La cadena de errores que llevó al Ministerio del Interior a quedar fuera del emblemático caso Huracán

El general (r) Gonzalo Blu, uno de los principales acusados de instalar pruebas falsas a comuneros mapuche.

La abogada Javiera Corvalán, coordinadora del área penal de la División Jurídica del Ministerio del Interior, se anunció tres veces para alegar el que sería el último recurso para intentar mantenerse como querellantes en este importante juicio por corrupción policial. Sin embargo, finalmente no se presentó y encargó esta misión a un abogado de la Delegación del Biobío. Al cierre de esta edición, el Presidente Gabriel Boric calificó el error de "inaceptable" y aseguró que "se van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas".


Este jueves 14 era un día particularmente especial en la División Jurídica del Ministerio del Interior. Se sentía la tensión, dicen algunos profesionales que trabajan en el séptimo piso del edificio Bicentenario, al costado de La Moneda. Y es que para este día estaba citada la primera audiencia por la demanda laboral que presentaron seis ex abogados que trabajaban en esa repartición y que fueron desvinculados luego que asumiera las nuevas jefaturas de la actual administración del Presidente Gabriel Boric. Pero no fue lo único que interrumpió la calma en Teatinos 72: hace algunas horas había llegado un correo a la coordinadora del área penal, Javiera Corvalán, del fallo de la Corte de Temuco que declaraba inadmisible un recurso de apelación y, con esto, los dejaba definitivamente fuera del emblemático caso Huracán en que se acusa a altas cúpulas de Carabineros de implantar pruebas falsas para culpar a comuneros mapuche de actos terroristas en La Araucanía.

El 12 de mayo pasado la magistrada Marcia Castillo, quien encabeza la preparación de este juicio oral, decidió excluir al Gobierno como querellante luego que el abogado de Interior Luis Martínez, el mismo que luego fue exonerado por quedarse dormido y no presentarse a una audiencia de un carabinero asesinado, no corrigiera un vicio formal que había en su acusación. “Sobre todas estas cosas consultamos a Santiago”, dijo en esa oportunidad el profesional que se negó a modificar el texto. Fue entonces que la jueza aplicó la normativa y los sacó del caso.

“Todos los otros querellantes a la hora de inicio de la audiencia se dan por rectificados los vicios formales que se les ordenó corregir, estando o no de acuerdo, y teniendo la facultad de interponer los recursos respectivos, que en derecho correspondan, y no habiéndose dado cumplimiento entonces a lo ordenado, no queda más para esta juez que dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 270 en cuanto a que transcurrido este plazo, que fue de 48 horas, la acusación del querellante no ha sido rectificada se entenderán por no presentadas. Así que ese es el efecto legal por no haber dado cumplimiento a la corrección del vicio formal, de la eliminación, aún cuando tenga apelación pendiente”, sostuvo la titular del Juzgado de Garantía de Temuco en esa oportunidad.

La audiencia de preparación de juicio, entonces, se suspendió en espera de las acciones del Gobierno para revertir la resolución. Lo intentaron todo. Fueron hasta la Corte de Apelaciones de Temuco denunciando a la jueza Castillo, a través de un recurso de queja, de cometer “graves faltas y abusos” en el dictamen que los marginó como querellantes. En fácil, decían que ella no les podía exigir modificar su acusación en que imputan el delito de obstrucción a la investigación, y que las defensas plantean que no tiene legitimación activa para perseguir dicho ilícito, ya que -a juicio del Ejecutivo- la calificación jurídica de los hechos no era una “cuestión de forma”. Sin embargo, no obtuvieron lo que buscaban, siendo el primer revés de la estrategia de la División Jurídica de Interior, cuya jefa es la abogada Camila Barros. “No ha lugar por improcedente”, sostuvo el tribunal de alzada el 23 de mayo.

Se reactiva la preparación de juicio sin el Gobierno

Aún así y pese a que la queja es una vía extraordinaria y se presenta, justamente, cuando no existe ningún otro recurso para impugnar resoluciones judiciales, interpusieron la apelación que ayer fue declarada inadmisible. Los ministros José Marinello, Adriana Aravena y María Georgina Gutiérrez desestimaron que los argumentos presentados por el Ministerio del Interior estuvieran bajo las hipótesis que permiten tramitar un recurso de este tipo. “La resolución recurrida, no suspende el procedimiento ni poner término al mismo, ni hace imposible su prosecución, ya que estos antecedentes continúan sustanciándose en relación a todos los demás intervinientes, por lo que no concurren los supuestos fácticos para aplicar esta parte de la norma señalada. Cabe añadir que tampoco existe norma alguna del mismo cuerpo legal o ley especial que conceda expresamente este recurso, menos considerando la etapa de preparación de juicio oral en la que se encuentra el proceso”, apuntaron.

