kast. La institución abrió un sumario.
Jorge Bermúdez expuso hace algunos días en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los actos de las policías en control del orden público. "A la fecha, las sanciones propuestas por la CGR no han sido aplicadas por el general director, pese a que existen dos generales inspectores que fueron ascendidos durante la sustanciación del procedimiento disciplinario", cuestionó. Además, escribió un editorial en la última edición de la revista interna de Carabineros donde planteó que "quienes quieran actuar al margen de la ley siempre buscarán nuevas maneras de hacerlo. Eso nos obliga a crear nuevos mecanismos de prevención y control para detectar oportunamente las irregularidades".
En total, la Mutualidad de Carabineros -previa orden del Ministerio de Justicia- requirió la devolución de los dineros a 23 exconsejeros que integraban la aseguradora de los uniformados. De ellos, solo cuatro personas devolvieron los montos. Entre los demandados, a quienes se les acusa de no entregar el dinero, están el exgeneral director de Carabineros Gustavo González Jure por $ 27 millones y los exdirectores generales de la PDI Héctor Espinosa por $ 50,8 millones y Marcos Vásquez por $ 29,7.
El ente contralor emitió un dictamen donde cuestiona las palabras emitidas por el comandante en jefe de la institución castrense, respecto los hechos de violencia en La Araucanía y durante el estallido social. "Las Fuerzas Armadas deberán ajustarse a lo establecido en la referida orden ministerial para los efectos de emitir las declaraciones que sean pertinentes en el ejercicio y dentro del ámbito de sus competencias, teniendo además en consideración lo expuesto en el presente pronunciamiento”, dice.
Mediante una auditoría, el ente contralor revisó todos los pagos efectuados por el Serviu al municipio para el proyecto, y que totalizan 41.554 UF ($ 1.200 millones, aproximadamente). Se detectó que siete de los beneficiarios escogidos por el municipio no cuentan con el subsidio de arriendo otorgado por el Minvu, y tampoco con la autorización de esa repartición del gobierno que los habilite para ser incorporados a la iniciativa. Desde el municipio señalaron que "las obras contratadas y ejecutadas se ajustan a la normativa municipal, contó con los permisos y recepciones legales que ella exige y las familias beneficiadas han cumplido con los requisitos".
Una auditoría del ente fiscalizador detectó distintas irregularidades en las casas de acogida de mujeres vulneradas, planes de protección y reparación, entre marzo y octubre. El informe final ya fue evacuado, en el que se destaca que "en un 94% de los casos, las políticas públicas ejecutadas desde el Sernameg RM no lograron generar las condiciones para el contacto necesario con estas mujeres y, de esta forma, propender a la prevención de hechos de violencia como los señalados". La repartición se defiende y anuncia que presentará sus descargos.
En su solicitud ante el organismo, los parlamentarios piden esclarecer -entre otras cosas- "si ha habido algún tipo de beneficio tributario para los donantes de dichos equipos y de ser así, si dicha deducción de impuestos se ha ajustado a derecho, considerando la inutilidad que reportaron al Estado Chileno los equipos donados”.
Un estudio de la Contraloría General de la República determinó que el 44,2% de las denuncias recibidas por la Superintendencia del Medio Ambiente entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019 no tuvieron asociadas gestiones. El informe concluye que “no consta que la entidad haya ejecutado alguna actividad de fiscalización ambiental o iniciado un procedimiento sancionatorio, ni tampoco que haya ordenado su archivo por falta de mérito”. Mientras el superintendente aclaró que -desde su llegada- han hecho una serie de cambios para mejorar la gestión de la SMA, como por ejemplo, poner en marcha una clasificación de las denuncias ingresadas para actuar con mayor rapidez cuando los hechos son de mayor gravedad.