Presunta corrupción en luminarias: Liberan todos los dineros de empresas cuestionadas y ahora podrán suscribir contratos con el Estado

Parece un déjà vu. Pero no lo es. Luego de que el 29 de mayo el tribunal de garantía de Iquique levantara solo una parte ($ 793 millones) de la medida precautoria que congeló los bienes de Itelecom y de su dueño León Lefort, el 23 de junio se quitó la restricción en su totalidad.

Esta medida se había decretado el 3 de mayo y unos días después Lefort fue formalizado tanto en Iquique como en Chillán, el 8 y 9 de mayo, respectivamente, por delitos de soborno, lavado y asociación ilícita en procesos de adjudicación y licitación de contratos para instalar luminarias led. Sin embargo, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, la trama tras la presunta corrupción en la licitación de luminaria pública que se habría registrado en Iquique se habría replicado en una docena de municipios del país.

Pese a esto, el juzgado decidió “descongelar” $ 793 millones fines de mayo, luego de que la defensa argumentara que la firma necesita seguir funcionando y pagar sueldo a empleados y a proveedores. Y ninguno de los intervinientes se opuso aquella vez a parte del alzamiento por las mismas razones.

Pero el pasado 23 de junio, en una audiencia que extendió por más de seis horas y en la que no hubo acuerdo con los intervienientes, la magistrado de Iquique Tamara Muñoz resolvió alzar la medida de la incautación y retención de todos los fondos, inversiones, productos financieros y valores de Itelecom y sus empresas asociadas. En total, se trata de 38 cuentas corrientes, que tienen $ 4.264.251.682.

También, en esta misma audiencia se autorizó alzar las medidas de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado a Itelecom y Elec (empresa de luminarias en que Marcos Contreras Terfer, socio de la firma, también fue formalizado presunto soborno).

La audiencia para debatir ambos temas fue requerida por los abogados de Elec, Alejandro Laura, y de Itelecom, Daniel Praetorius.

Laura argumentó que el tribunal carecía de competencia para decretar la prohibición de celebrar actos y contratos con el Fisco, porque esa medida no estaba establecida en la ley como medida cautelar, sino que estaba contemplada en la norma de responsabilidad penal de las personas jurídicas como pena. De esta manera, dijo que no podía imponerse esta medida ante el proceso, sino que solamente luego de que se llevara a Elec a juicio penal y este terminara en condena. Sobretodo tomando en cuenta que a Elec como empresa aún no se le ha formalizado como persona jurídica.

Según quienes estuvieron presentes en la audiencia realizada vía zoom, la jueza fundamentó que era improcedente establecer ambas restricciones (congelar bienes y que no puedan suscribir contratos con el Estado) como medidas de protección a la víctima, que en este caso sería el Fisco.