A través de su perfil de TikTok, como suele hacerlo, el vicepresidente boliviano, Edman Lara, reveló que este lunes instruyó a la dirección jurídica iniciar procesos contra exautoridades como el expresidente Luis Arce, el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el exviceministro de Asuntos Internos Jhonny Aguilera, entre otros.

“Quiero anunciar que he instruido al departamento jurídico iniciar procesos penales al expresidente Luis Arce, va a responder por todo el daño que le ha hecho al país. También vamos a promover un juicio de responsabilidades, porque no se va a salvar. Así como no se van a salvar todos los corruptos de este país, que han encarcelado gente inocente, que se han robado la plata y nos han dejado, económicamente, mal”, disparó Lara.

Asimismo, advirtió que “se van a presentar denuncias contra Eduardo del Castillo, Jhonny Aguilera, el general (Augusto) Ruso y todos aquellos corruptos que le han hecho daño a la patria. Se acaba la impunidad”.

La segunda autoridad del país remarcó que “no tiene sed de venganza, sino de justicia”. “Nadie va a quedar impune, se acaba la impunidad porque nosotros tenemos una clara y firme convicción y compromiso con la patria. Todos los corruptos deben responder por sus acciones y rendir cuentas a la justicia. No tengo sed de venganza, tengo sed de justicia, igual que todos ustedes”, enfatizó.

El juicio de responsabilidades es un modelo vigente en Bolivia a raíz de una ley aprobada en 2010 que permite el enjuiciamiento de altos cargos -entre ellos el presidente o el vicepresidente- “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

El video fue publicado cerca de una semana después de que la Presidencia boliviana alimentara la disputa con Lara, criticándole que en las dos semanas que llevaba en el cargo se hubiera pasado la mitad del tiempo viajando, así como que se comunique a través de la red social TikTok. “No es serio”, dijo la portavoz, Carla Faval.

Los reproches se suman a un cúmulo de desacuerdos entre Lara y el presidente Rodrigo Paz, entre ellos el cese de Freddy Vidovic, apuesta de Lara, como ministro de Justicia, tras hacerse pública una condena suspendida a tres años de cárcel en un caso que se remonta a 2015 y relacionado con la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde.

¿Orden contra Morales?

En paralelo, la policía de Bolivia confirmó el lunes que tiene más de 5.000 órdenes de aprehensión pendientes en todo el país, entre ellas la del expresidente socialista Evo Morales, según el comandante general Mirko Sokol, quien afirmó que su institución avanza “de manera paulatina” en la ejecución de estos procedimientos.

En medio de ese enorme retraso, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que la orden de captura contra Morales se cumplirá “cuando lo disponga la justicia”, según consignó el diario boliviano El Deber.

“Tenemos alrededor de unos 5.000 mandamientos que todavía no han sido ejecutados. Lamentablemente, por diferentes factores esto no se ha cumplido, pero se va avanzando día a día conforme la estrategia investigativa que cada investigador establece”, señaló Sokol.

Sobre priorizar la aprehensión de Morales, Sokol aclaró que la Policía no presiona a sus unidades para ejecutar algunas órdenes de captura, porque “todos los casos son iguales para nosotros; la ley es la misma para todos”.

El comandante explicó que muchos prófugos evaden la justicia, se esconden o abandonan sus regiones. Por ello, cada dirección investigativa aplica su propio plan operativo, lo que hace que los mandamientos tarden en cumplirse.

Por su parte, el ministro de Gobierno dijo que la investigación contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), por su presunta relación con una adolescente en 2015, no debe politizarse y que su aprehensión se ejecutará para “hacer cumplir la ley”. “La Policía ejecutará la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales cuando lo disponga la justicia”, afirmó Oviedo.

Recordó que el proceso responde a una denuncia por trata de personas con agravante, basada en indicios presentados por la Fiscalía. Morales actualmente permanece en el Trópico de Cochabamba protegido por sus bases políticas.

Oviedo insistió en que el gobierno no intervendrá políticamente en el caso. “No haremos de esto una venganza ni un chisme. Haremos que se cumpla con la ley”, remarcó.

