Inquietud han generado en el mundo político y en la sociedad civil los “vacíos” que han quedado a la vista durante la pandemia del coronavirus cuando se trata de la protección de datos personales. Si bien en Chile ese derecho está consagrado en la Constitución desde 2018, la ley que regula estas materias data de 1999 y está lejos de adecuarse a los estándares internacionales.

Es en ese contexto que el Congreso viene hace tres años debatiendo un proyecto de ley -presentado por la expresidenta Michelle Bachelet- que busca actualizar la normativa, estableciendo un marco regulatorio que garantice la protección de esos datos -cuyo resguardo quedaría a cargo del Consejo para la Transparencia- y fijando sanciones.

Si bien a inicios de este año la iniciativa tuvo avances significativos en la Comisión de Constitución del Senado, instancia en la que se le introdujeron una serie de modificaciones, desde esa fecha no registra movimientos. El texto se encuentra ahora sin urgencia y a la espera de ser revisado por la Comisión de Hacienda, donde aún sortea su primer trámite constitucional.

Ha sido en medio de la filtración de datos de pacientes con Covid-19 -incluso cuando se ha publicado información georreferenciada de los contagiados- y en momentos en que el mundo científico se ha enfrentado al gobierno exigiendo una mayor transparencia de datos ligados a la crisis sanitaria, que algunos legisladores han planteado la necesidad de acelerar su tramitación.

“Es un tema que tenemos pendiente y en el que hay que avanzar, sin duda, pero con todas las urgencias que hemos tenido en este contexto no se ha podido”, dice el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC), quien destaca la sobrecarga que ha tenido la instancia en la que se han revisado la mayoría de los proyectos que ha impulsado el gobierno para enfrentar la emergencia, como el de protección al empleo, el bono Covid-19 o el ingreso mínimo familiar.

El senador Felipe Harboe (PPD) asegura, por su parte, que “el proyecto de protección de datos es muy completo. Se trata de un nuevo estatuto de datos personales. Nuevos derechos de las personas sobre sus datos, deberes de los responsables del tratamiento de datos (...). Regula mucho más que los datos propios para el manejo de la pandemia. Es muy importante que podamos votarlo luego en sala para que se vaya a la Cámara de Diputados”.

Con todo, el legislador agrega que para poder hacer frente a este tema se podría avanzar aún más rápido en un proyecto de “agenda corta de datos Covid”, que él mismo presentó, en el que se establece una serie de criterios para el tratamiento de los datos de contagiados.

En esa misma línea, en la Cámara, los DC Matías Walker y Víctor Torres presentaron una moción -que se aprobó en general el 4 de mayo y cuya tramitación particular se retomaría hoy- para “reforzar el carácter de dato sensible” cuando se trate del estado de salud de contagiados por Covid. El texto establece que solo las autoridades sanitarias y de seguridad pueden acceder a bases de datos para fiscalizar cumplimiento de aislamiento.

La discusión ha sido tema para otros gobiernos. En países de Europa se ha planteado la necesidad de mantener un equilibrio entre el tratamiento sanitario de los datos de pacientes y el resguardo de su derecho. Sin embargo, hay voces que plantean que es momento de “tolerar un riesgo de renuncia a la privacidad” para evitar una mayor propagación del virus, como lo propuso el exministro Harald Beyer y la académica Loreto Cox.

La Tercera consultó a la Segpres, donde no quisieron referirse al tema.