"Hay algunos parlamentarios y otras personas que ejercen funciones públicas que consumen drogas. Al consumir estupefacientes, esas personas se transforman en protectoras indirectas de las redes de narcotráfico, ya que son vulnerables a recibir presiones". Estas fueron parte de las declaraciones del ex ministro Francisco Javier Cuadra en 1995 por las cuales, un año después, la Corte Suprema lo condenaría a 540 días de presidio como resultado de las acciones legales presentadas por el Senado y la Cámara de Diputados en su contra.

25 años después, la ministra Cecilia Pérez afirmó que los diputados del Partido Socialista "ya no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber: qué relación tiene el PS con el narcotráfico". La declaración hizo explotar al PS y tiene al Congreso en huelga, al prohibir los parlamentarios el ingreso de subsecretarios y asesores a la sala y comisiones. La oposición ha anunciado que llevará el caso al Ministerio Público y no descarta seguir acciones judiciales contra la ministra.

¿Qué hay detrás de la reacción corporativa del Parlamento frente a acusaciones tan graves como estas? ¿Por qué no reaccionar investigando, en vez de amenazar con querellas y medidas de ocultamiento?

En 1995, menos de un 22% de la población chilena había consumido marihuana, cocaína o pasta base en su vida. Apenas 20 años después, el número de personas supera el 44% de la población total. Si estas cifras parecen alarmantes, los datos de consumo a nivel escolar son apocalípticos, considerando que más del 45% de los jóvenes en cuarto medio consumieron marihuana el último año. El Congreso tampoco se salva: un reportaje periodístico de radio ADN reveló que el 40% de los parlamentarios ha consumido drogas.

Si la reacción contra Cuadra en 1995 fue desproporcionada, la reacción a los dichos de la vocera hoy aparece como absolutamente incomprensible. Chile va camino a convertirse en un país capturado por la droga y donde no existe conciencia sobre el daño que provoca en las personas, familias y en las distintas comunidades.

El Estado de Chile, por acción u omisión, ha permitido que el consumo de drogas siga avanzando. Peor aún, su desatado crecimiento ha contribuido al auge de la industria de las drogas y a la generación de redes de narcotráfico conectadas con Latinoamérica y otras partes del mundo. A mayor demanda de drogas, más crece la oferta y más se amplía una industria que está secuestrando barrios, comunas y ciudades enteras que se sumergen en la marginalidad y donde el estado de derecho desaparece progresivamente.

Por todo esto, es que resulta fundamental que como sociedad enfrentemos el consumo de drogas y el narcotráfico de manera frontal. No más eufemismos ni cortinas de humo, no más discursos de conveniencia que se acomodan a la ideología y que son incapaces de enfrentar con decisión la urgencia social que representan las drogas.

No podemos seguir aceptando que el Congreso viva en una burbuja y que al menor emplazamiento amenace con usar las mayorías para bloquear el trabajo legislativo o querellarse contra quien los pretenda emplazar. No podemos tolerar que nuestros legisladores ignoren los graves daños que la droga hace en las personas y pretendan colocarse por sobre el resto de la comunidad. No podemos dejar que la política sea cooptada por el narcotráfico y que la narco política se adueñe de legisladores, militantes o partidos políticos. Lo que le pedimos para la ciudadanía, también debe ser una obligación para la elite parlamentaria.

Como país tenemos derecho a exigirle, a cada parlamentario, que responda dos simples preguntas: ¿Consume usted drogas de manera regular? ¿Tiene usted o su partido vínculos con el narcotráfico? Y luego, con la misma decisión, investigar a fondo si lo que nos dicen es verdad.

Para salvar a Chile y detener el avance de la droga, hay que partir por casa. O luchamos todos juntos para frenar su avance o estaremos condenados a seguir en el subdesarrollo por los males que se derivan de su consumo y comercialización. De paso, dañaremos irreparablemente a millones de personas que seguirán capturados por este flagelo brutal.

Partamos por un Congreso libre de drogas y una política libre de las influencias y presiones del narcotráfico. Es lo mínimo que podemos hacer para evitar la autodestrucción de nuestra sociedad.