Maricarmen Abascal, la mujer, cuyo caso gatilló las protestas contra los desalojos en España, murió el miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, según dio a conocer el Sindicato de Inquilinas en un comunicado citado por el diario El País.

La mujer de 87 años fue desalojada de su casa de Retiro, en la que vivió durante 71 años, el 23 de septiembre pasado. La adulta mayor tenía un contrato de renta antigua de 1956 heredado de su padre, y su situación provocó indignación popular que se tradujo en manifestaciones por la crisis de la vivienda en el país.

En 2018, la empresa Urbagestión había comprado su departamento por 240 mil euros. Con una pensión de 1.400 euros, la mujer nunca dejó de pagar el arriendo y las cuentas de unos 500 euros al mes en total, indicó El País.

El rriendo pasó de 500 euros a 2.650 euros.

En 2020 los propietarios le dijeron que debía dejar el departamento, porque el contrato ya había sido subrogado dos veces, primero a su madre, quien no aparecía como propietaria por una ley franquista, y luego a ella. Y desde entonces la intentaron desalojar cuatro veces y no aceptaron ninguna de las propuestas que recibieron, tanto para pagar la diferencia del arriendo, como para comprar el departamento.

“Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”, indicó el comunicado que también firman los abogados y la familia.

Los firmantes dijeron que lo ocurrido tras su desalojo, como las multitudinarias protestas, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general, supone “un antes y un después en la historia de este país”, pero advirtieron de que “el costo para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”. Y se despiden con la petición que ella les repetía: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.

Desde que se dio a conocer el desahucio de Maricarmen en septiembre, su caso generó indignación y motivó manifestaciones tanto en Madrid como en otras ciudades, encabezadas por personas inconformes con la falta de vivienda, el alza de precios y la especulación inmobiliaria.

Ante la situación, el presidente Pedro Sánchez emitió decretos con medidas que buscaban atender la crisis, como límites al aumento de las rentas o disposiciones para proteger a los inquilinos a quienes sus caseros ya no quisieran renovarles el contrato.

Sin embargo, el Congreso de España rechazó los decretos el viernes de la semana pasada y eso derivó en que el mandatario llamara a elecciones.