Los disturbios registrados el viernes en la noche en Santiago, sin duda, fueron los más violentos que se han visto en los últimos años: 92 fueron los eventos críticos que registró Carabineros, donde destacaron la quema de 16 buses del transporte público, 41 estaciones de Metro incendiadas (ayer esta cifra aumentó a 78) y que a parte del edificio corporativo de Enel se le prendiera fuego.

Todos estos focos de violencia se fueron consumiendo con la noche, y mostraron sus consecuencias pasadas las 6 de la mañana. Santiago despertó sin el Metro operativo, con algunos atochamientos vehiculares en las calles y con un sistema de tránsito prácticamente colapsado.

En Av. Vicuña Mackenna, entre Macul y San Joaquín, por ejemplo, prácticamente la totalidad del asfalto estaba con daños y escombros sobre el pavimento, por las barricadas de la noche anterior. Lo mismo en Av. Grecia, en Peñalolén, donde había restos de micros quemadas y daños en las inmediaciones del Metro.

Los daños en las estaciones del transporte subterráneo fueron cuantiosos. El balance que hizo Metro, hasta la mañana de ayer, era de US$ 205 millones. Esto, considerando la quema de vagones, accesos a las instalaciones de la estatal y daños en los andenes.

El gerente general del Metro, Rubén Alvarado, dijo que "estamos hablando de cifras muy relevantes y de daños que generan mucha incertidumbre sobre cuándo podamos retomar las operaciones".

El estado de emergencia y la situación de caos no solo trajo consecuencias viales y de infraestructura, sino que también de funcionamiento colectivo para la próxima semana, donde la operatividad del Metro estará supeditada a cómo avancen las labores de reparación de los vagones y estaciones de la red de transporte subterráneo.

Suspensión de clases y el Simce

La falta del Metro no solo impactó en los desplazamientos de la gente este fin de semana, sino que también afectará otros servicios a partir de mañana, como por ejemplo, los recintos educacionales. Hasta las 19.30 de ayer, las comunas que anunciaron que suspenderían sus clases en establecimientos municipales eran Santiago, La Florida, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo y Ñuñoa. En cuanto a las universidades, lo comunicaron la Universidad Católica, Universidad Andrés Bello, Universidad San Sebastián y Uniacc.

Desde la UC enviaron un comunicado a su alumnado, donde el rector Ignacio Sánchez informó que "lamentamos muy sinceramente los actos de violencia que se han suscitado en estos días. Creemos que el diálogo es siempre el mejor camino para abordar las diferentes y legítimas miradas en torno a cómo avanzar en la sociedad e integrar a todos los ciudadanos a los beneficios del mayor desarrollo. Como universidad promover esta discusión y participar activamente de ella es parte inherente de nuestra misión y responsabilidad con el país, por lo que manifestamos nuestra voluntad a trabajar en este sentido. Hacemos un llamado a otras universidades a sumarse a esta tarea".

Para esta semana, en tanto, también estaba contemplada la realización de la prueba Simce para los segundos medios, fijada para el martes y el miércoles. "Debido a las dificultades de traslado que el cierre del Metro de Santiago implica (…) se ha dispuesto posponer la fecha de aplicación de la prueba Simce correspondiente a II medio", dijeron desde la Agencia de la Calidad de la Educación.

"Todas las unidades acuartelarse". Así fue el mensaje que cerca de las 16.00 del viernes comenzó a bajar de los mandos de Carabineros a las distintas unidades de la policía uniformada, entre ellas las Fuerzas Especiales, OS-9, OS-7 y la Dirección de Inteligencia. A esa hora los disturbios escalaban rápidamente por la capital, aunque aún no se sabía cómo terminaría el día en que los efectivos de institución se verían sobrepasados.

Fueron seis mil carabineros los que se dispusieron para contener las manifestaciones de ayer, prácticamente toda la dotación de la Región Metropolitana. El primer cálculo que se hizo fue que 10 policías debían resguardar cada una de las 136 estaciones del Metro, lo que se tradujo en 1.360 efectivos por zona. El resto debía contener las manifestaciones y reprimir la escalada de violencia.

Sin embargo, ya entrada la noche la situación se complicó. A eso de las 20 horas eran casi 100 los focos de violencia, entre ellos la quema de parte del edificio corporativo de Enel, la quema de micros y saqueos en locales comerciales. El general director de Carabineros, Mario Rozas, dispuso que un contingente de carabineros reforzara los servicios. Viajaron desde Rancagua y Talca 200 policías de cada ciudad, para ayudar a controlar las barricadas y los disturbios.

