Volver a ponerle discusión inmediata a uno de los proyectos controvertidos que tiene atascados en el Congreso, el que lo faculta a desplegar a las Fuerzas Armadas -sin recurrir al Estado de Excepción-, para proteger la denominada infraestructura crítica, es una de las primeras medidas con las que regresó hoy a funciones la plana mayor del Ejecutivo.

El asunto lo mencionó el Presidente en la larga alocución con que arrancó el consejo de gabinete con que hoy hizo madrugar a sus ministros (algunos no alcanzaron a llegar porque les avisaron muy encima), y según cuentan en La Moneda forma parte de este nuevo y reiterado intento por exigirle a la oposición una radical "condena a la violencia", pero al mismo tiempo un clima de "acuerdos" de cara a marzo y al cada vez más cercano plebiscito de abril. Eso, junto con ponerle acelerador al proyecto de pensiones, prioritario para el Ejecutivo, que pretende aprobarlo este mes para que se estén pagando en abril.

Algunos califican la cumbre de hoy "como la más ejecutiva y seria" de lo que va corrido de este gobierno, por mucho que Sebastián Piñera les haya dicho a sus ministros que "la vida no es justa, porque veo a unos más pálidos que otros". Presidencia dejó grabar los primeros minutos del encuentro y por eso se sabe que el gobernante partió insistiendo en que una de las prioridades es "recuperar el orden público" porque "la violencia es un atentado a la democracia, es un atentado al orden público, es un atentado a los derechos humanos, es un atentado a los proyectos de vida de los millones y millones de chilenos" y que "se necesita con urgencia un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia y ese acuerdo tiene que no solo condenar la violencia y defender la democracia, tiene que condenar a los que no condenan la violencia y a los que no defienden la democracia."

Insistió en tocar el mismo asunto tres veces. Lo llamó "acuerdo por la democracia y contra la violencia" y lo condicionó a que "denunciemos y aislemos a aquellos que están por la violencia y contra la democracia y al mismo tiempo avanzar de forma significativa en estas dos grandes agendas", refiriéndose a la "social". En medio de esa alocución fue que reiteró que "tenemos que avanzar en la ley infraestructura crítica, para poder permitir que las fuerzas armadas colaboren en la protección de infraestructura crítica como por ejemplo nuestros hospitales, nuestras plantas de agua potable, nuestras plantas de electricidad". El proyecto -que solo ha pasado el trámite en el Senado- ya tenía discusión inmediata, pero venció al terminar la legislatura anterior, en enero. Los senadores PS lo votaron en contra.

¿A qué apunta ahora este acuerdo? Según ministros y subsecretarios consultados esta mañana por La Tercera PM, Piñera apuntaría a lo siguiente con este pretendido acuerdo, según lo que ha analizado con algunos de sus colaboradores -como el jefe de Interior, Gonzalo Blumel, y otros- durante sus vacaciones en Ranco.

Uno, subir el precio a esta exigencia. Según estas versiones, "hay sectores que aún no han condenado la violencia". Ante el argumento de que varios dirigentes de oposición han sostenido que ya lo hicieron y lo han dicho, los cercanos a Piñera insisten en tres puntos. Uno, que todavía el PC y sectores del FA no lo han hecho, y que la reciente entrevista al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, "nos da la razón". Y cuando se les dice que el PS, PPD y DC han tenido una actitud muy distinta, desde el gobierno retrucan que no es suficiente porque "también hay pasividad, a lo menos, en sectores de oposición democrática cuando avalan acusaciones constitucionales".

Las mismas versiones de cercanos al Mandatario hacen notar que ahí está uno de los acentos con que volvieron los estandartes de Palacio de sus vacaciones: que como, por ejemplo, el PS votó a favor de la fallida acusación contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, pues que eso también los deja en la vereda de quienes no han sido lo suficientemente "enérgicos" para condenar la violencia.

¿Por qué demandar ahora esto? Según el gobierno, porque no les parece aceptable que se acuse constitucionalmente a quienes se encarguen de hacer cumplir el orden. "Si lo hacen, es porque también son cómplices" con la violencia, recalcan. Claro que también les pesa el temor de que, así como pasó con Guevara, o bien acusen a otras autoridades o bien éstas se inhiban en usar la fuerza por esas razones. Eso, sin olvidar la aprensión de que hasta el mismo ministro Blumel pueda llegar a enfrentar un juicio político.

Pero esto no es negociable. Es imposible, reconocen en La Moneda, llegar a un pacto en que la oposición prometa no volver a acusar ministros o intendentes en el Congreso. Ha habido algunos contactos telefónicos veraniegos para sondear disposición de votar a favor algunos proyectos pendientes, como la reforma a las pensiones, pero algunos dirigentes de la otra vereda dicen que tampoco ha habido tanto diálogo y que no les han tocado este punto.

Por eso, en Palacio insisten en que ahora, además, sus adversarios deben "aislar y condenar" a quienes "avalan la violencia" (PC y FA) y que incluso no deberían participar de la misma franja por el Apruebo. Por lo mismo repondrán la urgencia al proyecto de infraestructura crítica. Una opción es que la próxima semana le pongan discusión inmediata "y si no nos va bien, nos vamos a discusión inmediata de nuevo. Si no quieren aprobarlo, entonces también serán cómplices", detalla una autoridad.

En la directiva del PS algunos se declaran escépticos de un "acuerdo" en estas condiciones. Primero, dicen, porque un pacto "solo con políticos no va a calmar a la calle". Pero también porque -argumentan con sorna- si les exigen condenar la violencia y que no se reúnan con quienes no lo hacen, "pues entonces tampoco nos podríamos juntar con el gobierno, ya que avala las violaciones a los derechos humanos".