Mientras el Congreso debate un proyecto de ley que busca fortalecer el rol de las municipalidades en seguridad, un nuevo informe revela en detalle qué están haciendo los municipios chilenos para enfrentar uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía: la delincuencia.

El estudio, elaborado por los académicos Claudio Fuentes y Pedro Valenzuela y publicado por la Fundación Friedrich Ebert y el Instituto de investigación de Ciencias Sociales UDP, sistematiza por segundo año consecutivo las medidas implementadas por las municipalidades en esta materia. En su edición 2025, el documento logró una cobertura aún mayor al obtener respuestas de 314 comunas, lo que equivale al 91% del total del país.

A diferencia de la administración central que actúa a través del Ministerio del Interior y las policías, los municipios no tienen atribuciones exclusivas en seguridad. Sin embargo, tanto la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades como la reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública han abierto nuevas facultades y espacios de colaboración.

La ley permite a los gobiernos locales adoptar medidas de prevención social y situacional, celebrar convenios de asistencia a víctimas, ejecutar programas de reinserción y, sobre todo, coordinarse con otros órganos públicos. Y eso es lo que buscó pesquisar el estudio.

El informe recoge información sobre 30 medidas distintas que van desde la contratación de patrulleros e instalación de cámaras hasta la implementación de programas sociales como Senda Previene y Lazos. En promedio, los municipios han adoptado 14 de estas 30 iniciativas, pero las diferencias son significativas.

A pesar del aumento sostenido en iniciativas contra la delincuencia, muchas comunas aún carecen de una estructura básica para coordinarlas.

Según el informe, el 69% de los municipios ha creado una Dirección de Seguridad Pública, lo que implica que casi un tercio del país –un 31%– sigue operando sin una institucionalidad formal en la materia.

“La seguridad municipal se ha convertido en un tema muy demandado por la ciudadanía, que percibe que los municipios tienen un rol importante en la seguridad”, plantea Fuentes. A ello se suma que desde hace unos tres años “se estableció la función de los municipios sobre seguridad municipal, y eso ha generado demandas de los propios municipios para generar iniciativas específicas en ese plano”.

Mientras comunas como La Serena y Las Condes reportan 26 acciones, otras apenas superan la decena. Lo Barnechea, Padre Hurtado, Providencia, Colina y La Pintana también se ubican en los primeros lugares. Del total de 46 comunas que declararon implementar 20 o más medidas, más de la mitad pertenece a la Región Metropolitana, lo que confirma una alta concentración de recursos e iniciativas en la zona central.

“Aunque los recursos son relevantes, también depende de la iniciativa del alcalde de turno. Hay algunas iniciativas que son bastante sencillas de desarrollar, y por lo tanto, mucho depende de la voluntad del alcalde y del consejo”, explica su autor.

Centrales y vehículos

El informe revela también qué tipo de acciones son las más frecuentes. Casi el 96% de las comunas asegura contar con vehículos de seguridad, y un 91% dispone de inspectores, guardias o patrulleros. Le siguen la recuperación de espacios públicos (86%) y el uso de cámaras de televigilancia (83%).

Este avance tecnológico ha sido una de las tendencias más notorias. “Se advierte ostensiblemente un aumento de este tipo de tecnologías para la seguridad. Pero ahí hay desafíos concretos. Por ejemplo, muchas cámaras compradas por las municipalidades no están interconectadas entre sí ni con sistemas regionales o policiales, lo que debilita su efectividad”, explica Fuentes.

“Además, hay una brecha muy significativa entre municipios que tienen recursos para hacerlo y otros que no, porque el costo de este tipo de esfuerzos es muy alto”, añade. Pero lo más relevante, dice, es que no existe aún una evaluación de su real impacto: “Los municipios compran cámaras, las instalan, pero la pregunta es: ¿son eficientes para el combate del delito?“.

También es alto el porcentaje de comunas que dicen operar centrales de monitoreo –aunque no todas lo hacen durante las 24 horas–, además de reportar reuniones vecinales, la existencia de teléfonos de emergencia y la participación en programas como Senda Previene.

En contraste, otras medidas más sofisticadas, como el uso de inteligencia artificial para el análisis de imágenes, la instalación de pórticos lectores de patentes o las pulseras de alerta para mujeres, presentan aún una baja presencia, en algunos casos por debajo del 10%.

Uno de los aspectos más relevantes que aborda el informe es la relación entre el número de iniciativas implementadas y el presupuesto destinado a seguridad.

En general, las comunas que más gastan también tienden a ejecutar más acciones, aunque no siempre es así. Maipú, por ejemplo, es la comuna con el mayor gasto en seguridad para 2024 –más de 96 mil millones de pesos–, pero no encabeza el ranking de medidas implementadas. Por el contrario, Padre Hurtado, con un gasto bastante inferior, logra posicionarse entre las comunas más activas en seguridad.

