Lo ocurrido en Calama la semana pasada nos invita a reflexionar y a plantearnos desafíos concretos para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Porque lo sucedido no fue un accidente, ni un hecho aislado, ni puede entenderse únicamente como un problema individual de salud mental.

Existe una tendencia a explicar la violencia adolescente como un desborde impulsivo. Sin embargo, cuando la violencia es grave, organizada o dirigida, esa explicación resulta insuficiente. La adolescencia es una etapa marcada por un cerebro en transición: alta reactividad emocional, una capacidad de control inhibitorio aún en maduración y una fuerte necesidad de pertenencia. Pero ese marco, por sí solo, no explica la violencia extrema.

En este sentido, lo que observamos no es solo impulsividad, sino la acumulación de experiencias negativas que no fueron suficientemente abordadas; la consolidación de narrativas internas que se rigidizan y la presencia de señales que, aunque disponibles, no siempre logramos interpretar oportunamente. Porque las señales, en muchos casos, están, pero como sociedad aún tenemos desafíos en su lectura e integración.

También persiste una tendencia a normalizar ciertas conductas bajo la idea de que “son propias de la edad”, invisibilizando indicadores que, en otro contexto, serían motivo de alerta.

En este punto aparece una dificultad relevante: tendemos a abordar estos fenómenos principalmente desde el espacio escolar, sin considerar que hoy el desarrollo adolescente ocurre tanto en el plano físico como en el digital. Y en este último circulan contenidos y modelos de violencia que muchas veces carecen de un contrapeso adulto efectivo.

No estamos frente a jóvenes más “violentos” por naturaleza, sino frente a jóvenes expuestos a formas de violencia y de construcción de sentido que han cambiado significativamente en el tiempo. La validación social, la exposición constante y la posibilidad de amplificación de ciertos discursos configuran un entorno que complejiza aún más la intervención.

A esto se suma la fragmentación en las formas de abordaje. La conducta se gestiona en el ámbito educativo, la salud mental en el sistema sanitario, y la familia —por múltiples razones— no siempre logra integrarse de manera activa en estos procesos. Esto dificulta una comprensión global de las trayectorias y limita la posibilidad de intervenir de manera oportuna. A menudo, cada sistema actúa desde su propio marco, con tiempos y lenguajes distintos, lo que reduce la eficacia de las respuestas y diluye la responsabilidad compartida.

De este modo, cuando ocurre un evento de esta magnitud, suele percibirse como sorpresivo. Sin embargo, muchas veces corresponde a la expresión final de una serie de desconexiones previas: entre el adolescente y sus pares, entre el adolescente y los adultos significativos, y entre los sistemas llamados a acompañarlo y protegerlo. No es que no existieran señales, sino que no logramos articularlas en una lectura coherente que permitiera anticipar el riesgo.

Los desafíos que tenemos por delante son múltiples. Entre ellos, fortalecer la capacidad de leer procesos más que eventos, intervenir tempranamente en las trayectorias de riesgo y avanzar hacia una mayor articulación entre familia, educación y salud. Esto implica también desarrollar herramientas concretas para adultos significativos (docentes, cuidadores, equipos de salud) que permitan identificar cambios conductuales relevantes y actuar sin dilación.

Asimismo, es necesario promover espacios de diálogo que integren el mundo digital como parte del desarrollo adolescente, no como un ámbito ajeno. Comprender qué consumen, cómo interactúan y qué significados construyen en esos entornos es clave para cualquier estrategia preventiva efectiva.

Porque cuando un adolescente llega a ejercer violencia extrema, la pregunta no es solo qué ocurrió en ese momento, sino también en qué punto dejamos de comprender lo que estaba pasando y cómo podemos, como sociedad, mejorar nuestra capacidad de verlo a tiempo.