Cuando los partidos políticos firmaron el Acuerdo por Chile, en ese documento de seis páginas, hubo un elemento ausente: los mecanismos de participación ciudadana.

En la tarde del lunes 12 de diciembre, cuando los dirigentes de partidos al fin llegaron a consenso luego de casi 100 días de negociación, optaron por dejar varios detalles para después. Todos los puntos que no quedaron desarrollados en el acuerdo se terminarían de afinar en una etapa posterior, cuando se redactó la moción parlamentaria que traduciría el acuerdo.

El resultado de ese proceso quedó plasmado en una moción parlamentaria de 21 páginas que ingresó este miércoles por el Senado, y que iniciará su tramitación legislativa a partir del próximo lunes en la Comisión de Constitución.

Cuando las colectividades discutían la redacción de ese proyecto de ley, tomaron tres decisiones respecto de los mecanismos de participación ciudadana. La primera es que el tema quedará regulado, en detalle, en el reglamento del futuro Consejo Constitucional. Luego, despejaron que el asunto estará anclado en las universidades y, en tercer lugar, que deberá quedar diseñado de tal manera de evitar que se use como una vía de “instrumentalización política”.

La diputada Gael Yeomans (CS), quien participó de ese proceso, resume de la siguiente forma los acuerdos alcanzados en este asunto. “En concreto se definió que al menos debe haber dos ámbitos de desarrollo en el reglamento. Por un lado, las iniciativas populares de norma, para presentar propuestas al Consejo Constitucional para la redacción de la nueva Constitución, tal como sucedió la vez pasada. La otra forma es que las universidades tengan que desarrollar diálogos y espacios de cabildos, de conversación abiertos. Esos son los dos puntos y así nos aseguramos que existan dos expresiones básicas de la participación ciudadana”, explica la parlamentaria.

Así fue como finalmente los partidos dejaron consignado el siguiente párrafo en el proyecto de reforma constitucional: “El reglamento contemplará mecanismos de participación ciudadana, la que tendrá lugar una vez instalado el Consejo Constitucional y será coordinada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de fórmulas que permitan la participación de todas las universidades acreditadas”.

Testigos del proceso de elaboración -de esa parte de la moción parlamentaria- relatan que el espíritu de esa idea apunta a replicar lo que fue la iniciativa, de ambas casas de estudio, llamada “Tenemos que Hablar de Chile”. Se trata de la plataforma levantada en 2020, la que a través de diversas metodologías logró montar una red “colaborativa de participación y diálogo ciudadano que busca promover la cohesión y la construcción de una hoja de ruta país”.

El director ejecutivo de esa iniciativa, Hernán Hochschild, afirma a La Tercera PM que lo avanzado en ese plataforma será puesto a disposición del futuro Consejo Constitucional. “Hemos aprendido mucho desde “Tenemos que Hablar de Chile” y la idea es poner todos esos aprendizajes y capacidades a disposición del proceso. Tenemos plataformas digitales, metodologías presenciales y una red de apoyo de múltiples universidades y organizaciones por lo que la plataforma, sus aprendizajes y capacidades van a estar a disposición de aportar en todo lo que se pueda”, dice.

En esa línea, Hochschild recalca lo relevante que son los mecanismos de participación ciudadana para darle legitimidad al proceso de elaboración de una nueva Constitución.

“El desafío será muy grande y se va a necesitar mucha colaboración de todas las universidades, agrupaciones de la sociedad civil y grupos organizados para que lograrlo. La clave es que sea un proceso inclusivo e integrador, que no hagamos de la participación como una competencia por quién suma más voces o preferencias, sino que verdaderamente como un proceso de escucha, entendimiento y construcción colectiva desde las miradas particulares y las diferencias”, añade.

Esa plataforma tuvo un trabajo colaborativo con lo que fue la disuelta Convención Constitucional. Ese rol, en aquel momento, se tradujo en “la sistematización de audiencias públicas” y apoyo “en la difusión del proceso constituyente en colaboración con la secretaría de comunicaciones”.

Participación ciudadana en tiempo récord

Junto con el rol de las universidades, los partidos recogieron un elemento que fue parte de la Convención Constitucional. En la moción parlamentaria se consignó que “dichos mecanismos contemplarán la iniciativa popular de norma”. Esto consiste en que la ciudadanía, juntando cierta cantidad de patrocinios, puede proponer al órgano redactor una norma constitucional para que la instancia delibere, discuta y vote si se incluye o no en su propuesta de nueva Constitución.

Sobre estas iniciativas populares, el investigador del área Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, Benjamín García, cuenta que lo relevante es corregir los aspectos para perfeccionar los puntos que no funcionaron tan bien. “El mecanismo de iniciativas populares de norma fue exitoso en su amplio uso por parte de la ciudadanía, sin perjuicio de que los plazos y oportunidades no fueron los mejores para asegurar una incidencia efectiva. Es fundamental fortalecer el proceso de trazabilidad y retroalimentación a la ciudadanía, transparentándose los resultados de los procesos de participación, la forma en que inciden en la discusión de las normas y las razones que justifican esas decisiones”, dice García.

El mayor desafío será que los mecanismos de participación sean compatibles con el plazo del Consejo Constitucional. El órgano tendrá cuatro meses para evacuar la propuesta de texto de nueva Constitución y la Comisión Experta solo tres meses para elaborar el anteproyecto.

“Es clave que las instancias de participación se planifiquen desde ya y de forma coherente con el itinerario constitucional, aplicando las lecciones aprendidas en los procesos de participación de los últimos años. Es necesario también adoptar mecanismos que combinen distintas formas de participación como iniciativas de normas, instancias deliberativas y aportes de la sociedad civil, pero que a la vez sean factibles de ser realizados y sistematizados de forma oportuna para ser efectivamente incidentes en el proceso constituyente”, añade García.

La tarea quedará en manos del secretario de la Cámara, John Smok, quien está elaborando el reglamento del futuro órgano redactor. A diferencia del proceso pasado, ese documento será discutido por una comisión bicameral compuesta por nueve diputados y nueve senadores. Es decir, se tramitará como un proyecto de ley que luego de eso deberá ser ratificado por 4/7 de ambas cámaras.