El pasado 18 de diciembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana dentro del sistema federal de control de sustancias, trasladándola desde una categoría de mayor riesgo a otra que reconoce usos médicos aceptados y un menor nivel de peligrosidad.

La medida pasó casi desapercibida en medio del intenso inicio de 2026, marcado por la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, el impacto del cambio de categoría de la planta podría ser profundo no sólo en el país del norte, sino en todo el mundo.

En la práctica, la reclasificación de esta sustancia significó sacarla de la Lista I —donde se ubican drogas como la heroína o el LSD— y trasladarla a la Lista III, donde entran medicamentos como la codeína, la ketamina o los barbitúricos. Según medios como Forbes o la BBC, se trata del “cambio más significativo en la política de drogas del país desde 1970”.

Aunque el cannabis seguirá siendo ilegal a nivel federal, la nueva resolución permitirá ampliar la investigación científica sobre sus posibles beneficios terapéuticos. Así lo explica el académico Pablo Galain, director del Magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello e investigador especializado en políticas de drogas, quien sostiene que esta medida es parte de un proceso iniciado hace más de una década.

“Con ímpetu desde 2012, más de 30 estados comenzaron a regular el consumo de cannabis, tanto recreativo como medicinal, porque se había convertido en una necesidad”, explica.

Entre los factores que influyeron en la decisión, añade Galain, está el agotamiento del prohibicionismo heredado de la administración de Richard Nixon. “Ese enfoque ya no podía seguir frenando los avances científicos”, afirma. El descubrimiento del sistema endocannabinoide en el cuerpo humano, señala, ha demostrado que la planta posee múltiples efectos, algunos potencialmente beneficiosos para la salud, dependiendo de la combinación de sus componentes.

Una lectura similar plantea el psicólogo, doctor en Antropología y académico Mauricio Sepúlveda, quien ha dedicado gran parte de su carrera a investigar los patrones de consumo de drogas en el país. Sepúlveda explica que la reclasificación de la marihuana viene a corregir una “contradicción legal”, permitiendo avanzar en un mercado que ya existía de facto.

A juicio de Sepúlveda, la medida tiene tres efectos principales: entregar una mayor coherencia normativa, permitir expansión de la investigación clínica y farmacológica, y una posible descompresión del sistema penal.

“Al reducir la clasificación, se disminuye la carga sobre el aparato judicial y penitenciario”, argumenta.

La realidad en Chile: alto consumo y disparidad en su tratamiento penal

La decisión del Presidente Trump de recalificar el estatus de la marihuana en la escala de drogas se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2019 y 2020, respectivamente, avanzaron en la misma dirección respecto a la fiscalización del cannabis.

A nivel global, la regulación ha progresado con rapidez, aunque de manera desigual. Hoy, cerca de 50 países permiten su uso medicinal, pero sólo una decena ha habilitado mercados recreativos, siendo Alemania el último en hacerlo, en 2024.

En América Latina, Uruguay y Chile destacan entre los países con mayores tasas de consumo. Para Pablo Galain, esta tendencia internacional opera como “un dominó que ya es muy difícil de frenar”, salvo en países con fuertes intereses ideológicos, religiosos o geopolíticos en mantener la prohibición, como Rusia o China.

“La lucha contra las drogas sigue existiendo en Estados Unidos, pero el cannabis comienza a salir de ese concepto”, sostiene, lo que inevitablemente abre discusiones en otros países sobre su estatus legal.

En el caso chileno, el Decreto Supremo Nº 867 –reglamento que sostiene a la Ley 20.000– sitúa a la marihuana en la Lista I o lista de “drogas peligrosas”, junto a otras como la cocaína o las anfetaminas, es decir, sustancias estupefacientes o psicotrópicas que producen dependencia física o psíquica y que pueden provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

Este decreto, además, es el que permite perseguir penalmente incluso a quienes consumen marihuana según prescripción médica –por ejemplo, bajo la figura de porte con fines de tráfico– si no cumplen estrictamente con todos los requisitos legales.

¿Qué hace falta para que la marihuana pudiera bajar de categoría en Chile y ser considerada una droga “menos peligrosa”, especialmente considerando el auge de su uso medicinal? Los especialistas en la materia explican que su análisis debiera centrarse en la evidencia científica y no en su vínculo con el narcotráfico o la persecución penal.