“Claramente, hay una relación bastante fuerte entre la cantidad de iniciativas que desarrolla una comuna y su nivel de gasto. Mientras más recursos, más posibilidades tienes de desarrollar iniciativas”, explica Fuentes. Y esto, advierte, lleva inevitablemente al debate sobre el financiamiento local: “Si desfinancias a un municipio a través del Fondo Común Municipal, obviamente va a verse afectada la posibilidad que tú tienes de desarrollar un número de medidas”.

Algo similar ocurre cuando se analiza la relación entre cantidad de delitos y cantidad de medidas. El informe compara el número de iniciativas con la tasa de delitos violentos por cada 100.000 habitantes.

Aunque podría esperarse que las comunas más afectadas por la delincuencia desarrollaran más acciones, los datos no confirman esta hipótesis. De hecho, comunas como Las Condes o Lo Barnechea, que reportan tasas de delitos relativamente bajas, están entre las que más invierten en seguridad. En cambio, otras con índices delictuales más altos no muestran el mismo despliegue.

“No se advierte una relación directa entre la cantidad de iniciativas y la cantidad de delitos violentos”, precisa Fuentes. Esto, explica, se debe a que los delitos –especialmente los homicidios o el tráfico de drogas– tienden a desplazarse geográficamente: “Si tú le pones más recursos o policías a un sector, el delito se va a mover. Por eso, no necesariamente tener muchas medidas garantiza menos ocurrencia de delitos”.

En cuanto al capital humano, Santiago lidera con 300 funcionarios municipales dedicados a tareas de seguridad, seguida por Providencia (240), Arica (149), Lo Barnechea (145) y Las Condes (124).

No obstante, cuando se mide la cantidad de funcionarios por habitante, el panorama cambia radicalmente. En este índice, Isla de Pascua encabeza con un guardia por cada 120 personas, seguida de comunas pequeñas como El Tabo, Zapallar y Tierra Amarilla.

Esta misma dualidad se observa en otros recursos. Las Condes lidera ampliamente en número de cámaras con 3.928 dispositivos, mientras que Vitacura y Lo Barnechea superan las mil unidades. En vehículos de seguridad, Providencia encabeza con 95, seguida de Las Condes (92) y Vitacura (70).

En el capítulo tecnológico, una de las herramientas más recientes son los pórticos lectores de patentes. Las Condes nuevamente lidera con 54 dispositivos, seguida de San Joaquín (37) e Iquique (36). Aunque su implementación aún no es masiva, el informe advierte que esta y otras tecnologías, como los drones o la inteligencia artificial, serán claves para enfrentar una delincuencia cada vez más móvil y sofisticada. No obstante, su alto costo plantea desafíos importantes para las comunas más pequeñas o con menores ingresos.

Iniciativas sociales

El informe también explora las iniciativas sociales que se ejecutan en coordinación con el Estado. El programa Lazos (prevención temprana de conductas de riesgo en menores de edad), por ejemplo, está presente en 73 comunas, lo que representa el 27% de los municipios, mientras que Senda Previene tiene una cobertura mucho más alta: funciona en el 72% del país. Estos programas apuntan a intervenir en factores de riesgo y fortalecer la prevención desde la infancia, el ámbito escolar y los espacios comunitarios.

Junto a ellos, los comités de seguridad vecinal se han convertido en un instrumento clave para canalizar la participación ciudadana. La Reina, Cerro Navia y Renca lideran en número total de comités, aunque es Hualañé la que, proporcionalmente, encabeza el listado con un comité por cada 53 habitantes.

En sus conclusiones, el informe deja en evidencia la profunda desigualdad que existe entre los municipios en materia de seguridad.

Algunas comunas cuentan con decenas de medidas y equipamiento de última generación, mientras otras apenas logran cubrir acciones básicas. Esta brecha está fuertemente determinada por las diferencias presupuestarias, pero también por las capacidades administrativas y técnicas instaladas en los territorios.

Por ello, sus autores proponen que cualquier política nacional sobre seguridad municipal –incluyendo la ley actualmente en discusión– debe considerar estas asimetrías, para evitar que las nuevas exigencias terminen ahondando aún más las desigualdades entre comunas ricas y pobres.

Así lo advierte también el contexto político. “En el escenario electoral que estamos viviendo, un tema central para las próximas elecciones presidenciales va a ser cómo logras articular la gestión del gobierno central con los gobiernos locales”, señala Fuentes. “La presión está puesta en cómo se gestiona la seguridad desde lo local. Y este reporte demuestra que los municipios sí están haciendo cosas. La pregunta es si están articulados entre ellos, si dialogan, si se coordinan”.