Cuando se trata de delitos, siempre hay un culpable o un inocente. Sin embargo, cuando se acusa a una persona que no ha cometido ningún mal y se le atribuyen acciones debido a fallas en las pericias o procedimientos, el daño es irreversible y las instituciones involucradas deben esforzarse por reparar el perjuicio ocasionado.

Con este objetivo, desde hace 11 años la Defensoría Penal Pública lleva adelante el “Proyecto Inocentes”, cuya misión es acompañar y orientar a los afectados, como aquellos que han sufrido encarcelamiento erróneo, en el proceso para obtener reparación por el impacto monetario, social o psicológico.

El “Proyecto Inocentes”, liderado por la Defensoría Penal Pública, nació con el fin de visibilizar y corregir los errores judiciales que afectan a personas inocentes encarceladas injustamente. Desde su creación, ha dado representación legal a quienes han sufrido condenas sin “fundamentos sólidos”, ofreciendo apoyo y promoviendo reformas en el sistema judicial para prevenir futuras posibles situaciones de este tipo. Hasta la fecha, ha documentado más de 80 casos emblemáticos que no solo han revelado las deficiencias del sistema penal, sino también han creado un espacio para la reflexión y acción en favor de estas víctimas.

Con motivo de un nuevo aniversario de esa iniciativa, la Universidad Andrés Bello, a través de su Dirección de Vinculación con el Medio, realizó la semana pasada un encuentro de reflexión sobre los dañinos efectos de quienes han tenido que pasar por la cárcel sin ser culpables. Una jornada que fue abierta por el Defensor Nacional, Carlos Mora, quien subrayó que, como Estado, existe una responsabilidad crucial de enfrentar los errores en las investigaciones criminales y proporcionar reparación a las personas injustamente afectadas.

En 2023, dijo, un total de 2.019 personas estuvieron en prisión preventiva y posteriormente fueron declaradas inocentes o no condenadas, ya sea mediante absoluciones, sobreseimientos o por la facultad del Ministerio Público. Para el año en curso, en tanto, ya se registran 1.226 casos similares.

”Resulta preocupante que, en los últimos 11 años, 126.690 personas hayan sido perjudicadas por estos errores, y que casi 40 mil desde la creación de la Reforma Procesal Penal, hayan atravesado esta experiencia sin contar con políticas efectivas de reparación”, afirmó Mora.

Durante el seminario, además, se mostraron diversas perspectivas sobre la problemática de las condenas injustas y el rol que tiene el sistema judicial. Leonora Romero, directora de la Dirección de Vinculación con el Medio de la UNAB, destacó la firma de un acuerdo de colaboración entre la casa de estudios y la Defensoría Penal Pública en el marco del “Proyecto Inocentes”, que permitirá ofrecer apoyo y acompañamiento psicológico gratuito a las víctimas.

Este convenio representa un compromiso para trabajar juntos en la asistencia legal y psicológica a las personas que han sido injustamente condenadas y, además, también es muy importante en la formación integral de los estudiantes de la universidad, resaltó la representante de la UNAB.

Romero mencionó que, aunque las actividades conjuntas aún no han comenzado formalmente, proyectan con entusiasmo la implementación de esta colaboración para entregar apoyo emocional y psicológico a través de los estudiantes de Psicología, con la intención de extender este apoyo a otras disciplinas como Derecho, Trabajo Social y posgrados en Educación y Ciencias Sociales.

“Estamos convencidos de que esta alianza será una fuente de aprendizaje invaluable para nuestros estudiantes y un apoyo esencial para los beneficiarios del Proyecto Inocentes”, afirmó Leonora Romero, quien añadió que el proyecto “se presenta como una oportunidad para que académicos, académicas y estudiantes se conviertan en un verdadero aporte en las soluciones que mejoran el día a día de nuestro entorno”.

”La reinserción al mundo civil no es un proceso sencillo y las cicatrices emocionales y psicológicas que deja una experiencia tan traumática pueden ser profundas y duraderas. Por eso, a través de esta colaboración, nuestras y nuestros estudiantes de diversas carreras tendrán la oportunidad de ofrecer un acompañamiento integral y apoyo emocional a quienes lo necesitan”, comentó.

En tanto, María Pilar Palacios, psicóloga y psicoanalista, abordó el impacto psicológico que sufren las personas erróneamente acusadas y condenadas. Su exposición se dividió en tres ejes: la pérdida de dignidad, las marcas traumáticas del desamparo y la indefensión, y el impacto del estigma sobre el nombre y la identidad del individuo.

La también directora de la Clínica de Atención Psicológica CAPSI de la UNAB enfatizó la importancia de la ternura en el proceso terapéutico como una vía para la reconstrucción identitaria y la restauración de la dignidad de los afectados. “El reconocimiento público de la inocencia es una reivindicación simbólica esencial que busca restaurar, aunque sea parcialmente, la integridad del sujeto y su lugar en el orden social”, afirmó.

En el encuentro también se resaltó la relevancia de los vínculos con organizaciones internacionales en la lucha contra las condenas injustas. Justin Brooks, fundador del “California Innocence Project”, se hizo parte desde Estados Unidos, compartiendo su experiencia y la de otros “proyectos de inocencia” en todo el mundo.

El académico explicó cómo estas iniciativas han trabajado no solo para liberar a personas inocentes, sino también para reformar los sistemas legales. Destacó además las principales causas de condenas erróneas, como errores en la identificación de sospechosos, mala praxis de las autoridades y confesiones falsas, pidiendo a los asistentes a seguir trabajando en la prevención de estos errores en Chile.

“Hay inocentes en prisión en todo el mundo, no hay un sistema penal perfecto”, aseguró, y luego dijo que “es esencial que aprendamos de estos errores y hagamos las reformas necesarias para prevenir futuras condenas injustas”.

Rodrigo Ríos, abogado y miembro del Comité Editorial del “Proyecto Inocentes”, habló sobre los errores más comunes en el sistema de justicia en Chile, enfocándose particularmente en el abuso de la prisión preventiva. Se refirió a la necesidad de reformas legislativas para reducir la incidencia de estos errores y destacó la importancia de elevar los estándares de investigación y actualizar los “criterios jurisprudenciales” para proteger mejor las garantías fundamentales.

Alexis Matamala, de la Defensoría Penal Pública, encargado de cerrar la jornada, compartió ejemplos concretos de personas afectadas por errores judiciales y criticó la cobertura mediática que, en ocasiones, estigmatiza a los inocentes.

“Es un problema que tiene costos, y salir de ahí tiene muchos más costos”, aseguró el ejecutivo. “Vivimos en un mundo donde nuestro nombre está en internet, y cuando tu nombre se asocia públicamente a un delito, ese estigma puede afectar cada aspecto de tu vida,” comentó, destacando la necesidad de una mayor sensibilidad en el manejo de información e implementación de mecanismos de reparación.