Los nuevos flujos migratorios en la frontera complican a Donald Trump

Uno de los principales temas de la campaña de Donald Trump en 2016 fue la "cuestión migratoria". Así, desde que asumió la Casa Blanca, el Presidente republicano ha presentado a los migrantes ilegales como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Incluso ha dicho que "tenemos una invasión de drogas y criminales que vienen a nuestro país".

El plan de Trump para crear un muro en la frontera sur de México era una de sus grandes promesas electorales. Pero hasta ahora, muchas medidas han demostrado ser tan infructuosas como impopulares, con imágenes dramáticas, como la de esta semana de un padre salvadoreño y su hija de un año y 11 meses ahogados en México cuando intentaban cruzar el río Bravo.

Los arrestos de migrantes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en la frontera con México han alcanzado niveles históricos durante los últimos meses. Los agentes realizaron 132.887 arrestos en mayo, la cifra más alta desde 2007. Y según el Missing Migrant Policy, en lo que va de 2019 han muerto 170 personas en la frontera.

La última de estas polémicas medidas se instauró en enero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunció los protocolos para la protección de los migrantes. La medida obligaba a los solicitantes de asilo regresar a México para esperar mientras se procesa el trámite de su solicitud en los tribunales migratorios estadounidenses. El plan ha provocado que más de 11 mil solicitantes de asilo hayan sido devueltos a México.

A esto se ha sumado el debate por las condiciones de quienes esperan detenidos en los centros migratorios en el lado estadounidense, donde los migrantes carecen en muchas ocasiones de jabón, mantas, pasta de dientes o duchas.

"La administración de Trump podría (y debería, por ley) haber respondido aumentando el número de jueces, instalaciones de apoyo familiar y trabajadores sociales asignados para hacer frente a la frontera. Pero no lo hicieron, porque bajo su objetivo de revertir las reformas de 1965,cuando las leyes de inmigración se liberalizaron, no querían fomentar la migración desde América Latina", señala a La Tercera Jack Goldstone, experto en migración del Wilson Center.

Recién esta semana, el Congreso logró aprobar US$ 4.600 millones para atender a los migrantes en la frontera con México, inyectando financiamiento a las instalaciones fronterizas. Los demócratas buscaban que el proyecto incluyera mayor protección para los menores, pero no lograron el apoyo necesario.

Los expertos advierten que la naturaleza de los flujos migratorios hacia EE.UU. han cambiado y que la administración de Trump no ha adaptado sus políticas a esta nueva realidad. La mayoría de los que cruzan la frontera son inmigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), que huyen de la violencia, pobreza e inseguridad en sus respectivos países.

"Una de las primeras políticas fue la de tolerancia cero, que buscaba desalentar este nuevo patrón migratorio que EE.UU. no había visto mucho antes, que es la llegada de familias de Centroamérica. Y lo que ha hecho la administración es no reconocer que esto se trata de un flujo diferente y usa las mismas prácticas que utilizaba con los migrantes hombres mexicanos anteriormente", explica a La Tercera Michelle Mittelstadt, experta del Migration Policy Institute.

Así, en mayo de 2018 se anunció que todas las personas que cruzaran las fronteras serían procesadas penalmente, mientras sus hijos serían enviados a albergues. Las imágenes de niños solos y padres destrozados por no poder estar con sus hijos dieron la vuelta al mundo y provocaron una amplia protesta que generó numerosas separaciones familiares. En junio de 2018, Trump emitió un decreto presidencial para poner fin a esta medida.

Trump también ha presionado a México para que tome cartas en el asunto. El 30 de mayo, amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México si ese país no lograba frenar el flujo de migrantes ilegales. Finalmente, Trump le dio 45 días a México para implementar medidas y el gobierno de AMLO ya ha enviado a su frontera norte 15 mil guardias y 6.500 a la frontera sur.

Además, el gobierno mexicano sostuvo esta semana reuniones con representantes del gobierno de Guatemala para analizar las medidas necesarias para regular el flujo migratorio.