Aún así, la situación ya era incontrolable. Pasaban los minutos y la policía se veía sobrepasada y el mando de Carabineros lo sabía. Se necesitaban más manos para contener la acción delictual, la que ya pasadas las 22 horas tenía algunos edificios al borde del derrumbe, según la versión policial.

Hubo un minuto de esa noche en que una interrogante circuló por redes sociales y la opinión pública: ¿Dónde está Carabineros? ¿Se replegaron? Fuentes policiales niegan el repliegue y descartan que se haya abandonado las calles. Entre otras acciones, concurrieron a contener la quema de los pórticos de las carreteras.

Como una medida de resguardo, el mando de Carabineros dispuso un registro de disparo y munición para los efectivos. Es decir, cada policía que usó su arma lo informó a su jefatura directa, entregando el número de serie de su pistola y de la munición utilizada. Esto, cuentan en la institución, fue para evitar un "caso Catrillanca" (Camilo Catrillanca falleció producto de un disparo de la policía, el 14 de noviembre en La Araucanía).

Pocas detenciones

Durante la jornada del viernes, Carabineros detuvo a 308 personas, de las cuales 210 pasaron ayer a control de detención, aunque ninguna de ellas fue vinculada con los incendios que afectaron el Metro. La gran mayoría quedó en libertad.

Del total de detenidos, 66 eran menores de edad. El caso más grave y único al que se le decretó la medida cautelar de internación provisoria se registró en Maipú, con un adolescente que fue formalizado por porte ilegal de artefacto explosivo. El menor fue internado en un centro del Sename, luego de que la jueza Michelle Ibacache sostuviera que los hechos imputados eran graves, que "pudo matar a una persona" y que "esa no es la forma de manifestarse en contra del sistema". En la sala dispuesta para las formalizaciones de adolescentes infractores de ley, imputados principalmente por desórdenes en el marco de evasiones en el Metro y daños en el sistema de transporte subterráneo, hubo varias detenciones declaradas ilegales por la magistrada. Un adolescente detenido en Peñalolén fue dejado en libertad, pues el parte policial solo lo situaba corriendo al lado de una turba.

En la zona sur, en tanto, se registró el que sería el primer homicidio vinculado a estos hechos. Se trata del trabajador Ignacio Carrasco Salvatierra, quien fue interceptado por desconocidos en la comuna de El Bosque, siendo herido con un arma blanca. Falleció en cosas de horas en el Hospital de El Pino. Según testimonios allegados a la investigación a cargo del fiscal Rodrigo Chinchón, el joven habría comentado que al no tener locomoción colectiva, tuvo que transitar por un lugar de barricadas.

El Ministerio Público monitoreó la violenta jornada de manifestaciones desde temprano. El fiscal nacional, Jorge Abbott, también convocó a los jefes regionales para coordinar el plan de acción de la persecución penal de las personas que sean llevadas ante la justicia por los hechos vinculados a las protestas. En particular, se puso énfasis en que en aquellos que sean imputados de delitos graves que se enmarquen en la Ley de Seguridad del Estado -invocada por el Ministerio del Interior- se debe actuar de inmediato para recabar la mayor cantidad de pruebas para juzgar esos hechos ante tribunales.

Abbott instruyó que cada Fiscalía Regional Metropolitana designara a un fiscal preferente que trabajará con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, también fijó una posición, retornando de forma urgente desde Punta Arenas, donde se encontraba en las jornadas de reflexión que año a año realiza el máximo tribunal. Apenas llegó a la capital se reunió en el Centro de Justicia con jueces de garantía, quienes dieron cuenta del normal funcionamiento de los tribunales, ya que incluso durante el bloque AM de este sábado pasaron a control de detención una menor cantidad de detenidos que los dos sábados anteriores. "La cantidad de detenidos que produjo la ciudad en términos de anormalidad es menor que la que produjo en términos de normalidad. Esa es una observación interesante en que habrá que detenerse", sostuvo la autoridad. Junto con esto, aclaró que aunque se haya decretado estado de emergencia, esto no influía en el rol de los jueces, que seguía siendo garantizar los derechos de los detenidos.

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