Se concretó finalmente la salida del caso Penta de todas las empresas, sus ejecutivos y los políticos beneficiados con aportes a sus campañas que en el transcurso de la investigación -llevada adelante por la Fiscalía Oriente- fueron apareciendo como imputados o presuntos autores de delitos tributarios. Y quedan fuera de la mira del Ministerio Público porque el Servicio de Impuesto Internos no ejerció querellas en su contra en estos tres años de investigación.

Hoy la fiscalía a cargo de Manuel Guerra anunció la solicitud de archivo provisional de todos aquellos hechos presuntamente constitutivos de delitos tributarios, donde el SII no definió persecución penal. Y que, según ha señalado el propio SII, se optó sancionar por la vía administrativa, mediante el pago de multas e impuestos no declarados en su momento y que serían determinadas por los Tribunales Tributarios Aduaneros.

Al menos 78 contribuyentes fueron los que se autodenunciaron ante el SII y rectificaron sus contabilidades ante el organismo. Esto, una vez que estallara el caso Penta y el SII hiciera un llamado para que las empresas acudieran a pagar los impuestos que posiblemente hubieran sido aportes irregulares a político o donde no hubiera servicios reales prestados. La fiscalía en ese momento perseguía estos hechos como delitos tributarios.

Así, empresas como Ripley que según antecedentes del caso financiaron parte de las campañas de Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y Michelle Bachelet, se incluyen en el grupo de contribuyentes exentos de la arista penal.

Asimismo, empresas que financiaron la campaña a senador de Iván Moreira –aparte de Penta que sí fue objeto de querella- y de otros políticos mencionados en sus rectificaciones, también salieron del caso. Figuran en la lista Siemel, Wahtt's, Gildemeister, Desarrollos y Servicios Melipilla, BCI, Aguas Andinas, Inversiones Caburgua y Banmédica, entre otras.

Pese a que algunas de estas sociedades que quedan fuera de la arista penal financiaron a Zalaquett y a Golborne, los expolíticos siguen vinculados al caso Penta y podrían recibir una condena o salida alternativa del caso.

La definición adoptada por el Ministerio Público se realiza amparada en un instructivo que en 2016 emanó desde la Fiscalía Nacional y que fue firmada por Jorge Abbott. En este se advertía a los fiscales y abogados de todo el país, qué hacer en caso de no haber querellas del SII, considerando que solo el organismo recaudador posee facultad para ejercer acción penal.

El instructivo sugiere "No Perseverar" en caso de que no hubiese querella, pero como estas empresas no están judicializadas –requisito para no perseverar- el fiscal Guerra optó por aplicar su archivo provisional, situación que además simplifica la reactivación de la investigación en caso de que el SII cambie de opinión.

La medida forma parte de los últimos pasos de la fiscalía en el caso donde ya fueron condenados por delitos tributarios los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Su condena incluye un programa de rehabilitación que contempla la asistencia a clases de ética y que este 28 de septiembre se definirá en audiencia.