El sistema judicial de Perú en la mira de partidos y ciudadanos

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Carteles del fallecido expresidente Alan García son sacados en Lima, en 2006.

La lucha contra la corrupción, que tiene investigados a varios expresidentes del país, ha cosechado elogios, pero también críticas. Los dardos apuntan al abuso de la prisión preventiva.




La lucha contra la corrupción que ha llevado adelante el sistema judicial peruano le ha valido los elogios no solo de la ciudadanía, sino que también de la comunidad internacional.

Aunque no todo es alabanza. A casi una semana del suicidio del expresidente Alan García ante una orden de prisión preliminar y el dictamen de tres años de prisión preventiva para el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, han surgido cuestionamientos sobre esta medida cautelar en el país. Es que PPK es el tercer Presidente que enfrenta una medida judicial de esa envergadura por una investigación de presunto lavado de activos, vinculado al caso Odebrecht. Antes ya se le había aplicado a Ollanta Humala y a Alejandro Toledo.

Uno de los cuestionamientos vino del mismo Presidente, Martín Vizcarra, que si bien dijo que hablaba como un ciudadano, llamó al ministerio Público y al Poder Judicial a que reflexionen, de manera autónoma, sobre la prisión preventiva. "Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos", dijo Vizcarra.

El analista peruano y académico de la U. Diego Portales, Carlos Meléndez, explicó a La Tercera que "por un lado, la única forma que se ha encontrado de fortalecer el sistema anticorrupción ha sido endureciendo las medidas de prisión preventiva". "Lo único que hacen es adelantar una sentencia, porque no están buscando sentenciar sino en realidad detener a las personas y generar una sensación en la opinión pública de que la justicia está funcionando", añadió.

Las críticas también han venido de partidos como Fuerza Popular, colectividad que lideró la moción de vacancia contra PPK el año pasado en el Congreso y que derivó en su destitución. Luego de la medida contra Kuczynski, el portavoz del partido de Keiko Fujimori, Carlos Tubino, se mostró "sorprendido e indignado".

Para Meléndez, "los operadores de justicia han visto esto (las críticas) como una amenaza y están endureciendo aún más sus posiciones. Aun cuando hay medidas intermedias que se podrían aplicar, como el arresto domiciliario".

La controversia se genera en una semana clave del caso Odebrecht, porque el exdirector ejecutivo en Perú de la empresa brasileña, Jorge Barata, fue interrogado en Curitiba, donde confirmó los aportes a las campaña del Partido Aprista en 2006.

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