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Esto es parte una serie de compromisos del gremio adquiridos con la Fiscalía Nacional Económica recién aprobado por el Tribunal de Libre Competencia, poniéndole término a la investigación.

El gremio asume los hechos constatados por los antecedentes de la FNE, y adquiere una serie de compromisos a cumplir en el caso de que el TDLC apruebe el acuerdo, incluye el pago de cerca de US$1 millón a beneficio fiscal.

“Deben terminar las prácticas que vulneran la libre competencia en la comercialización de cerveza en el canal de consumo inmediato", afirmó el fiscal Jorge Grunberg.

La Fiscalía Nacional Económica, a través de un requerimiento de Ley de Acceso a la Información Pública, informó que el nuevo jefe del servicio se ha inhabilitado en 12 investigaciones, entre ellas, varias que involucran a medios de pago. El número de causas en las que Grunberg se abstendrá es menor al de su antecesor en cargo, Ricardo Riesco.

El tribunal confirmó las multas impuestas que ascienden a un total de 1.194,4 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $900 millones, las que fluctúan entre las 20 y 160 UTA ($15 millones y $120 millones) por cada empresa.

“El Tribunal ha reconocido, en el otorgamiento de esta medida cautelar, que hay riesgos reales para la libre competencia”, dijo Lorena Arriagada, secretaria general de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet).

El futuro accionista de Farmacias Ahumada, Guillermo Harding, a través de un grupo de sociedades arrienda casi una treintena de inmuebles a Socofar, matriz de Cruz Verde, la misma empresa que él controló y que luego vendió a los mexicanos de Femsa. El empresario arrienda el terreno donde Cruz Verde opera su mayor centro de distribución en Santiago. Por ese arriendo, Harding percibe más de $ 2.000 millones al año.

Si bien ambas compañías ya le habían ofrecido a la FNE la venta del centro de juegos de Enjoy, el organismo pidió más detalles sobre cómo se concretaría esa enajenación. Basándose en la misma Guía de Remedios de la Fiscalía, las dos empresas habrían planteado desprenderse del activo en nueve meses, poniendo el acento eso sí en que hay una parte del proceso que no es resorte de ellos sino de la Superintendencia de Casinos.

A poco más de un mes de que Ricardo Riesco cumpla el periodo de cuatro años desde que asumió en el cargo, entre abogados de libre competencia existe preocupación por quién asumirá como su sucesor en caso de que no continúe en un segundo periodo. En efecto, según el artículo 33 del DL 211, el cargo de fiscal nacional económico puede ser prorrogable por un periodo más, siempre y cuando manifieste interés en continuar y reciba el respaldo del gobierno de turno.

Las denuncias indicaban que botillerías de todo el país habrían sufrido quiebres de stock o falta de abastecimiento de determinadas marcas y formatos de cervezas, mientras que los supermercados no habrían visto afectado su suministro de este producto.

Por otro lado, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara, realizó su última cuenta pública. Gabriel Boric deberá elegir al sucesor.

Por primera vez, la libre competencia estará plasmada de manera explícita en la Constitución. El pleno ya aprobó una norma que los abogados miran con inquietud. Aseguran que no solo no conversa con la normativa actual, sino que podría afectar la certeza jurídica en su accionar futuro. A ello se agrega el temor en que se avance en el término de los tribunales especiales, lo que atentaría directamente contra el TDLC. Los especialistas piden que ciertos aspectos se precisen o que definitivamente no avancen.

Ante la Fiscalía Nacional Económica, el magnate estadounidense -controlador indirecto de VTR- se comprometió a no utilizar información sensible para el negocio en Chile de Warner Bros. Discovery. "No compartiré dicha información con el personal de ningún otro negocio o entidad en la que sea director y/o accionista", consignó en su declaración el directivo de la empresa fusionada, que espera firmar una vez que reciba el visto bueno de autoridades de libre competencia en otras jurisdicciones.

En un extenso informe, la Fiscalía argumenta por qué la fusión de ambas isapres podría llevar a un alza de precios y una baja en la calidad del servicio que entregaría la nueva isapre. Asimismo, muestra los factores que llevaron al organismo a rechazar los mitigantes que plantearon las partes. Es más, apunta a que existía una vía posible para llevar adelante la operación: la desinversión.

El acuerdo exige el cumplimiento de las medidas de mitigación impuestas para aprobar la adquisición de Cementos Polpaico.