Lulinha en la mira: investigación a hijo de Lula en caso de fraude a pensiones impacta en su campaña por la reelección
La última encuesta de Atlas Intel colocó por primera vez a Flávio Bolsonaro por delante del actual mandatario brasileño en un escenario de segunda vuelta para las elecciones de octubre. Las investigaciones sobre la presunta implicación de Lulinha con un esquema de malversación de fondos estaría afectando la campaña de su padre, según los analistas.
Hace dos semanas, la prensa brasileña ya destacaba que el ascenso del senador Flávio Bolsonaro en las encuestas y el daño político causado por las sospechas sobre Fábio Luís Lula da Silva –conocido como Lulinha– habían comenzado a preocupar a los cercanos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a las elecciones de octubre, donde el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) busca la reelección.
Y esos temores se hicieron una realidad tras la última encuesta del instituto Atlas Intel, encomendada por la agencia de noticias Bloomberg, que colocó por primera vez, al primogénito del expresidente Jair Bolsonaro por delante del actual mandatario en un escenario de segunda vuelta para las elecciones.
Flávio, que como su padre milita en el Partido Liberal (PL), ganaría con el 47,6% de los votos frente al 46,6% del líder petista en una hipotética segunda vuelta.
La encuesta también analizó otros escenarios de segunda vuelta que confirman la debilidad del actual gobierno frente a la derecha. El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, también superaría a Lula con un 47,2%, mientras que la ex primera dama, Michelle Bolsonaro, aparece prácticamente empatada con el mandatario, obteniendo un 47% frente al 46,8% del líder de la izquierda.
En declaraciones a UOL, Yuri Sanches, jefe de análisis político de Atlas/Intel, señaló que el escenario electoral para 2026 supone una advertencia para el gobierno y para las aspiraciones de reelección del presidente Lula.
“El escenario que tenemos es una advertencia para el gobierno y para las aspiraciones de reelección del presidente Lula. Ya hubo una advertencia en febrero del año pasado, cuando se produjo un empate técnico con el 46% de las intenciones de voto entre Flávio Bolsonaro y el presidente Lula en este escenario de segunda vuelta”, apuntó.
Aunque Sanches destaca que los resultados del sondeo publicado el miércoles muestran un “empate técnico”, “esto vuelve a ser una señal de alerta, indicando que el gobierno no ha experimentado ninguna recuperación con respecto a febrero”.
“Mientras tanto, se observa una mayor consolidación de la candidatura de Flávio Bolsonaro, quien se acerca al nivel que Jair Bolsonaro alcanzó en la primera vuelta de 2022 contra Lula, con el 43% de los votos válidos”, detalla el jefe de análisis político de Atlas/Intel.
“Lo que resulta evidente es precisamente esto: un escenario interno y externo con diversas condiciones que el gobierno de Lula ha tenido dificultades para manejar de manera que la población perciba como eficaz”, agrega.
Al respecto, uno de los factores clave detrás de este escenario es el deterioro en la imagen del gobierno. Según la encuesta, la desaprobación de la gestión de Lula alcanza el 54%, mientras que la otra mitad de los encuestados califica su administración como “mala o pésima”.
Este desgaste responde, en parte, a la situación económica y al impacto del contexto internacional, la cual según varios economistas afectó gravemente a la recuperación del país después de la pandemia. A esto se suman denuncias y escándalos en el ámbito financiero que también afectaron a la credibilidad del oficialismo.
Y dentro de esos escándalos enumera el caso del hijo de Lula. “Poco después, surgió un nuevo escenario en torno a la corrupción: la Comisión Parlamentaria de Investigación del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social), las investigaciones sobre la presunta implicación de Lulinha, los asuntos relacionados con Banco Master y las obligaciones del Tribunal Supremo Federal”, dijo Sanches.
De hecho, otro sondeo de Atlas Intel difundido este jueves, apunta que el 39,5% de los brasileños considera que los aliados del presidente Luiz Inácio Lula da Silva están más involucrados en el esquema de Banco Master, mientras que el 28,3% asocia el caso más con personas cercanas al expresidente Jair Bolsonaro.
