La tarde del lunes, por 117 votos a favor y 26 en contra, la Cámara Baja declaró admisible la idea de un quinto retiro de fondos previsionales. La situación pone al gobierno de Gabriel Boric entre la espada y la pared. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, premiado hace pocos meses como el mejor banquero central del mundo, se ha opuesto consistentemente a los retiros previsionales. Por su parte, el Presidente Boric ha señalado que no está en su plan de gobierno un nuevo retiro -a pesar de que él y varios de sus ministros más importantes votaron en el Congreso a favor de los cuatro anteriores. Dado que los efectos perversos de esta iniciativa deberán ser administrados por el oficialismo, el Presidente no tiene más alternativa que oponerse, sobre todo si no quiere deslegitimar a su ministro de Hacienda en el primer mes de gobierno. El oficialismo, sin embargo, parece estar dividido, ya que la iniciativa cuenta con un porcentaje importante de sus votos.

En otro orden de cosas, parece ridículo que analistas de diversos sectores políticos hayan tenido que insistir por enésima vez en los potenciales efectos de los retiros previsionales: aumento de las presiones inflacionarias y, como consecuencia, mayor probabilidad de una política monetaria restrictiva. A su vez, un ajuste de tasas podría afectar negativamente la inversión y el costo del endeudamiento. Igualmente irrisorio es tener que recordar que un quinto retiro de fondos tampoco ayuda a quienes más lo necesitan. La razón es muy simple: ¡La mayor parte de la población vulnerable tiene sus cuentas previsionales vacías!

La denominada apelación al “Cuco”, según la cual las advertencias de Hacienda y de economistas pertenecientes a un amplio espectro de sensibilidades políticas no serían más que un intento de infundir miedo, ya no funciona. Hace unos días, el ministro Marcel señaló que lo que muchos calificaron de campaña del terror se ha ido materializando: “La mayor inflación, el aumento de tasas de interés de largo plazo, [el] efecto de tasas sobre los créditos hipotecarios [y] la caída de los propios fondos de pensiones”. Pero la actitud de la mayoría de la Cámara de Diputados es la de ignorar olímpicamente estas advertencias. Es cierto que los problemas de abastecimiento que ha acarreado la pandemia y, ahora último, el conflicto en Ucrania, agravan la situación. Pero hay evidencia suficiente para afirmar que un porcentaje importante del 7% de inflación que experimentó el país el año 2021 es atribuible a los retiros. Nos guste o no, la inflación es un fenómeno eminentemente monetario.

Si el argumento del miedo ya no funciona, culpar al gobierno de turno tampoco. Exactamente hace un año, el actual ministro Jackson, entonces diputado de la República, sugirió que las medidas del gobierno de turno eran tan insuficientes que ello los estaba “forzando” a aprobar un tercer retiro. Con las riendas del poder en la mano, dicha estrategia comunicacional es inviable.

¿Cómo explicar entonces que un proyecto tan evidentemente malo tenga 117 votos en la Cámara Baja? Si no hay razones para creer que los retiros pueden, bajo algún aspecto, ser beneficiosos para la ciudadanía, solo nos queda atribuir el resultado de esta votación al oportunismo político. ¿Quién pagará los costos de una iniciativa como esta? El pueblo, el mismo a quien dicen representar. ¿Y cómo pueden salirse con la suya? Porque los efectos negativos de los retiros están muy dispersos y son poco visibles, pero letales; mientras que una minoría se beneficia electoralmente con dicha estrategia. Parece ser tiempo de releer la Lógica de la acción colectiva, de Mancur Olson.