Una vez materializado este “duro revés” judicial, las defensas apuntaron al “amateurismo”, falta de experiencia y “tozudez” de quienes litigaron en las últimas semanas en el proceso. De hecho algunos en privado hicieron ver que fue muy extraño que la coordinadora del área penal, Javiera Corvalán, se anunciara varias veces para alegar -solicitando 15 minutos a la Corte para defender el recurso- y sin embargo el día de la audiencia terminó encomendando dicha misión al abogado de la Delegación del Biobío Ignacio Sapiaín.

Con todo, según comentan en el Ministerio del Interior, aún les quedaría una chance. Y es que cuando se reactive la preparación de juicio puedan volver a apelar al abandono de la querella. Esto, pese a que en el Poder Judicial estiman que el único efecto de esto sería que no sean condenados en costas, pues la exclusión del juicio ya se materializó.

Al cierre de esta edición, el Presidente Gabriel Boric calificó el error de “inaceptable” y aseguró que se exigirán responsabilidades.

“El caso Huracán es una investigación seria y grave contra funcionarios civiles y funcionarios policiales por malversación de documentos públicos e imputaciones a comuneros mapuche con pruebas falsas. Esto es gravísimo y, por lo tanto, la instrucción desde Presidencia es que el Estado tiene que agotar todos los recursos que estén a su alcance para perseguir estos delitos”, dijo el Mandatario. Agregó que “entiendo que está la posibilidad de la apelación. Ahora, las características de este error -desde mi punto de vista- es inaceptable y por supuesto que tiene que haber responsabilidades, lo voy a conversar con la ministra para evaluar dónde se cometió ese error, entiendo que es anterior, que venía hace un tiempo ya. Y van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas”.

“Esto pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución. Y nosotros necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para combatir el crimen y el delito. Esto es totalmente relevante y no vamos a cejar en perseguir a los responsables”, cerró Boric.

No hubo importancia por el caso

La defensora Marissa Navarrete explica que esta derrota en tribunales del Gobierno se debe a aspectos técnicos que pudieron ser subsanados. “La exclusión del Ministerio del Interior tiene una explicación meramente procesal: fue obligado a corregir su acusación y no lo hizo. No lo hizo por negligencia, sino porque no quiso dar cumplimento a la resolución del juez. Y eso tiene una sanción establecida en el propio Código que es que queda excluido de seguir participando en el proceso. El Ministerio del Interior presentó recursos y estos fueron rechazados por la Corte, por lo que espero que, como defensa se continúe con la audiencia preparatoria de juicio, la que se ha visto dilatada nuevamente por este incidente promovido por el Ministerio del Interior”, dijo a La Tercera PM.

Una de las críticas que se han alzado respecto a la cartera que dirige la ministra Izkia Siches apunta a la falta de experiencia de quienes están a cargo de la intervención del Gobierno en el ámbito penal. De hecho, el arribo de Corvalán generó polémica por haberse titulado recién en 2019 y realizar actualmente las funciones que tenía en el pasado el abogado Carlos Flores que llevaba 18 años y que fue desvinculado junto a otros cinco compañeros.

Quien ha ocupado el cargo de jefa de la División Jurídica es la abogada Ximena Risco quien califica de “grave” lo ocurrido en la estrategia del Ministerio del Interior en uno de los casos más importantes de corrupción policial.

“Lo que ocurrió demuestra dos cosas. Por una parte, la importancia de contar en los equipos con profesionales de experiencia, que conozcan los temas, procedimientos y formas en las que se desarrolla el sistema judicial chileno. Acá hubo una falta de conocimiento evidente del proceso y terminó con el desenlace que ya conocemos. Pero lo segundo, es que cada División Jurídica obedece a los lineamientos que entrega el ministro encargado, y acá también hubo una decisión política de no entregarle la importancia que requería este procedimiento judicial. Recordar que este caso implica perseguir los grandes casos de corrupción que algunas personas cometieron en una institución tan importante para nuestro país como Carabineros de Chile, y el que el Ministerio del Interior quede fuera como querellante, implica botar a la basura más de cuatro años de trabajo en que como Estado tratamos de buscar justicia por todos quienes resultaron afectados. Es muy grave y no basta con sacar al abogado”, expuso la abogada penalista.

Consultado por cuáles son las alternativas que analizan en la División Jurídica del Ministerio del Interior, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

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