Desde el punto de vista sanitario, el consenso es este: el cannabis no es una sustancia inocua, pero tampoco presenta el mismo perfil de riesgo que otras drogas clasificadas en la categoría más alta.

La psiquiatra Cynthia Zavala, directora de la Escuela de Medicina de Universidad Andrés Bello, explica que el consumo de marihuana se asocia a ansiedad, alteraciones cognitivas y de coordinación, riesgos cardiovasculares y, en algunos casos, a trastorno por uso de cannabis. Además, su consumo en menores de edad “aumenta el riesgo de síntomas psicóticos y afecta el neurodesarrollo”, advierte. Sin embargo, no es habitual ni la sobredosis ni la muerte por intoxicación a partir del consumo de cannabis.

En la misma línea, Mauricio Muñoz, director de Química y Farmacia de la UNAB, pone énfasis en los peligros de ser consumida por menores de edad, ya que el cerebro continúa madurando hasta cerca de los 25 años, y su uso temprano y frecuente se asocia a alteraciones en funciones como la memoria, la atención y el control ejecutivo.

A pesar de sus riesgos, las cifras oficiales del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) estiman en cerca de dos millones a los consumidores de cannabis, mientras que organizaciones sociales proyectan que el número real podría superar los cuatro millones, considerando el autocultivo y el uso medicinal no registrado.

Esto desencadena un creciente problema legal. A juicio de Simón Espinosa, fundador y director de En volá –uno de los principales medios de contenido educacional sobre cannabis en español– la relación de la sociedad chilena con la marihuana es desigual.

“El consumo de cannabis está ampliamente normalizado, sobre todo en sectores de mayores ingresos, mientras que en las zonas más pobres hay mayor persecución policial hacia los jóvenes y menor protección”, afirma Espinoza.

Desde la experiencia del medio –fundado en 2013– Espinosa sostiene que existe una contradicción entre la realidad del consumo y su tratamiento legal, ya que Ley 20.000 no distingue explícitamente entre marihuana y otras drogas ilícitas, pero en la práctica los tribunales sí aplican criterios diferenciados.

Esa ambigüedad se refleja en fallos judiciales dispares ante casos similares de porte de cannabis. “El mismo delito, la misma cantidad y las mismas condiciones pueden terminar en penas completamente distintas según el criterio del juez”, explica.

El problema del Decreto 867

En su programa de gobierno, el Presidente Gabriel Boric propuso el compromiso de analizar “cambios a la Ley 20.000 para que el consumo recreacional del cannabis sea legal para mayores de edad”. No obstante, el Mandatario no ha vuelto a hablar del tema en ninguna de sus cuentas públicas.

De hecho, la última legislación aprobada en relación al tema fue en febrero de 2023 bajo la Ley 21.575, donde una indicación impulsada por la diputada por el distrito 12, Ana María Gazmuri, permitió proteger a los usuarios de cannabis medicinal dentro del marco de la conocida “ley antinarcos”.

Gazmuri, una de las pocas congresistas que discute abiertamente el tema, reconoce su decepción ante la actual administración. “El programa de gobierno hablaba explícitamente de terminar con la persecución de los usuarios de cannabis, y eso está muy lejos de ocurrir en Chile”, señala.

Gazmuri comparte que a comienzos de 2026 “la situación es incluso más grave”, con pacientes de cannabis medicinal que optaron por el autocultivo para acceder a su tratamiento médico amparados en la normativa vigente, pero que siguen siendo detenidos y procesados.

Al no existir protocolos claros, con bajadas desde el Ejecutivo hacia las policías y poderes judiciales, se siguen judicializando casos de personas que cuentan con receta médica. “La Fiscalía actúa bajo la lógica de que, mientras el Ejecutivo no haga nada, ellos seguirán operando igual que siempre”, sugiere.

El problema es que mientras el consumo y el autocultivo siguen siendo perseguidos penalmente, los mercados ilegales continúan operando sin mayor interferencia. Para varios de los entrevistados, esta contradicción es central, ya que el foco del Estado sigue puesto en los usuarios, mientras que el narcotráfico permanece prácticamente intacto.

