Boluarte se enreda en versiones en su batalla legal, mientras que la batalla política se complica. Este viernes, la presidenta peruana tendrá mucho que explicar cuando vaya al despacho de la Fiscalía de la Nación: se le acusa de “enriquecimiento ilícito” y delito contra la fe pública, en un caso que va tomando mayor complejidad a medida que se ven las cosas que dijo la mandataria, y se comparan con las que se encuentran en su allanamientos.

Uno de los “relojes de antaño” a los que se refirió Boluarte en su primera referencia al caso Rolex terminó siendo, según su tarjeta de garantía, “comprado en 2023″. Si la investigación empezó con la denuncia por el uso de cuatro relojes Rolex, cada uno de entre 15 mil y 20 mil dólares, ahora también entra en el caso la procedencia de joyas y marcas de lujo usadas por la presidenta.

Esas joyas, que la presidenta habría usado en distintos eventos públicos, no fueron encontradas en los allanamientos realizados este viernes y sábado pasado, tanto en el domicilio personal de Boluarte como en las oficinas de Palacio de Gobierno. Por lo visto, de haber sido encontradas las joyas, habría sido mejor para la presidenta: ahora los fiscales evalúan ampliar la investigación “por obstaculización a la justicia o encubrimiento contra ella, alguno de sus familiares o colaboradores”.

En medio de la tormenta mediática que ha generado el caso Rolex, el domingo la presidenta decidió huir hacia adelante. “Acudo a su despacho a fin de solicitar se tome mi declaración indagatoria de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación”, pidió la presidenta a la Fiscalía, con el fin de cerrar lo más pronto posible el tema.

“En vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias que su despacho viene realizando”, indica la carta. El encuentro entre la presidenta y el fiscal estaba fijado para el viernes 5 de abril, y luego de que Fiscalía decidiera negar la solicitud, la fecha se mantiene.

En un mensaje público, la presidenta criticó la persecución que estaría pasando: “Por recomendación de mi abogado no voy a declarar sobre el tema de los relojes hasta que declare ante la Fiscalía. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa por lo que usa o no usa la presidenta? Espero que no sea por un tema sexista o de discriminación”.

Los allanamientos de este viernes y sábado pasado siguen dando que hablar, más por lo no encontrado que por lo encontrado. Se supo, entre otras cosas, que en el allanamiento al Palacio de Gobierno, Boluarte habría confrontado al fiscal Hernán Mendoza, negándose a entregar los Rolex porque “no se trataba de una diligencia de exhibición”.

Los relojes no encontrados, siguiendo el reportaje de La Encerrona, son tres Rolex Datejust 36 (entre 15.200 y 22.500 dólares), y del modelo Day-Date (de casi 18.000 dólares). Lo que sí fue encontrado, y trae más problemas a Boluarte, fue la tarjeta de garantía de un Datejust 36, con diamantes alrededor del cuerpo del reloj e incrustaciones en los números seis y nueve.

En esta tarjeta de garantía se asegura que el objeto fue comprado el 8 de julio del 2023, contradiciendo lo dicho por la presidenta de que se trataba de relojes “de antaño”. Por su parte, el dueño de la tienda que vendió el artículo informó a Fiscalía que Boluarte no es cliente de su tienda, ni que ha comprado nada en ella. Por esto mismo, el reloj sería un regalo.

El frente legal seguirá abierto, y mañana miércoles tiene fecha otro evento importante en el frente político: el pedido de voto de confianza que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, tiene que hacer en el Congreso peruano, junto con todos los miembros de su gabinete. La crisis de los Rolex estalló en el momento perfecto, y Perú Libre, el partido que ya envío una moción de censura para Boluarte, aseguró que “en coherencia con su programa e ideario” habían decidido no otorgarle la confianza al gabinete de Adrianzén.

En miras a mejorar sus posibilidades en el voto de confianza de este miércoles, Boluarte realizó cambios en seis ministerios de su gabinete: Interior, Educación, Desarrollo Agrario, Producción, Comercio Exterior y Turismo, y Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Uno de los que se fue en directa asociación con el caso Rolex fue Víctor Torres, el exministro de Interior, que fue reemplazado por Walter Ortiz Acosta. Torres había renunciado luego de que lo cuestionaran por la participación de agentes de la Policía Nacional en los allanamientos a Boluarte. “A mí no me han botado ni me han censurado [en el Parlamento], yo me voy tranquilo”, declaró luego de abandonar el Consejo de Ministros.

Toda la historia del caso Rolex empezó el lunes 18 de marzo, cuando el programa La Encerrona publicó fotos y videos de la Presidenta Boluarte, luciendo distintos relojes de lujo en eventos públicos. De ahí, la Fiscalía peruana abrió “diligencias preliminares”, por los presuntos delitos asociados al “uso de relojes de la marca Rolex”.

En paralelo con la Fiscalía, la Contraloría comenzó otro proceso de recopilación y evaluación de las declaraciones de ingresos, bienes y rentas de la mandataria. La idea sería poder rastrear de dónde salió el dinero con el que Boluarte compró los relojes, que, según la justicia peruana, llegarían a ser diez.

El Ejecutivo reaccionó indignado. La misma Boluarte, en la primera ocasión que tuvo para referirse al tema, aseguró que se trata de artículos “de antaño”, relojes que tiene desde hace tiempo atrás. “Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio con las manos limpias y saldré con las manos limpias. Lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo”, declaró la presidenta.

Las explicaciones oficiales no bastaron, y en un operativo bien mediatizado, un grupo de uniformados y fiscales irrumpieron en la casa de Boluarte, llegando a derribar su puerta con una barra de hierro el pasado viernes. Después de registrar la casa, los agentes partieron a la Casa de Pizarro, el palacio presidencial peruano, para registrar la oficina de la mandataria, que en ese momento se encontraba en el lugar.