A sus 92 años, el juez Alvin K. Hellerstein vuelve a quedar en el centro de la escena judicial internacional.

Sin estridencias ni protagonismo mediático, el veterano magistrado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) será quien dirija la primera audiencia judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, un hito inédito que concentra la atención de gobiernos, organismos internacionales y tribunales de todo el mundo.

No es la primera vez que su nombre aparece asociado a causas de alto voltaje político y jurídico, ya que desde hace décadas ha sido el juez al que llegan casos complejos, sensibles y políticamente explosivos del sistema judicial estadounidense.

Su trayectoria, marcada por decisiones que han tensionado la relación entre justicia y poder, ha hecho del SDNY una jurisdicción temida y respetada, especialmente en procesos vinculados a terrorismo, narcotráfico internacional, seguridad nacional y crímenes transnacionales.

En ese contexto, el magistrado vuelve a asumir un rol clave tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

El tribunal confirmó que ambos comparecerán este lunes al mediodía (14.00 horas en Chile) ante Hellerstein, en una audiencia que marcará el inicio formal del proceso penal en su contra en suelo estadounidense.

De acuerdo con el comunicado oficial del tribunal, el caso “Estados Unidos contra Maduro Moros” contempla cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión y conspiración para el uso de ametralladoras o artefactos destructivos, además de delitos tipificados en el Título 21, Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

Trayectoria de un juez clave en Manhattan

Alvin Kenneth Hellerstein nació en 1933 y desarrolló una carrera jurídica de largo aliento antes de llegar a la magistratura federal.

Fue designado juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en 1998, nominación realizada por el entonces presidente Bill Clinton y ratificada por el Senado.

Desde su llegada al tribunal, Hellerstein se especializó en casos civiles y penales de alta complejidad, muchos de ellos con implicancias internacionales. Su estilo es descrito como técnico, directo y poco dado a concesiones retóricas, con un fuerte apego al texto legal y a la jurisprudencia histórica, incluso cuando ello genera controversia pública.

El juez del 11 de Septiembre

Uno de los capítulos más relevantes de su carrera está ligado a los atentados del 11 de Septiembre de 2001.

Hellerstein presidió durante años las demandas civiles de las víctimas y familiares contra aerolíneas, compañías de seguridad y entidades estatales, procesos que buscaban determinar responsabilidades por las fallas que permitieron los ataques.

Sus fallos fueron decisivos para limitar indemnizaciones, definir estándares probatorios y cerrar litigios que se extendieron por más de una década. Estas resoluciones lo convirtieron en una figura central -y a veces criticada- dentro del largo proceso judicial posterior al mayor atentado terrorista en suelo estadounidense.

Acciones judiciales contra la CIA

Hellerstein también ha debido pronunciarse sobre demandas contra la CIA, particularmente aquellas vinculadas a programas de detención secreta, interrogatorios y tortura durante la “guerra contra el terrorismo”.

En varios de estos casos, el magistrado enfrentó el delicado equilibrio entre el derecho de las víctimas a la justicia y los argumentos del gobierno estadounidense sobre seguridad nacional y secreto de Estado.

Si bien en algunas oportunidades permitió el avance parcial de las acciones judiciales, en otras respaldó la posición del Ejecutivo, generando críticas de organizaciones de derechos humanos que lo acusaron de validar la opacidad de los organismos de inteligencia.

Migración y una ley de 1798

Otra de sus decisiones más comentadas fue la suspensión parcial de disposiciones migratorias basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma creada en el siglo XVIII y reactivada en contextos de alta tensión política y migratoria.

El magistrado cuestionó la aplicación automática de esta legislación en el contexto moderno, señalando que su uso debía ajustarse a estándares constitucionales contemporáneos, en particular al debido proceso.

Su fallo fue interpretado como un límite judicial a políticas migratorias de carácter excepcional y provocó reacciones tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.

El “Pollo” Carvajal y el narcotráfico internacional

En el ámbito penal internacional, el juez ha conocido causas emblemáticas como la del exjefe de inteligencia venezolano Hugo “el Pollo” Carvajal, acusado de narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales transnacionales.

Carvajal enfrenta un complejo expediente penal federal en el que se le imputan múltiples cargos graves, incluidos conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer esas armas, todos delitos federales significativos tipificados en el Código Penal estadounidense.

Entre las primeras decisiones de Hellerstein en el caso, el juez estableció el cronograma procesal y el calendario pretrial para un juicio que originalmente fue programado para el 23 de junio de 2025.

Durante la fase probatoria, el juez aceptó la introducción de pruebas clave que vinculan a Carvajal con corrupción y violencia relacionada con narcotráfico, incluidas evidencias de incidentes violentos asociados supuestamente a la operación del Cartel de los Soles.

Más recientemente, a finales de 2025, Hellerstein supervisó las gestiones para aplazar la sentencia final en contra de Carvajal, tras el acuerdo de culpabilidad que éste alcanzó con la fiscalía federal.

El juez aceptó la solicitud conjunta de Fiscalía y defensa para reprogramar la audiencia decisiva de sentencia -incluyendo la realización de una audiencia Fatico, destinada a dilucidar hechos de fondo antes del fallo definitivo- para el 23 de febrero de 2026.

De Shakira a Trump

Uno de los procesos más mediáticos que pasaron por el despacho del juez Alvin K. Hellerstein fue la acusación de plagio contra la cantante colombiana Shakira, un litigio que captó la atención de la industria musical internacional y sentó un precedente relevante en materia de derechos de autor en Estados Unidos.

El caso se originó a partir de la canción “Loca”, lanzada en 2010 y convertida en un éxito global. El compositor dominicano Ramón Arias Vásquez demandó a Shakira, a su productor El Cata (Edward Bello Pou) y a la discográfica Sony Music, alegando que el tema había sido plagiado de su obra “Loca con su tíguere”, registrada supuestamente años antes.

La causa fue radicada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, quedando bajo la jurisdicción de Hellerstein.

Este último dictaminó en 2014 que la canción era un plagio, puesto que el tema era conocido por el artista El Cata, quien colaboró en la versión de la cantante colombiana.

Pese a ello, al año siguiente fue interpuesta una contrademanda, donde el mismo juez indicó que la canción no era plagio, rechazando el caso de infracción de derechos de autor y desestimando que Shakira hubiera incurrido en alguna infracción, aunque se discutió la compensación a la productora Mayimba Music.

En el plano político, Donald Trump ha pasado en más de una ocasión por procesos vinculados directa o indirectamente a tribunales donde Hellerstein ha tenido participación, ya sea resolviendo disputas civiles, cuestiones procesales o causas relacionadas con su entorno empresarial.

En 2020 ordenó la liberación de Michael Cohen, exabogado de Trump, al considerar que el Departamento de Justicia había restringido indebidamente su derecho a expresarse.

En casos de jurisdicción, se opuso a la retirada de causas estatales a tribunales federales en asuntos penales relacionados con Trump, decisiones que sostuvieron la competencia de los tribunales estatales cuando correspondía.

Sus fallos en 2024 y 2025 sobre habeas corpus vinculados a inmigrantes, incluidos venezolanos, limitaron ciertas políticas migratorias federales al enfatizar el respeto al debido proceso.