Durante todo este tiempo la administración de Arce atribuyó el retraso en la aplicación de la orden de captura de Morales a evitar conflictos con su guardia sindical y poner en riesgo la vida de civiles.

Justicia indígena

La defensa de Morales presentó un recurso para que el exmandatario sea procesado mediante la justicia indígena, dentro del caso que lo investiga por trata de personas con agravante en el que se encuentra formalmente acusado.

“Tengo el informe de la comisión de fiscales de que el señor Morales, a través de su defensa, hubiese presentado un incidente de nulidad de notificación, como también solicitó ser juzgado por la jurisdicción originaria campesina”, confirmó el fiscal departamental de Tarija (sur), Ernesto Mogro, a los medios locales.

La justicia indígena en Bolivia es un sistema jurídico reconocido por la Constitución, aprobada bajo el mandato de Morales en 2009, que permite a los pueblos originarios administrar justicia según sus propias normas, costumbres y procedimientos.

Este sistema funciona dentro de territorios específicos y busca resolver conflictos comunitarios de manera rápida y conciliadora, priorizando la reparación y evitando el conflicto social. Este sistema coexiste con la justicia ordinaria, aunque su relación ha generado debates sobre límites de competencia y respeto a los derechos humanos.

Según las leyes bolivianas, Morales no puede ser procesado mediante este sistema judicial debido a que solo aplica cuando el delito se comete en una comunidad indígena y su ámbito no incluye el delito de trata y tráfico de personas.

“No es que uno elige con qué justicia ser juzgado”, explicó al portal Infobae la abogada constitucionalista María René Soruco, y afirmó que Morales no podría someterse a otra justicia que no sea la ordinaria por el tipo de delito del que lo acusan.

Según la investigación, Morales habría tenido una hija con una adolescente en el año 2016, a la que registraron dos años más tarde y cuya partida de nacimiento constituiría la prueba del delito. La víctima tenía 15 años y él, 57, cuando se registró el presunto embarazo.

Aunque Morales no ha negado la relación con la menor ni la supuesta existencia de una hija, denunció motivaciones políticas de parte del gobierno de Luis Arce (2020-2025) y en su defensa dijo que “si no hay víctima, no hay delito”.

Por este caso enfrenta una orden de captura vigente desde enero y una imputación por los delitos de trata de personas con agravante, que lo han obligado a recluirse desde septiembre del año pasado en su bastión político y sindical en el centro del país, donde cientos de cocaleros lo custodian día y noche para evitar su captura.

La situación jurídica de Morales fue uno de los puntos de debate durante la campaña electoral. Rodrigo Paz, durante su candidatura, manifestó que se cumpliría la orden de aprehensión y afirmó que “Evo tiene que pasar a ser un ciudadano normal y corriente, como cualquier otro, que le aplican la norma y hoy día está ante la justicia. Es el principio de equidad, de igualdad ante la Constitución y la ley”, señaló en una entrevista en el periódico El Deber.

Reunión con Rodrigo Paz

En ese contexto, el expresidente Morales, junto a dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, presentó una solicitud formal al presidente Paz mediante la cual solicita una “reunión de coordinación y trabajo”. El documento fue entregado este martes en la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo, según constató el portal Infobae.

Si bien la carta está firmada por Morales, la gestión fue realizada por una delegación de dirigentes cocaleros que viajó hasta La Paz, debido a que el exmandatario permanece atrincherado en su bastión.

La solicitud para reunirse con el mandatario fue acompañada por un pliego con varias demandas sindicales. Entre los puntos reclamados figuran mejoras en producción, salud, educación, infraestructura vial y seguridad ciudadana, entre otros, según explicó el dirigente de la mancomunidad del Trópico, Limbert Cossío, a la prensa local.

Por su parte, la dirigente Vilma Colque añadió que van a abordar el tema de los cultivos de hoja de coca e indicó que esperan una respuesta de Paz dentro de las próximas dos semanas. De no obtenerse una convocatoria, adelantó que dirigirán su petición al vicepresidente, Edman Lara.