El Banco Master fue liquidado en noviembre por el Banco Central por la acusación de fraude. Tenía más de 7.000 millones de dólares en deudas a unos 800.000 inversores. Pero, según Infobae, lo que está emergiendo de las investigaciones de la Policía Federal brasileña es una red de clientelismo sin precedentes creada por Daniel Vorcaro, el dueño del Banco Master, para penetrar en la política e incluso en el Supremo Tribunal Federal (STF). Vorcaro estuvo en el palacio presidencial de Planalto al menos cuatro veces en 2023 y en 2024, pero no se ha hecho público con quién se reunió, agrega el medio.
El Calvo del INSS
En el caso de Lulinha, la Comisión Parlamentaria Conjunta de Investigación (CPMI) del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) aprobó el 26 de febrero el levantamiento del secreto bancario, fiscal y telemático del hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Lulinha es investigado por su posible conexión con un esquema de malversación de fondos multimillonaria que involucra deducciones ilegales de prestaciones de jubilación y pensión entre 2019 y 2024. En enero, el magistrado del Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizó la divulgación de los datos a solicitud de la Policía Federal, según reveló la prensa brasileña.
Relator del caso ante el tribunal, el magistrado aceptó la afirmación de la Policía Federal de que existía una “sospecha fundada” de que Lulinha había recibido al menos un pago de 300.000 reales (unos 57.000 dólares) del lobista Antônio Camilo Antunes, conocido popularmente como “Careca do INSS” (El Calvo del INSS).
Según la cadena Deutsche Welle, Antunes ha sido identificado como el principal operador del esquema, y la Policía Federal cree que el hijo del presidente pudo haber actuado como su socio silencioso. Antunes se encuentra en prisión desde septiembre.
Sin embargo, no está claro el grado de posible implicación de Lulinha en la trama, ya que terceros lo mencionan sin que exista ninguna indicación de participación directa.
Uno de los intereses de Antunes sería que Lulinha ejerciera presión en nombre de su empresa de venta de cannabidiol para obtener contratos con el Ministerio de Salud. Su abogado informó que se ha puesto a disposición del Tribunal Supremo para brindar aclaraciones tan pronto como la defensa tenga acceso a los expedientes del caso.
Según Folha de Sao Paulo, en sus conversaciones, Lula ha afirmado que las investigaciones deben continuar. Además de esta instrucción explícita al gobierno, el presidente reitera lo que ya había dicho en una entrevista: “Quien haya cometido un error, que pague”. El propio Lula relató, durante una entrevista con el portal UOL, que convocó a su hijo a Brasilia para exigirle explicaciones. El presidente afirmó haberle dicho a Lulinha que pagaría las consecuencias si había cometido algún delito.
Pero la prensa brasileña apunta al daño que el caso de Lulinha puede hacer a la campaña electoral de Lula. Ya en diciembre, la destacada columnista y comentarista de GZH, Rosane de Oliveira, aseguraba que “el silencio de Lulinha perjudicará la campaña de su padre en 2026”. Y, a comienzos de marzo, el diario Estado de Minas aseguró que “el daño a la campaña de Lula fue causado por la revelación de los ‘millones’ en la cuenta de su hijo”. “La valoración dentro del gobierno es que la imagen del presidente inevitablemente se verá perjudicada dadas las revelaciones sobre las transacciones financieras de Lulinha, incluso si no se encuentran irregularidades en los datos obtenidos por las investigaciones”, agregó.
Lulinha es el hijo mayor de Lula y Marisa Letícia. Biólogo graduado de la Universidad Paulista (Unip), comenzó su carrera como becario en el Zoológico de Sao Paulo. Poco después, se convirtió en socio de una empresa del sector de los videojuegos. En 2019, fue acusado de haber recibido presuntamente ventajas indebidas de la empresa Oi/Telemar entre 2004 y 2016.
Al año siguiente, Lulinha fue objeto de la Operación Lava Jato, bajo la sospecha de haber recibido pagos de Oi/Telemar a cambio de decisiones favorables a la empresa durante los gobiernos del PT. Todos estos casos fueron desestimados.
Según el portal Metrópoles, Lulinha reside en España desde julio, donde, según se informa, fue contratado por una empresa en Madrid.
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