Hasta hace un año, quizás hasta hace unos meses, todo indicaba que a los chilenos nos preocupaban muchas cosas, pero sobre todo tres: la delincuencia, la inmigración y la crisis social en Venezuela. Los noticiarios abrían sus ediciones anunciando asaltos, el descubrimiento de bandas de extranjeros cometiendo distintos tipos de crímenes y la penosa situación bajo el régimen de Maduro. Dentro de todas las cosas que ocurrían, esas eran las más recurrentes para la televisión abierta, el medio a través del cual tradicionalmente la mayoría de los chilenos se informa. Nos fuimos acostumbrando a la imagen fantasmagórica de las cámaras de seguridad callejera ilustrando las notas, como si se tratara del registro de una realidad que corría paralela a la nuestra, un universo espectral habitado por sujetos violentos y despiadados que estaban esperando el momento para provocarnos daño. Esos individuos venían de algún lugar desconocido fuera de encuadre y atacaban con cuchillo y armas de fuego, una y otra vez, en casas, tiendas, esquinas y rotondas. Nuestra reacción no podía ser otra que rogar que alguien los atrapara pronto. El pavor al delincuente se fue extendiendo hacia el extranjero pobre, otro tipo de individuo amenazante, cuya existencia constituía un tipo diferente de alarma, sobre todo si su piel era oscura: hasta hace unos meses cargaban el peso de ser una amenaza para los trabajadores. Los extranjeros llegaban a quitarnos nuestros empleos, aprovecharse de nuestros servicios públicos y esparcir sus enfermedades. La trilogía final la completaba la Venezuela de Maduro, una pesadilla que se nos sugería, podía repetirse aquí mismo si no nos despabilábamos. Debíamos impedir que el caos de una Chilezuela se impusiera, aunque nadie estuviera pensando en hacer tal cosa.

A partir de esas noticias, naturalmente, se elaboraban entrevistas a autoridades y dirigentes políticos. Ellos debían responder qué hacer con los delincuentes, qué hacer con los inmigrantes y cuánta reprobación les merecía el gobierno venezolano. Era lo que la opinión pública esperaba conocer. De cuando en cuando, a las prioridades se agregaba la situación en La Araucanía, las revueltas en torno a los liceos emblemáticos de Santiago y, eventualmente, las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte. Para cada una de esas situaciones -que sin duda existían y existen- la respuesta exigida o al menos sugerida a las autoridades o representantes era la penal: había que atrapar para encerrar o bloquear las fronteras para impedir la entrada, es decir, aplicar el sentido común, un argumento que cundió entre ministros y políticos conservadores. Hablar de soluciones de largo aliento era hacerles perder minutos preciosos a la audiencia y a la opinión pública, embolinar la perdiz con asuntos carentes de sentido práctico. La gente quiere estar en paz, que sus hijos se eduquen en aulas seguras; la gente quiere tener cámaras, rejas, alarmas, aplicaciones de vigilancia, grupos de WhatsApp, guardias y, si es posible, armas. Frente a las amenazas del entorno, la única respuesta era darle más poder a la policía uniformada y elaborar nuevas leyes para hacer más expedito mandar más y más personas a las cárceles, que se ve que por muy colapsadas que estén, nunca son suficientes. Llegar a preguntarse la razón para que cada vez hubiera más jóvenes pobres violentos asaltando en las calles, más narcos y más brutalidad marginal era un lujo intelectual irrelevante y frívolo.

Ni para sobremesa de domingo.

Eso queríamos hasta hace muy poco. Eso nos preocupaba. En torno a eso giraban las pautas noticiosas y las conversaciones de los matinales de televisión, aunque la crisis de agua ya existía, los jubilados viviendo en la miseria también, la automatización avanzara, los medicamentos eran igual de caros, la salud pública tan colapsada como siempre, los sueldos tan bajos como los actuales y la educación continuaba firmemente desigual. Éramos los mismos, pero hasta hace algunos meses había quienes pensaban que informar era, en cierto modo, repartir golosinas de miedo con dedicación, azuzar la paranoia.

La encuesta CEP presentada esta semana, la primera después del estallido de octubre, indicó que esas prioridades habían cambiado de manera drástica. Que la delincuencia no era una preocupación prioritaria, que la inmigración estaba en el último lugar de una lista encabezada por las pensiones, la salud y la educación. La Venezuela de Maduro no aparecía mencionada. Lo que sí demostraba la encuesta -tal como ya lo habían anunciado otros estudios- es que entre las instituciones que contaban con menos confianza entre los chilenos estaban los medios de comunicación, particularmente la televisión abierta: ya no le creen. Tal vez sea un capricho de la opinión pública o tal vez se deba a otra razón, una demasiado compleja, aburrida y poco práctica como para perder el tiempo pensando en ella.