“Por el hecho de solicitar algún beneficio o prestación financiado con cargo a esta Partida, se deja constancia que, de acuerdo con la normativa vigente, los solicitantes han facultado el tratamiento de todo dato personal por parte de los organismos de la Administración del Estado, para la verificación del buen uso de los recursos públicos, dentro del ámbito de sus competencias”.

La cláusula se repite textual en prácticamente todas las partidas de la Ley de Presupuesto 2027 propuesta por el gobierno al Congreso según un hallazgo de La Tercera. Esto quiere decir que los ministerios la incorporaron, así como también se encuentra en la partida de Presidencia y de los gobiernos regionales.

La redacción es nueva. No estaba incorporada en el Presupuesto 2026 y responde a una idea que el gobierno ha instalado con fuerza desde que asumió: el supuesto fraude social en la entrega de beneficios, como el CAE, la PGU o la gratuidad. De esta última, de hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo parecerle “sospechoso” que cerca de 80 mil personas que la reciben declaren vivir solos.

En ese sentido, el Ejecutivo se propuso tomar acciones concretas para detectar este tipo de situaciones. Así lo explicita, de hecho, en una especie de folleto con el que destaca los principales hitos de su presupuesto.

“El Presupuesto 2027 protege los beneficios establecidos por ley e impulsa el cruce de datos, mejores compras públicas e indicadores de eficiencia en el Estado”, se lee en una parte de ese librillo.

Y sigue: “Proteger ese gasto significa asegurar que cada beneficio llegue a la persona que cumple los requisitos que fijó la ley. Para eso, el Estado cruzará información entre sus propios registros”.

En ese sentido, se detalla que la Dipres desarrolla la primera fase de estos cruces con 21 programas, entre ellos la PGU, el Subsidio Único Familiar, la gratuidad y el subsidio habitacional DS 49. “Lo que se revisa es si quienes reciben cada beneficio cumplían los requisitos al recibirlo y si los siguen cumpliendo, con datos del Servicio de Impuestos Internos, el Registro Social de Hogares, el Registro Civil y la Policía de Investigaciones”, se explica.

“Este es el primer paso; con sus resultados se impulsará su extensión gradual a toda la oferta de programas sociales. La meta es que, toda la oferta programática pase cada año por estos mismos chequeos de manera automatizada, como parte del ciclo presupuestario. Para eso, se impulsará un sistema permanente de verificación: los mismos criterios, aplicados a todos los programas, con cruces entre los registros del Estado que se actualicen año a año”, se agrega.

Desde ya, esto anuncia otro flanco de discusión. Por ejemplo, la senadora Yasna Provoste (DC), dice que “el gobierno se autoriza a sí mismo a utilizar datos personales de quienes postulen a programas sociales. Para este gobierno, la Constitución y la ley no protegen tus datos si eres pobre. Debemos poner freno a este atropello”. Su opinión es relevante considerando que preside la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, que comienza a consolidarse como el principal foco de rebelión.

Como sea, la incorporación de la cláusula se da en momentos en que está a punto de hacerse efectiva una modificación al artículo 59 del Código Tributario, realizado junto a la megarreforma del gobierno, el que posibilita al Servicio de Impuestos Internos (SII) a “requerir, recibir y efectuar cruces de información con datos nominados provenientes de todos los órganos de la Administración del Estado en la medida que ello resulte necesario para el correcto ejercicio de sus funciones de fiscalización y la correcta aplicación de los tributos”. A su vez, el SII tendrá que entregar a la Dipres información tributaria necesaria para validar los ingreso declarados por los beneficiarios de programas sociales.

Eso es lo que se busca con la incorporación de la cláusula, que sería un consentimiento por parte de un beneficiario para que sus datos sean utilizados y vendría a reforzar las facultades.

Por eso, de hecho, algunos ven como redundante la incorporación de esta cláusula en cada partida. Otros, en tanto, dicen que es una suerte de doble seguro que está tomando el gobierno en su afán de pesquisar a los beneficiarios.

Lo anterior, considerando que el mes pasado el propio gobierno presentó un proyecto de ley para extender la entrada en vigencia de la ley de protección de datos personales en un año y esa tramitación podría terminar significando algo que vaya en contra de sus aspiraciones.

En todo caso, nada de esto, aseguran en el Ejecutivo, cambia los requisitos ni los montos que la ley fija para cada persona.