Uno de cada cuatro franceses ha rechazado un trabajo porque no tiene cómo llegar. Por otro lado, el sector transporte lidera en la emisión de gases de efecto invernadero, con el 30% del total, y es el primer factor de gasto para los hogares, frente a la vivienda y la alimentación. Además, siete de cada 10 personas conducen a sus trabajos. En estas cifras se basó el gobierno francés para desarrollar el proyecto de "ley de orientación para las movilidades"(LOM), que aprobó el Congreso el mes pasado, pero que aún no logra superar la última etapa en la que los parlamentarios lleguen a un acuerdo para su adopción final.

El gobierno de Macron busca ir a la vanguardia en temas de movilidad ecológica. La LOM, aprobada después de intensos debates, tiene como objetivo reducir la división territorial en materia de transporte y atacar la emergencia ambiental. Así, el fin de la venta de vehículos que funcionen con combustibles fósiles (bencina, diésel y gas natural) para 2040, un marco regulatorio para los scooters, programas para incentivar el uso de autos compartidos, y una remuneración extra por ir a trabajar en bicicleta, son algunas de las medidas que contiene el texto de más de 140 artículos. "Este texto es uno de los más importantes del período de cinco años (de Macron)", sostuvo el diario Le Figaro.

El proyecto, que prevé un programa de inversión de 13.400 millones de euros, pretende mejorar el transporte diario de los franceses haciéndolo más eficiente y menos contaminante, con inversión en ferrocarril, apertura de carreteras, reforma del permiso de conducir, la posibilidad de volver a los 90 km/h en lugar de 80, impuesto ecológico en boletos de avión, etc. "Esta ley es esencial para reenfocar nuestras políticas de movilidad, para lograr una mayor justicia social y territorial, para comprometernos resueltamente con la transición ecológica de la movilidad", resumió la ministra de Transportes, Élisabeth Borne. De cierta forma, el Ejecutivo busca aplacar el inicial descontento de los "chalecos amarillos", que se basaba principalmente en las dificultades y altos costos a la hora de movilizarse en los sectores más rurales de Francia.

"Proactividad climática"

Los pilares de la legislación, según se lee en el propio texto, son solucionar los problemas de movilidad "para todos y en todos los territorios"; acelerar el crecimiento de nuevas soluciones de movilidad aprovechando nuevas formas como el uso compartido de vehículos y autos autónomos; alcanzar la transición ecológica de la movilidad; y asegurar el buen funcionamiento de los transportes públicos.

Para el investigador del think tank francés IRIS, Jean-Yves Camus, Francia busca ser un referente en temas de transición ecológica. "El Presidente Macron criticó a Trump cuando sacó a EE.UU. del Acuerdo de París, y tenía razón, pero entonces debe estar a la altura de lo que está en juego", explica a La Tercera y añade que también "surge una presión política que proviene de una verdadera consciencia sobre la emergencia ambiental". "Ya no será posible administrar una ciudad sin ser muy proactivo en temas climáticos", advierte.

El proyecto también incluye el "Plan de la bicicleta", que fue presentado en septiembre y que pretende triplicar su uso para 2024. Entre las medidas que se incluyen se menciona la creación de un fondo de 350 millones de euros para adaptar las calles con ciclovías, que los servicios de trenes (SNCF y RATP) aseguren estacionamientos con seguridad para las bicicletas antes del 1 de enero de 2024. También, se pondrá en marcha el marcado obligatorio de bicicletas -una especie de patente- para combatir los robos de éstas.

Pero el transporte público francés también busca ser mejorado y el texto plantea que, entre otras medidas, la detención de los buses nocturnos sea solicitada por los pasajeros para que así puedan bajarse más cerca de sus hogares en vez de hacerlo obligatoriamente en los paraderos.