Cuatro jornadas de movilizaciones en contra la reforma tributaria promovida por el Presidente Iván Duque, han dejado al menos 6 fallecidos, más de un centenar y 249 detenidos por “vandalismo” según informó la policía colombiana en un balance donde asegura que además hay 330 uniformados lesionados.

Finalmente, el gobierno resolvió retirar del Congreso la polémica iniciativa.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró en su cuenta de Twitter que “no tenemos ningún fallecido ni herido por arma de fuego. Desafortunadamente hay 72 personas con lesiones menores y 10 de mayor gravedad en medio de disturbios”.

A la vez, que destacó que la jornada del 1 de mayo se desarrollaron varias movilizaciones pacíficas que terminaron sin disturbios, pero lamentó que 12 personas resultaron heridas durante el Día del Trabajador.

López además anunció que investigará las denuncias de abuso policial que han recibido en las últimas horas.

En Cali, en tanto, la policía local confirmó que desde el inicio del paro convocado movimientos sociales y gremios se han registrado un total de 10 fallecidos “por causas no especificadas”.

A través de redes sociales comenzó a circular el video de un joven que recibió dos disparos en su espalda tras golpear a un agente de policía en dicha ciudad. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, compartió la grabación y confirmó la identidad de la persona y emplazó a la Fiscalía Nacional colombiana y a la Procuraduría General de la República a “adelantar investigaciones prontas y creíbles”.

En ese sentido, Vivanco indicó que han recibido “graves denuncias de abusos policiales por parte de agentes de la Policía de Colombia contra manifestantes en Cali” y añadió que “la ciudadanía tiene todo el derecho a manifestarse y debe hacerlo de forma pacífica”.

Por otro lado, un total de 97 ONGs firmaron un documento en el que denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas contra la reforma tributaria.

En el sentido, han pedido a la CIDH que le exija al Gobierno colombiano “medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales”.

Tras el anuncio del Presidente Iván Duque sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en los principales centros urbanos colombianos, algunas autoridades locales rechazaron la medida anunciada por el jefe de Estado.

López destacó que que las movilizaciones del 1 de mayo fueron pacíficas y “no se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización” en Twitter, en un mensaje de fue posteriormente borrado.

Palabras similares tuvo su par de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que “no solicitará asistencia militar adicional en el marco de las movilizaciones actuales”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Ospina, indicó en estar en contra de la militarización e hizo un llamado a retirar el proyecto de reforma tributaria.