La permanencia del cannabis en una categoría de alta peligrosidad tiene un efecto concreto: mantiene a millones de consumidores dependiendo del mercado ilegal. Y ese mercado es hoy uno de los principales motores del crimen organizado.

Silvio Cuneo, doctor en Derecho y especialista en jurisprudencia de drogas, señala que el aumento de los homicidios en los últimos 15 o 20 años –aunque haya habido leves bajas recientes– se explica por la instalación de estas redes.

“Hoy, Chile es un país de salida de droga, especialmente por puertos como San Antonio, y eso trae consigo violencia armada incluso en comunas de clase media”, desarrolla Cuneo.

En este escenario, además, la marihuana es como la clase turista en las aerolíneas.

“Las aerolíneas no hacen su ganancia con los turistas, sino con la clase ejecutiva”, dice Pablo Galain. En las sustancias pasa algo parecido: la marihuana es masiva, pero lo que realmente deja dinero sigue siendo la cocaína, por las dificultades de su producción y transporte.

En ese sentido, quitarles a los actores del mercado negro solo un producto como el cannabis puede que no reduzca sicariatos ni enfrentamientos entre bandas, pero sí permitiría proteger a los consumidores, explica.

Camilo Obregón, presidente de la Fundación Reduciendo Daño, organización dedicada a educar y testear drogas en eventos masivos en Concepción, puntualiza que la Ley 20.000 es “poco consecuente” con lo que plantea.

“Permite el consumo, pero no entrega herramientas reales para que las personas accedan de manera segura”, expresa, agregando que la legislación, más que favorecer el uso medicinal, ha obligado a que los consumidores, recreativos o terapéuticos, busquen formas de adaptarse a lo que la ley permite.

“En la práctica genera ‘falsos pacientes’, personas que obtienen recetas de cannabis para poder acceder legalmente a la sustancia”, visualiza.

El caso uruguayo

Uruguay suma 12 años de experiencia en la regulación de la planta. Gabriel Rossi, secretario nacional de Drogas en dicho país, en conversación con LT BOARD, comparte que esta nación no busca exportar su modelo, sino ofrecer evidencia acumulada para el debate regional.

Actualmente, el acceso legal al cannabis en Uruguay se estructura en tres vías reguladas: autocultivo, clubes de cannabis y farmacias habilitadas. Cada persona puede optar sólo por una modalidad. En el caso de los clubes, los miembros reciben hasta 40 gramos mensuales por persona, mientras que las farmacias operan bajo un sistema de registro y control biométrico.

A diciembre de 2025, las cifras oficiales muestran que existen 10.400 autocultivadores registrados, 83.500 personas comprando cannabis en farmacias, y 19.500 miembros de clubes, distribuidos en 557 clubes de cannabis. Desde 2017, el crecimiento ha sido sostenido. Ese año había apenas 10 farmacias habilitadas; hoy el número bordea las 60, junto con un aumento progresivo de personas inscritas en todas las modalidades.

Según Rossi, esta consolidación ha permitido que una parte significativa de los consumidores abandone el mercado informal.

“En estos diez años, el mercado regulado ha incorporado alrededor de 80 toneladas de cannabis, lo que equivale a unos 160 millones de dólares que dejaron de ir al mercado ilegal”, puntualiza el secretario nacional de Drogas de Uruguay.

Respecto al consumo de cannabis, Rossi señala que no se observan aumentos significativos en la prevalencia tras la regulación. Las encuestas muestran variaciones leves y, en el caso de estudiantes, una tendencia a la baja, que deberá confirmarse con los datos de 2026.

“No se produjo un escenario de caos ni problemas graves”, afirma desde su promulgación en 2013, destacando que tampoco hubo incrementos asociados a violencia o crimen durante la implementación.

El énfasis actual de la política pública, asegura Rossi, está puesto en prevención y tratamiento, sin promover el consumo.

Al igual que el resto de los entrevistados, Gabriel Rossi advierte que el cannabis no es una sustancia inocua: puede generar en algunas personas psicosis, ansiedad y efectos negativos en el desempeño cognitivo, afectando el rendimiento académico y laboral. “Esto no significa que una persona vaya a fracasar, pero sí que su rendimiento podría ser mayor si no consumiera cannabis”, explica.