A 25 años del genocidio, las divisiones étnicas aún siguen vivas en Ruanda

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El conflicto entre las etnias hutu y tutsi en 1994 dejó cerca de 800 mil muertos y dos millones de desplazados. Pese a los esfuerzos del gobierno, el proceso de justicia y reparación a los sobrevivientes aún no se ha terminado.




El episodio que marcó la historia de Ruanda, dejó heridas profundas entre los sobrevivientes, y quedó en los registros como el mayor conflicto étnico en África, hoy vuelve a presentarse frente a los ruandeses como si hubiese sido ayer. Hoy se conmemoran 25 años del genocidio de 1994, la masacre étnica que, en 100 días, dejó un saldo de 800 mil muertos y dos millones de desplazados en un país de siete millones de habitantes.

Ese año, las fuertes divisiones étnicas entre las comunidades hutu y tutsi llegaron a un punto culmine que desató el genocidio del 75% de los miembros de esta última etnia, a mano de los primeros. Entre los asesinados, también figuraron hutus moderados.

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Desde el período colonial de Ruanda, bajo el mando de Bélgica, que las divisiones étnicas comenzaron a acrecentarse. Antes de la independencia, el gobierno belga instauró un régimen racista que obligaba a los ciudadanos a portar tarjetas de identificación según el grupo étnico, y la sociedad se dividió en castas. Luego de la emancipación de Ruanda, la abolición de la monarquía y la constitución de una República, la etnia hutu tomó el poder. Los tutsis, por su parte, se organizaban en el Frente Patriótico Ruandés (FPR) que buscaba derrocar al gobierno hutu.

Y así fue como el 6 de abril de 1994 el avión en el que viajaba el Presidente hutu de esa época, Juvénal Habyarimana, apodado "El Invencible", fue derribado por un misil. Aquel hecho, en el que también murió el mandatario hutu del vecino Burundi, acrecentó las tensiones étnicas en la región, marcando el comienzo del genocidio de los tutsi.

Pese a que el gobierno ruandés puso en marcha un proceso de justicia, las marcas aún permanecen, las divisiones se siguen manifestando, y las reparaciones no se han completado. En 2002, el régimen interino de Paul Kagame creó los tribunales de Gacaca para procesar a los sospechosos de genocidio, y prometió que se establecería un fondo de compensación dirigido por el Estado para ayudar a los sobrevivientes. "Cuando Gacaca terminó en 2012, el gobierno anunció que los perpetradores serían responsables de pagar las reparaciones. Los sobrevivientes supieron de inmediato que la mayoría de los responsables eran demasiado pobres para pagar las reparaciones, por lo que este problema sigue sin resolverse hoy", señala a La Tercera Phil Clark, analista especializado en conflictos africanos de la SOAS University of London. Así, para Clark aún está pendiente un programa sistemático de reparaciones, supervisado por el gobierno.

A pesar de que el proceso de reparación ha permitido que en algunas áreas de Ruanda, las víctimas y los experpetradores vivan juntos, para el investigador del Instituto para la Justicia y la Reconciliación para la Región de los Grandes Lagos de África, Patrick Hajayandi, la división étnica aún es un rasgo de la sociedad ruandanesa. "Está claro que todavía hay mucha sospecha entre los ruandeses debido a un trauma del pasado. Hay sobrevivientes que no están contentos de ver cómo liberan a algunos de los autores después de purgar el castigo o cuando han sido indultados por el gobierno", dice a La Tercera.

En esa línea, Hajayandi sostiene que el principal desafío en Ruanda está relacionado con la dificultad para sacudirse la memoria de la violencia, el trauma psicológico y la ausencia de los seres queridos, sobre todo en una sociedad donde la pertenencia a una familia juega un papel central en términos de identidad y socialización. "En la actual Ruanda, existe una política que impide la referencia a la etnicidad. Sin embargo, la mayoría de los hutu se considera relacionada con los exgenocidas, incluidos los hutu nacidos tras el genocidio", explica.

La Presidencia de Ruanda fue tomada por el FPR tras el genocidio, y el fundador del partido, Paul Kagame, es el jefe de Estado constitucional desde 2003. Con un gobierno cercano a la etnia tutsi, "la mayoría de los hutu realmente no tienen voz en el país", asegura Hajayandi. "Se sienten discriminados en los empleos, en los negocios y en otras oportunidades, y se sienten como ciudadanos de segunda clase, pero al mismo tiempo no pueden protestar. Los crímenes pasados los condenaron a guardar silencio", agrega.

Para los sobrevivientes del genocidio la discriminación también sigue siendo parte de su día a día. Un informe de la asociación de sobrevivientes del genocidio, IBUKA, contabiliza al menos 168 asesinatos de sobrevivientes de la matanza ocurridos entre 2002 y 2014. "Hay pocas personas que aún tienen la ideología del genocidio. Se ven algunos casos al año, pero el gobierno tiene las medidas para sancionar esta ideología y los casos se reducen año tras año", comenta a La Tercera el secretario ejecutivo de IBUKA, Naphtal Ahishakiye, quien es optimista frente a la actual situación en Ruanda. Destaca que el gobierno ha realizado grandes esfuerzos para recuperar la unidad y que hoy los jóvenes se sienten ruandeses, más que hutus, tutsi o twa. Sin embargo, sostiene que aún hay temas pendientes. "Todavía necesitamos justicia frente a los sospechosos perpetradores que se han refugiado en Europa, Asia, América, incluso aquí en África, y aún no han sido castigados"

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