Miles de vehículos llenan las calles de más de 50 ciudades en España contra nueva ley educativa

Varias personas muestran a través de sus autos banderas y globos de color naranja durante una manifestación de vehículos contra la Ley Celaá, en Madrid, este domingo. Foto: Europa Press

Los líderes de los partidos de oposición reiteraron que presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma impulsada por la ministra de Educación, Isabel Celaá.




La manifestación convocada por la Plataforma Más Plurales a favor de la educación concertada y contra la LOMLOE, la reforma educativa conocida como “Ley Celaá”, llenó este domingo de vehículos las calles de más de 50 ciudades en más 30 provincias españoles por la libertad de enseñanza.

Los ciudadanos, animados por la plataforma que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, se manifestaron para protestar contra la LOMLOE al grito de “Stop Ley Celaá”.

En Madrid, la marcha más numerosa, en la que participaron 5.000 vehículos según datos de la Policía Nacional facilitados por la Delegación de Gobierno, comenzó en torno a las 11.00 horas y finalizó sobre las 12.45 horas con la lectura de un manifiesto. La concentración transcurrió por el Paseo de la Castellana, en un circuito entre la Glorieta de Cuzco y la Plaza de Cibeles, donde los organizadores leyeron el texto contra la “Ley Celaá”.

Bajo el lema “Por el derecho a elegir la educación que queremos”, los manifestantes se movilizaron con vehículos en provincias de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana.

“No toleraremos límites ni recortes a nuestra libertad”

El manifiesto pide la protección y la continuidad de la pluralidad democrática del sistema educativo. “Ha llegado el momento de dejar claro que no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia”, sentenciaron los organizadores.

El texto defiende la complementariedad de las redes pública y privada-concertada y no admite que la LOMLOE “permite a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado”.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, camina por un pasillo del Congreso de los Diputados, el 19 de noviembre. Foto: Europa Press

Los manifestantes no aceptan el modelo de “inclusión radical” que, a su juicio, pretende la “Ley Celaá” y que conduce a los actuales centros de educación especial “a su progresiva desaparición”.

Asimismo, exigen “mejoras reales” para las personas de los centros educativos, ya que, en su opinión, la LOMLOE “abandona” a los profesionales de la concertada y de la educación especial “al no incluir ni una sola mejora para equiparar y mejorar sus condiciones laborales, además de poner en peligro sus puestos de trabajo”.

“Control político” de la educación

En el manifiesto, los organizadores también denuncian que, a través del “control político” de la educación, se está asistiendo a una “agresión de la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista”.

En este contexto, explicaron que la asignatura de religión se cursa “con absoluta normalidad” en España y es una “opción mayoritaria” de las familias españolas, que “eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada”.

Recursos ante el Tribunal Constitucional

Los manifestantes instaron a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad contra la “Ley Celaá” y les solicitarán manifestar “explícitamente” su compromiso de derogar esta ley “tan pronto como sea posible”.

En este sentido, el Partido Popular y Vox volvieron a insistir durante la marcha que presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma de la ley educativa impulsada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

En concreto, el presidente del PP, Pablo Casado, aseguró que cuando lleguen al gobierno derogarán esta ley porque “es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa”. “Es mala para el futuro de nuestros hijos”, sentenció el líder popular.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, junto a Jaime de Olano, Ana Pastor y Sandra Monero, anunciando una recolección de firmas contra la Ley Celaá en Madrid, el 10 de noviembre. Foto: Europa Press

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también anunció durante la manifestación que su formación recurrirá la “Ley Celaá” ante el Constitucional. “En España tenemos una gran materia prima, que son los españoles, que se merecen una educación de calidad y en libertad y no se merecen este ataque al español, a la educación concertada y a la educación especial”, dijo.

En representación de Ciudadanos, también acudió a la protesta la vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva Nacional de la formación naranja, Begoña Villacís, quien destacó que el PSOE “no puede permitirse suplantar a los padres” en lo que concierne a la educación de sus hijos. “Esto es un debate sobre la libertad”, señaló.

Celaá quiere “erradicar” la educación concertada

Durante la marcha, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, destacó el “gran error” de la ministra de Educación al querer “erradicar” la educación concertada y apostar sólo por una educación “única, pública y laica”.

“Hemos salido las familias para decirle a Celaá que no la queremos, no queremos su ley, queremos seguir existiendo y seguir trabajando por esa calidad educativa en España”, subrayó el presidente de CONCAPA, al tiempo que defendió que si de verdad se quiere garantizar la gratuidad de la educación tiene que “ser igual para las dos redes, tanto la pública como la privada”.

Así, criticó que la “imposición” que quiere este gobierno es para “garantizarse” unos Presupuestos Generales del Estado u “otras historias”. “Le pedimos la libertad de la familia, que tiene que respetarla. Esta ley lo único que hace es acabar con la red concertada”, lamentó.

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