El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó hace una semana una querella en contra seis exfuncionarios del Instituto Nacional de Deporte (IND) que "intervinieron en el otorgamiento de las pensiones, dando origen a la entrega de prestaciones improcedentes".

De acuerdo al CDE, se trata de un presunto fraude al Fisco por la manipulación al sistema de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), para que se entreguen pensiones irregulares y que exceden el tope legal de las 60 UF. De esta manera, el caso de las jubilaciones presuntamente irregulares deja de ser solo un problema de Gendarmería y se traspasó a otro organismo del Estado.

"De la revisión de los expedientes de pensiones que superan las 60 UF, se advirtieron seis casos de exempleados del Instituto Nacional de Deportes, cuyas remuneraciones fueron incrementadas en un período cercano a la fecha de retiro del servicio, implicando modificaciones de hasta 7 grados de la E.U.S. (Escala Única de Sueldos), estableciéndose un período de entre 30 y 61 días corridos entre la fecha efectiva del cambio de grado y la de retiro", dice el documento.

Un ejemplo de esto es el caso de Irmgard Kaiser Winkle, a quien -según el CDE- se le hizo una modificación de grado 6 a grado 2, el 1 de marzo de 2008. Luego la mujer se retiró de la institución el 1 de abril de 2008, es decir 31 días después, obteniendo con eso una pensión a septiembre de 2016 de $ 2.617.898.

Otro caso, se señala en la acción legal, es el de Yolanda del Carmen Espinosa Calderón. A ella se le hizo una modificación de grado 9 a grado 4 el 1 de abril de 2008. Después, la exfuncionaria se retiró el 1 de mayo de 2008, es decir 30 días posteriores, obteniendo con esta maniobra una pensión a septiembre de 2016 de $ 2.199.740.

"Como puede advertirse en forma inaudita, inexplicable se observa un aumento de grado sorpresivo, sin antecedentes que lo justifiquen y con un tiempo relativamente escaso que precedió al otorgamiento de las pensiones en comento", indica el escrito, que ya fue declarado admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Hoy, según el CDE, todos siguen recibiendo esas pensiones.

El caso deberá ser investigado por la Fiscalía Centro Norte, la misma que desde 2016 indaga el caso por presunto fraude al Fisco, en relación a una serie de pensiones irregulares recibidas por funcionarios de Gendarmería.

Respuesta de Capredena

Estos casos se dieron a conocer en Capredena luego de que la Contraloría realizara una auditoría publicada en agosto del año pasado y detectara los casos de los funcionarios en el Instituto Nacional de Deporte. Pero eso no fue todo lo que se encontró. También, dice el informe de Contraloría, "se determinó que 102 pensiones informadas por Capredena, por un total mensual de $ 200.533.326, a septiembre de 2016, se pagan por montos superiores al tope de 60 UF que les afecta".

En el mismo documento, se señaló que se detectó que una persona recibió doble pensión, de Dipreca y Capadrena, entre junio de 2005 y diciembre de 2016, provocando el pago irregular de $ 276.873.544. En otro caso, se verificó que Capradena efectuó pagos por concepto de pensión de retiro a una persona que también recibía una pensión de Dipreca, lo que originó desembolsos improcedentes, entre octubre de 1979 y diciembre de 2016, por la suma de $ 64.642.458.

El vicepresidente Ejecutivo de Caprenda, Cristián Rojas, dijo a La Tercera PM que cuando se enteraron de esta situación, el ministro de Defensa, Alberto Espina, les pidió que remitieran los antecedentes al CDE. Y que luego de enviar la información, el Fisco determinó la presentación de esta querella.

Consultado si han detectado casos similares en Capredena (organismo que administra el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas), Rojas señaló que no.

"Yo espero que, tanto en estos casos del IND como con las pensiones de inutilidad eventualmente mal otorgadas, la fiscalía agilice todas las diligencias en la dirección de que en todos aquellos casos en los cuales pudo haber habido inobservancia de algunos criterios para otorgamiento de pensiones o eventuales hechos que no se ajustaran a la normativa, sean esclarecidos y finalmente enmendados", aseguró Rojas.

Agregó que "nosotros queremos que ni en la actuación de Capredena ni de otros organismos que participan en el otorgamiento de pensiones, existan mantos de dudas respecto a los estándares de probidad con que se gestiona el sistema. Estos son casos aislados, en los que pudo haber habido o inobservancia o eventual mala actuación de algunos actores, pero en ningún caso el sistema opera negligentemente".

Explicó que cuando se hizo la auditoría de Contraloría, Capredena también realizó un sumario interno "tendiente a ver si había actuación que no guardara relación con lo que es la probidad administrativa. Ese sumario arrojó que no había habido ningún tipo de responsabilidad administrativa en lo respecta a un funcionario de Capredena".

De todas formas, según Rojas, se está trabajando en "introducir mecanismos de control para evitar que surjan estos casos que pueden haber sido por inobservancias o actuaciones que se apartaran de lo que es la literalidad de la ley".